Se muestran los artículos pertenecientes al tema Pena de muerte.

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Preambulo
En el Perú no existe la pena de muerte para los delitos comunes desde 1979, sin embargo hace algunos meses, algunos candidatos a la campaña presidencial del 2006 se mostraron a favor de esta medida. Luego de la elección de los nuevos legisladores, un grupo de estos propuso un proyecto de ley para reimplantar la pena capital. Por su parte, el poder ejecutivo encabezado por el flamante Presidente de la República presentó su propia propuesta en vista de una futura aplicación de dicha pena, pero, estos dos proyectos terminaron siendo archivados por el Poder Legislativo. No obstante, para algunas venas políticas muy influyentes, respaldadas por más de dos tercios de la población, es necesario insistir en la eficasia de la pena. Tanto es así, que en algún momento del debate se habló de proponer la norma a un referéndum.

Desde las primeras declaraciones hechas, hasta las medidas institucionales tomadas en vista de su restablecimiento, y pasando por los nuevos desarrollos político-filosóficos sobre como la pena capital va a mejorar la situación del Perú, ha corrido aun poca tinta entre los autores peruanos, pero el debate en el país ha sido intenso.

Es por esta razón, que resulta indispensable analizar, dentro del contexto actual, las implicaciones socio-políticas, jurídicas, y éticas que este tema trae consigo.

A) El historial de una promesa “innovadora”

1) El contexto electoral de la campaña presidencial del 2006

Durante la campaña electoral hacia el sillón presidencial de 2006, muchos argumentos fueron buenos para exacerbar los sentimientos básicos entre los votantes. Se podría decir que la meta justificaba los medios empleados.
De esta manera, se pudieron ver desarrolladas tesis nacionalistas que optaban por el encierro del Perú en posiciones éticas y políticas anticuadas, frente a una mundialización que busca más bien la apertura cultural de los países. En este mismo momento, diversas declaraciones de algunos candidatos buscaban la división entre las diversas etnias y clases socio-económicas del país. Respetando al pie de la letra la consigna “divide y vencerás” que emplearon los antiguos soberanos medievales para controlar mejor a los señoríos. Es cierto que ya para esta época el Perú estaba bien dividido no sólo por la coyuntura política de las elecciones, pero sobretodo por un pasado histórico, herencia vergonzosa del Virreinato. En este sentido, el candidato Alan García declaró, por ejemplo, antes de los resultados de la primera vuelta electoral, que el colegio de electores de los peruanos en el extranjero tenía menos peso que un porcentaje similar de votos que faltaban escrutar y que provenían del interior del país . Asimismo, su contrincante electoral, Ollanta Humala y sus allegados de campaña se refirieron en numerosas ocasiones en contra de la comunidad homosexual, aparentemente en beneficio de un discurso que congraciara a puritanos y a machistas cavernarios. Durante su candidatura también se tildó a los capitalinos de detener el progreso del resto del país. Complaciendo de esta manera, a los votantes de las zonas urbanas y rurales alejadas de Lima, y esto con la ventaja de la demagogia y sin necesidad de proponer mucho al votante.
Ahora bien, estas citas solo situan el contexto de lo que significa el nacimiento del debate sobre la reimplantación de la pena de muerte en el Perú, ya que no podemos debatir aquí si nos alejamos de la coyuntura populista que se vive en el país.
En este sentido el populismo tiene una especial vigencia en el Perú no sólo a partir la campaña electoral del 2006, pero desde mucho antes… Así, no olvidemos que desde el punto de vista de las ciencias políticas, el populismo está impregnado de antiimperialismo (que fue aplicado por García en su mandato presidencial 1985-1990 anti-deuda externa). Está empapado también de indigenismo (expuesto por el General Velazco Alvarado en los años setenta ), pero además, el populismo está basado en una suerte de nacionalismo (como el que defendió Ollanta Humala a expensas del anti-chilenismo).
Es por este encuentro entre dos populistas (uno mas que el otro) que el electorado a disputarse, fue difícil de convencer ya que los dos candidatos se mostraban “del lado” del pueblo y se decían encarnar el cambio progresista que faltaba al Perú. Aquí, este punto sobre el progresismo es importante, ya que es prevaliéndose de él que nacen propuestas diversas e innovadoras de parte de estos dos candidatos, independientemente de la calificación ética que podamos dar a las propuestas.

Como se sabe, el progresismo es partidario de la innovación y del progreso en el orden de vida social y político, pronando el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es por esta razón que esta teoría propone cambios en las políticas del Estado para hacer más social. Así, por ejemplo, en el plan de gobierno del Partido Aprista Peruano (PAP) de García, se proponía incrementar el PBI consagrado a la educación hasta en un 6%. Cosa que no planteó Humala, pero quien si fue original en sugerir que los funcionarios públicos hablaran lenguas autóctonas para atender a los indígenas en sus idiomas .
Es entonces en est

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Más de tres cuartas partes de los peruanos creen que la aplicación de pena capital es necesaria en el país. Vayamos entonces a analizar los argumentos siguientes, que son los que mas se explotan, en favor de la pena. Deciendo esto, no solamente basándonos en los diversos artículos que se han visto aparecer, ni en las declaraciones políticas escuchadas, sino también en los argumentos traídos por abogados, universitarios, agricultores, comerciantes, chóferes, obreros… y esto en lugares distintos como Lima, Arequipa, Puno, Cuzco y en zonas rurales.

A) La reimplantación de la pena capital obedece a una necesidad de reforma institucional

Leamos el argumento del segmento del Poder Legislativo que piensa que se debe de tomar la decisión de aplicar la pena, con esto veremos que lo que se busca en el fondo es una reforma institucional más que matar por doquier. No obstante, observaremos que existen pretensiones anticonstitucionales de estos legisladores y también, que la reforma institucional puede pasar por otros caminos que busquen el cambio estructural viendo el problema en su globalidad y no solo en aplicación de la pena.

En este sentido, la congresista peruana de Unidad Nacional , Lourdes Alcorta, defensora y creadora del proyecto de ley que busca la reintroducción de la pena de muerte para los violadores sexuales sostiene que frente al flagelo fatal que viene sufriendo el país, “hay que tomar alternativas ante este problema”. Según su argumento, esta alternativa es la reimplantación de la pena capital para los violadores. Además, pretende que este proyecto no sería tan simplista, ya que iría acompañado de una serie de medidas como la creación de una sala Ad’Hoc para casos de violación, etc. La Señora Congresista sostiene que para llevar a cabo el procedimiento judicial, primero el presunto autor tiene que confesar, luego, se le tienen que aplicar una serie de tests para saber si es o no el violador, haciendo confianza sobretodo al ADN, sólo luego de tener la seguridad de que es el culpable se le puede condenar. Y para tener mayor certeza del fallo del juez, “estamos hablando de jueces que si no sancionan se les suspende” (BBC Mundo, 10/10/06).
La Congresista cree entonces que esta medida sería importante porque sería un motor de disuasión: “en lo personal si creo que es preventiva y disuasiva, como todo en la vida es disuasivo” (BBC Mundo, 2006). Añade por último, que esta es una pena que se debe de reimplantar ya que las sanciones no se aplican, en el Perú.

Sin embargo, en su discurso pro-pena de muerte, Alcorta critica a los jueces por sus fallos que tilda de complacientes, y dice que “no tienen la actitud de enfrentar el tema” porque la situación se ha banalizado demasiado. Lo propio ha hecho en su ocasión el Congresista del APRA Aurelio Pastor , quien se ha mostrado a favor de una lista en la cual se publiquen los nombres de los jueces que no han sentenciado a presuntos violadores sexuales de menores.
Es en este punto en el cual “los padres de la patria” no han demostrado mucha cautela con lo que dicen, ya que no han respetado ni la separación de Poderes que caracteriza a una República y que garantiza el Estado de Derecho, ni la Constitución Política del Perú, en su Capitulo VII sobre el Poder Judicial donde expresa “ninguna autoridad… puede interferir en el ejercicio de sus funciones” (articulo 139°-2). Se puede interpretar incluso, que este tipo de intervenciones sin fundamento son contrarias al ejercicio del derecho de opinión, porque abusan de este. Es pues muy delicado defender un tipo de lista opresora y acusadora hacia los jueces, sobretodo si se es legislador, ya que sus altas funciones de Estado son incompatibles con todo tipo de intervencionismo (directa o indirecta como es el caso) hacia otros poderes Estatales. Creemos, en este sentido, que sí hay reformas institucionales que se deben de hacer (como explicaremos más adelante), pero que éstas no pasan por un aumento de la presión hacia los jueces.
Es así, como prolongando este argumento, podemos determinar que la primera reforma que se debe de ejecutar, en este sentido, es el respeto estricto de la Constitución. Esto implica, por un lado, que los legisladores no intervengan, ni presionen al cuerpo judicial. E implica, por otro lado, que se respeten los textos constitucionales que darían mas “fuerza de ataque” al Poder Judicial. Nos referimos aquí a “la obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos sea requerida” (Constitución peruana, art.139°-18). Esta colaboración, se entiende para muchos como excepcional, pero en este caso tan grave y de “tal flagelo” como lo enuncia la Congresista Alcorta, una interpretación diferente se debe de exigir para con este artículo.
Ahora bien, imaginemos que esta reforma tuviera el visto bueno ¿esto qué implica? Implica en primer lugar, que el Gobierno central ya no tendría sólo el deber, sino que tendría la obligación de acordar fondos consecuentes al Poder Judicial (PJ). Además de eventuales fondos excepcionales, si se requiere, debido a la situación extraordinaria que se atraviesa. En cuanto a los presupuestos acordados al PJ, nos damos cuenta que el déficit es alarmante. En este sentido el ex presidente del Poder Judicial, Dr. Hugo Sivina Hurtado, clamó, en diversas ocasiones y discursos el desahucio econ&oa

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A) La creación de un Estado “retribucionista”: ¿Un olvido del Estado de derecho?

1) El limite invisible entre la pena independientemente fallada y la venganza

En líneas generales, a todos los Estados que aplican la pena de muerte desde sus propias legislaciones se les puede calificar de “retribucionista”. Esta concepción defiende la retribución de un daño por otro daño equivalente (véase el artículo siguiente ).
En este sentido, según la concepción del Estado, la pena de muerte se aplicaría de manera justa para defender los intereses de los más débiles. Así es como se entiende también a Alan García, quien afirmó en una conferencia de prensa que defiende la vida de los menores de edad cumpliendo con su promesa de reinstalar la pena de muerte (El Comercio, 11/08/06).
El problema aquí radica en el límite muy estrecho que existe entre la pena retributiva y la simple venganza. Por supuesto que esto no quiere decir que el Estado se vaya a vengar de todos los delincuentes, sino más bien que hay un riesgo de que esto ocurra. Peor aun, es un riesgo que quizás nadie podrá observar. De hecho, como lo hemos visto, el sistema judicial peruano no está funcionando en buenas condiciones, a esto se añaden las presiones de otros Poderes del Estado que debilitan aun más el sistema judicial. El conjunto de estos elementos daría como resultado un Poder Judicial organizado según las condiciones y presiones externas. Diríamos entonces sin exagerar:
Que como la Congresista Alcorta quiere que se suspendan a los jueces que no sancionen como ella desea; Como el Congresista Pastor quiere que se haga una lista de los jueces que no fallan como a él le parece, y además como la mayoría de los ciudadanos quieren que se maten a todos los violadores sexuales y terroristas, entonces el Poder Judicial tendría que someterse al grito de Vox populi, vox Dei, pero también al grito Vox Alcorta vox Dei, y así sucesivamente con todos aquellos que no estén de acuerdo con los fallos del PJ.

Por ende, si los jueces, desde ahora, parecen tener un mandato frágil ¿Cómo se puede garantizar que no vayamos hacia un sistema de venganza organizada? ¿Quién sería el garante? Estamos seguros, que como respuesta se nos diría: la Constitución será garante, o el código de procedimientos penales será garante… Pero si el sistema no funciona hoy, ¿cómo va a funcionar mañana con una nueva responsabilidad?

2) Repercusiones de la pena capital bajo un régimen autoritario

Nunca hay que olvidar que al igual que otros países en Latinoamérica nuestras democracias continúan siendo frágiles . Es por ello que hoy la comunidad internacional vuelca sus ojos en Paraguay o Venezuela para verificar si existen o no derivas dictatoriales en el actual gobierno. En el caso peruano, se ha atravesado una dictadura que sólo ha terminado en el año 2000. Y no sería imaginario pensar en el regreso de una nueva, o en la transformación de un régimen democrático en dictadura (como fue el caso de Fujimori). Por esta razón, resulta indispensable preparar siempre el país hacia la democracia y no dejar ningún instrumento del cual se puedan servir los dictadores . Nos referimos sobretodo “al Derecho”, que durante los regimenes autoritarios se convierte en el instrumento para mantener el poder. De esta manera es delicado reestablecer la pena de muerte en un país tan expuesto a la dictadura como lo es el Perú . Porque dicha pena podría alargarse hacia otros delitos según la interpretación política e ideológica del dictador. E incluso, en el peor de los casos, la pena capital podría acelerar el proceso de erradicación de los adversarios políticos.

B) Un riesgo indiscutible de error judicial irreparable

Contemporáneamente, es lógico suponer que el sistema jurídico positivo no desciende del Jus naturalis, por consecuencia éste emana de los Hombres quienes lo regulan. Sabiendo, no sólo por el dicho popular errar es humano, sino también por la experiencia personal, que el error nace también del humano. Entonces no podemos estar seguros que las penas son impuestas sin errores.
Es por esta simple razón, admitida en todas las justicias democráticas del mundo, que existe el derecho de apelación hacia un fallo que se considere injusto o no ajustado al Derecho . El Perú no es la excepción, por ello luego de pasar por un Juzgado en primera instancia, el reo puede apelar, su caso vuelve entonces a ser estudiado por la Corte Superior. Por último, luego de obtener el fallo en segunda instancia, y si no se ha aplicado bien el Derecho, se puede llevar el caso para que sea estudiado por la Corte Suprema. De esta manera se filtran los posibles errores.
Pero, si consideramos además que el Poder Judicial peruano tiene problemas de funcionamiento, estaríamos entonces en presencia de un órgano con muchas posibilidades de equivocarse y cometer un error judicial. Cosa que sucede con mucha frecuencia en el Perú . Pero todo error puede ser remediable compensando de una manera u otra al inocente, en la única aventura en donde esto sea irremediable es cuando la vida ya ha sido cobrada. Recordaremos, para finalizar la historia del “Monstruo de Armendáriz”, tal como lo bautiz&oacut

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“Insistir en… la pena de muerte es convertir el asunto en tema principal del debate político, o por lo menos, en uno de sus ejes; es decir, en una prioridad nacional, cuando los esfuerzos… deberían centrarse hoy, en los momentos iniciales de la nueva generación gubernamental, en las urgencias referidas al desarrollo, a la exclusión, al empleo y a la reforma del Estado” (Santiago Pedraglio, diario Perú 21, 13/08/06).

Muchas de las propuestas que aquí plantearemos necesitan de medios económicos consecuentes, sin embargo, estos gastos parecen estar a la altura de las arcas del Perú. Según el Banco Central de Reserva, se estima que en 2007 el Perú crecerá más de 6%, habiendo crecido a ritmo acelerado desde hace ya un lustro. Así, para que no exista un riesgo de déficit durante la inversión social, deben de desplazarse las prioridades del gobierno, garantizando un Estado más social para recolectar a mediano o largo plazo (en el caso de la educación) los frutos de una nueva política basada en la oportunidad y la paz. Recordemos, en este sentido, que el Perú está en “la cola sudaméricana del avance social” con solo 8% de su PBI consagrado al gasto social, mientras que Bolivia o Colombia ocupan mas del 13% y Uruguay llega a casi 21% .

A) Combatir y erradicar la violencia estructural

1) Una reformulación de la estructura educativa

Consideramos que ésta es la medida más importante de todas contra la plaga de violadores y delincuentes que afrontan las tierras peruanas. No olvidemos, en este tema, que muchos de estos adultos que ahora tienen alrededor de treinta años y que violan, eran sólo niños de apenas diez años cuando Alan García tuvo la “tarea” de educarlos como buenos ciudadanos. ¿Qué se nos ha legados luego de su gobierno y los demás gobiernos que le han seguido? No respondamos que el resultado son violadores, porque sería muy fácil, y generalizaría la situación para con muchos ciudadanos que no lo son. Pero, digamos que algo falló en la educación, que los violadores, los cientos de padres que abandonan a sus familias, etc. son producto de la falta de educación, o son más bien producto de la mala educación/formación que se les ha dado. Es de esta manera que luego de un estudio llevado a cabo durante diez años, el Latinobarometro se expresa así en su informe: “Perú es uno de los países que mas preocupa en términos de su cultura cívica y sus actitudes hacia la democracia que han experimentado un retroceso en los últimos años”
Por ello, pensamos que hay que proceder a una reforma de la estructura curricular que implique una enseñanza eficaz de la educación cívica (no relegada a segundo plano como sucede hoy). El aumento de las horas por semana de esta materia; Que la estructura del curso exija la enseñanza de la Constitución y la visita de un personaje cívico durante el año (policía, juez, alcalde, regidor…). Por otro lado, se puede imaginar la fusión del curso de educación religiosa con uno de educación moral, que imparta un modelo de cultura ética que falta en el Perú, (el profesor impartiendo antiguamente la religión puede –bajo ciertos criterios- ser el mismo de educación moral si se le capacita).
También se deben de reactivar las inspecciones académicas a diversos niveles (nacional, regional, local). Alargar las funciones de la Oficina de Supervisión y Coordinación Regional para que se ocupe de controlar esporádicamente las escuelas a nivel local. Por otro lado, crear tests anónimos donde cada alumno pueda expresarse sobre el sistema educativo, (para evitar presiones, las respuestas a este test deberían de darse con “aspas” y no con escritura caligráficamente reconocible). Las veintiséis Direcciones Regionales de educación podrían hacerse cargo de la organización y recuperación de datos de este sondeo semestral. Vale la pena señalar aquí, que los alumnos pequeños o grandes también son nacionales y tienen voz aunque por la minoría no tengan voto. Y es posible que en la negligencia, o el hecho de hacer caso omiso a sus pedidos, esté uno de los fracasos del sistema educativo peruano.

2) La lucha contra la cultura machista

El periodista y escritor Mirko Lauer apunta que “la violación y asesinato de niños es parte de una frondosa patología de la vida en común en medio de la miseria, la lista es larga y compleja e incluye el abandono impune de los hogares… la cultura del machismo violento…” (La República p.6, 13/08/06). Por ello consideramos, que las soluciones al tema del machismo van de par con la educación, porque como nos lo explican la antropología los comportamientos de género no son naturales sino culturales. Por ende, el machismo también obedece a una estructura cultural que puede cambiar o que se puede formar desde pequeño.
No olvidemos que igualdad sexual implica ante todo igualdad social, por ello esta igualdad tiene que formar parte integrante de la política de Estado. Ello se entiende como más lugares para las mujeres en la función pública, el incentivo del Estado para las empresas privadas que sean modelos en paridad de género (sueldos, simetría en la planilla). Por &uac

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La Historia: Desde la ley del Talión

Durante la Historia de la humanidad, pensamientos y filosofías han defendido la pena de muerte. El testimonio más antiguo que defiende este precedente es el Código Hammurabi hecho en Mesopotamia en el siglo XVII° antes de nuestra Era. Mas tarde, y pasando por las enseñanzas del Antiguo Testamento con la ley del Talión. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) en su Contrato Social, nos dejó esta reseña que hoy, sin duda alguna será el fundamento de muchos defensoras de al pena capital: “Todo malhechor atacando el derecho social, conciértese en rebelde y/o traidor a la patria (…) la conservación del Estado es entonces incompatible con la suya: es preciso que uno de los dos perezca”. En lo que concierne al Barón de Montesquieu, a Hegel y a Kant, no serán infieles a esta tradición, y defenderán los beneficios de la pena de muerte. Sin embargo, algunos de los filósofos “iluminados” por el siglo en el que vivían, abogaron por una reforma en los sistemas que mataban a los así juzgados. Entre estos reformistas figuran Montesquieu o el mismo Voltaire quien en 1764 se mostrara contra la pena de muerte en el Diccionario filosófico.

Para el año 1846, el entonces territorio de Michigan (Estados Unidos), se convierte en la primera jurisdicción del mundo en abolir definitivamente la pena de muerte para el delito de asesinato. Casi veinte años después en1863, Venezuela se convierte en el primer país en abolir de forma definitiva la pena de muerte para todos los delitos (los siguientes países en abolirla fueron San Marino en 1865 y Costa Rica en 1877).

Ya en el siglo veinte, los intelectuales defensores de la pena capital han sido minoría. Y algunas figuras mediáticas como Alexandr Saljenitsin se sirvieron de sus propias experiencias con la justicia y el horror de la prisión, para denunciar a los regimenes defensores de dicha pena. Es así como Saljenitsin nos cuenta en Archipiélago Gulag que murieron fusiladas cerca de un millón de personas en la Unión Soviética. Luego de la Segunda Guerra Mundial, y la condena a muerte de los pueblos de Hiroshima y Nagasaki en 1945[1] y las decenas de millones de muertes en los campos de concentración nazis, un tiempo de calma cedió en el mundo. Es por ello que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se consagra como derecho fundamental el derecho a la vida (articulo 3°). Para 1971, también en la ONU, la Asamblea General afirma que: "el principio objetivo que se ha de buscar con relación a la pena de muerte es restringir progresivamente la cantidad de delitos por los que se puede imponer la pena capital, con la finalidad de acabar aboliendo esta pena". Al año siguiente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anula la pena, pero es reestablecida en 1976[2]

Los diferentes pareceres y contradicciones que vemos aquí, tienen mucha similitud con lo que significan los debates sobre la pena de muerte en algunos países que no la han abolido. Lo más sorprendente (y esto quizás debe formar parte del libre derecho a opinar) es que el debate entre los abolicionistas y los “retencionistas” se lleva a cabo también en los países en los que la pena no es efectiva.

EL DEBATE PERUANO: ¿Un nuevo Estado en favor de la pena de muerte?

Quizás nadie pueda dudar que este debate está lejos de haber terminado. Este es por ejemplo el caso peruano, donde no existe la pena de muerte para los delitos comunes desde 1979. Sin embargo hace algunos meses, varios candidatos a la campaña presidencial del 2006 se mostraron a favor de esta medida. Y luego de la elección de los nuevos legisladores, un grupo de estos propuso un proyecto de ley para r

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