2011: un año decisivo para el combate por los derechos sociales en el Peru
Casi veinte años han pasado en el Perú desde que se reestructuro la economía para insertarnos dentro de la sociedad internacional neoliberal. Veinte años mas tarde y después del fujishock, del desmantelamiento del sistema de seguridad social, de despidos masivos e indiscriminados de funcionarios públicos (que más tarde agrandarían la masa de población considerada como « pobre »), la promesa del dorado económico solo es visible desde la macroeconomía y desde las clases socioeconómicas altas y medio altas que se concentran básicamente en las zonas urbanas de la costa. En ese sentido no es de extrañarnos que en las últimas elecciones presidenciales los votos dirigidos hacia los candidatos que pronaban el modelo más conservador provengan de ese polo social. Está muy claro que el deseo de los conservadores es justamente que nada cambie para continuar explotando los recursos del Perú sin ser molestados por un marco jurídico que los obligue a redistribuir una parte de las ganancias a través de un salario más elevado o de una contribución social más alta que permita al Estado de crear o mejorar sus sistema social.
Su único interés está basado en realizar ganancias a través de una economía de laissez faire que les deje libertades casi extremas para incrementar la rentabilidad de sus inversiones. El Perú en ese sentido es un paraíso: con uno de los salarios más bajos de Latinoamérica, un derecho laboral muy pobre, una administración permisiva frente a la inversión y derechos sociales casi inexistentes. Hay que afirmarlo, nuestro sistema es muy seductor para atraer capitales. No obstante lo anterior, el ser atractivo conlleva a que los trabajadores se beneficien con una parte muy ínfima con respecto a las grandes ganancias de los inversionistas. Aquí tenemos la receta de cómo se crea y se perpetúan las desigualdades en nuestro país, o dicho en otros términos y retomando las disertaciones hechas por los fundadores de la revolución francesa, el sistema de propiedad es el responsable de la miseria.
Para resolver este problema sin renunciar al modelo actual de propiedad individual, existe solo un remedio muy lógico elemental: la redistribución de de la riqueza. Sin embargo, existen diferentes medios para llevar a cabo dicha redistribución y diferentes preguntas a resolver: Optar por la caridad, o más bien por la solidaridad? Qué derechos sociales impulsar primero (la salud, la educación, la vivienda o la alimentación)? Qué mecanismos poner en marcha para obtener los recursos que se redistribuirán (creación de un impuesto a la riqueza, aumento IGV, elevación de los cánones, multiplicación de los gravámenes, elevación de las cotizaciones sociales)?
Muchas preguntas que demuestran que nuestro Estado todavía esta en un proceso de construcción. Así, luego de consolidar nuestra democracia y nuestros derechos civiles y políticos después del crepúsculo del gobierno dictatorial de los Fujimori, el turno estaba dado para el desarrollo de nuestros derechos sociales. Sin embargo, por las razones e impedimentos que hemos explicado anteriormente, esto no se ha realizado a tiempo y hoy en las urnas los habitantes más pobres del Perú claman que se implementen mecanismos de retribución para compensarlos por su participación en el avance del Perú.
En ese sentido, no solo el ex-estudiante universitario hoy convertido en prospero hombre de negocios lucho arduamente y se sacrificó económicamente para lograrse materialmente como profesional, también se sacrificaron generaciones de agricultores o ganaderos andinos afrontando las heladas que en una noche podían arrasar con el trabajo de un año y quienes levantándose antes de la aurora llevaron a nuestros mercados la carne y las verduras a precios accesibles. Allí, la única disimilitud es que hoy el agricultor, a diferencia del ex-estudiante, aun no ha tenido la oportunidad de autorealizarse materialmente. Por ello se dice que hay un desequilibrio entre los ciudadanos y por ello se concluye que no hay uno sino más bien dos Perú.
Esa diversidad social que en ciertos países es sinónimo de riqueza cultural, para el Perú es sinónimo de conflicto. Y esto se debe a que en la capital hacemos oídos sordos al esfuerzo y a las necesidades de las provincias de nuestro país (la observación del mapa electoral nos lo demuestran: allí donde ha ganado Ollanta Humala es, casi sistemáticamente, donde viven los peruanos menos favorecidos).
Por esta razón, la construcción del Estado moderno no debe solo ser democrática (con una serie de derechos civiles y políticos) sino que además se debe de apelar al espíritu de fraternidad nacional. Ello implica un estatus de igualdad entre todos los que formamos la nación, porque, como sostiene Lucien Sfez en su obra El infierno y el Paraíso, por un lado somos padres del Estado (porque lo construimos constantemente con nuestro trabajo) y por otro lado, somos todos hijos de éste, porque nos brinda paz, seguridad, bienestar y unidad. Pero la fraternidad no es solamente la igualdad de todos frente a la norma y frente al Estado, sino también la igualdad de todos frente a la necesidad. Esto conlleva al establecimiento de una política de solidaridad social consolidada a través de su inscripción en la constitución política, puesta en marcha por la vía legal y exigible a través de mecanismos jurídicos coercitivos.
Aunque no se le denomine fraternidad, Ollanta Humala propone, claramente y desde el inicio de su carrera política, la activación de mecanismos de solidaridad en el Perú. Mas allá de la caridad, que, a pesar de las buenas intenciones, solo es un paliativo temporal a los problemas sociales, lo que la solidaridad busca es organizar el pago de la deuda que los más afortunados tienen para con los más pobres. Es decir que los pobres son los acreedores de un derecho real al socorro y a la asistencia.
La razón de esta deuda está fundada en el hecho de que todos contribuimos con nuestro trabajo a la construcción y a la consolidación del Estado y contribuimos por nuestros aportes a que la caja fiscal sea más grande o gracias a la informalidad contribuimos a que los precios se mantengan bajos. Sin embargo, al fin y al cabo, los agricultores, los vendedores de caramelos, los empleados inscritos en planilla o los ejecutivos trabajan todos durante el periodo activo de sus vidas y tienen todos una deuda social con respecto a los que ya dieron de su trabajo y de su tiempo pero en algún momento necesitan de nuestra contribución, ya sea por enfermedad, accidente o vejez. Es decir que a nadie se le roba nada, sino que el pacto social hace que la contribución que una persona da hoy pueda ser recobrada mas tarde. Ahora bien, es posible que yo durante mi vida dé mucho con respecto a otro ciudadano, pero quien me asegura a mí que no lo perderé todo durante mi vida y que contra toda probabilidad termine necesitando al sistema social? En todos los casos, como observa el doctor Michel Borgetto de la Universidad de Paris II, el pacto social propuesto hace decenios en Europa consiste en asegurar a los propietarios la seguridad del sistema de propiedad individual pero en contraparte estos deben de contribuir para compensar al máximo las desigualdades dentro de la sociedad.
Así vemos que en Europa occidental, las clases medias son muy grandes y las clases socioeconómicas de altos y de bajos recursos son muy reducidas (ello dicho sea de paso, sin romper con los principios democráticos). Todo lo contrario sucede en el Perú, donde las clases altas y media son muy reducidas y las clases socioeconómicas que disponen de menos recursos materiales son gigantescas (a tal punto que se tiene que crear una clase D y E ausentes en Europa). En este punto Ollanta Humala se diferencia de su contrincante, ya que el líder el Partido Gana Perú propone no solo la reactivación de un sistema que otorgue seguridad a nivel de salud o educación a todos los peruanos sino que el desarrollo de este vasto programa presume el desarrollo humano de nuestro país, eliminando al máximo una serie de desigualdades que hoy son el fruto de conflictos.
No olvidemos que los derechos humanos están compuestos de dos elementos básicos: las libertades públicas y los derechos sociales. La lucha por obtener efectivamente nuestras libertades la ganamos en el 2001 con la salida del dictador Alberto Fujimori. Diez años más tarde tenemos que elegir el regreso al pasado antidemocrático u obtener el segundo y último pilar de los derechos humanos, ganando nuestros derechos sociales junto con Ollanta Humala.