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Realidad y derechos humanos

Sobre la Historia reciente del Perú como posible causa en favor del restablecimiento de la pena capital

Sobre la Historia reciente del Perú como posible causa en favor del restablecimiento de la pena capital

Preambulo
En el Perú no existe la pena de muerte para los delitos comunes desde 1979, sin embargo hace algunos meses, algunos candidatos a la campaña presidencial del 2006 se mostraron a favor de esta medida. Luego de la elección de los nuevos legisladores, un grupo de estos propuso un proyecto de ley para reimplantar la pena capital. Por su parte, el poder ejecutivo encabezado por el flamante Presidente de la República presentó su propia propuesta en vista de una futura aplicación de dicha pena, pero, estos dos proyectos terminaron siendo archivados por el Poder Legislativo. No obstante, para algunas venas políticas muy influyentes, respaldadas por más de dos tercios de la población, es necesario insistir en la eficasia de la pena. Tanto es así, que en algún momento del debate se habló de proponer la norma a un referéndum.

Desde las primeras declaraciones hechas, hasta las medidas institucionales tomadas en vista de su restablecimiento, y pasando por los nuevos desarrollos político-filosóficos sobre como la pena capital va a mejorar la situación del Perú, ha corrido aun poca tinta entre los autores peruanos, pero el debate en el país ha sido intenso.

Es por esta razón, que resulta indispensable analizar, dentro del contexto actual, las implicaciones socio-políticas, jurídicas, y éticas que este tema trae consigo.

A) El historial de una promesa “innovadora”

1) El contexto electoral de la campaña presidencial del 2006

Durante la campaña electoral hacia el sillón presidencial de 2006, muchos argumentos fueron buenos para exacerbar los sentimientos básicos entre los votantes. Se podría decir que la meta justificaba los medios empleados.
De esta manera, se pudieron ver desarrolladas tesis nacionalistas que optaban por el encierro del Perú en posiciones éticas y políticas anticuadas, frente a una mundialización que busca más bien la apertura cultural de los países. En este mismo momento, diversas declaraciones de algunos candidatos buscaban la división entre las diversas etnias y clases socio-económicas del país. Respetando al pie de la letra la consigna “divide y vencerás” que emplearon los antiguos soberanos medievales para controlar mejor a los señoríos. Es cierto que ya para esta época el Perú estaba bien dividido no sólo por la coyuntura política de las elecciones, pero sobretodo por un pasado histórico, herencia vergonzosa del Virreinato. En este sentido, el candidato Alan García declaró, por ejemplo, antes de los resultados de la primera vuelta electoral, que el colegio de electores de los peruanos en el extranjero tenía menos peso que un porcentaje similar de votos que faltaban escrutar y que provenían del interior del país . Asimismo, su contrincante electoral, Ollanta Humala y sus allegados de campaña se refirieron en numerosas ocasiones en contra de la comunidad homosexual, aparentemente en beneficio de un discurso que congraciara a puritanos y a machistas cavernarios. Durante su candidatura también se tildó a los capitalinos de detener el progreso del resto del país. Complaciendo de esta manera, a los votantes de las zonas urbanas y rurales alejadas de Lima, y esto con la ventaja de la demagogia y sin necesidad de proponer mucho al votante.
Ahora bien, estas citas solo situan el contexto de lo que significa el nacimiento del debate sobre la reimplantación de la pena de muerte en el Perú, ya que no podemos debatir aquí si nos alejamos de la coyuntura populista que se vive en el país.
En este sentido el populismo tiene una especial vigencia en el Perú no sólo a partir la campaña electoral del 2006, pero desde mucho antes… Así, no olvidemos que desde el punto de vista de las ciencias políticas, el populismo está impregnado de antiimperialismo (que fue aplicado por García en su mandato presidencial 1985-1990 anti-deuda externa). Está empapado también de indigenismo (expuesto por el General Velazco Alvarado en los años setenta ), pero además, el populismo está basado en una suerte de nacionalismo (como el que defendió Ollanta Humala a expensas del anti-chilenismo).
Es por este encuentro entre dos populistas (uno mas que el otro) que el electorado a disputarse, fue difícil de convencer ya que los dos candidatos se mostraban “del lado” del pueblo y se decían encarnar el cambio progresista que faltaba al Perú. Aquí, este punto sobre el progresismo es importante, ya que es prevaliéndose de él que nacen propuestas diversas e innovadoras de parte de estos dos candidatos, independientemente de la calificación ética que podamos dar a las propuestas.

Como se sabe, el progresismo es partidario de la innovación y del progreso en el orden de vida social y político, pronando el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es por esta razón que esta teoría propone cambios en las políticas del Estado para hacer más social. Así, por ejemplo, en el plan de gobierno del Partido Aprista Peruano (PAP) de García, se proponía incrementar el PBI consagrado a la educación hasta en un 6%. Cosa que no planteó Humala, pero quien si fue original en sugerir que los funcionarios públicos hablaran lenguas autóctonas para atender a los indígenas en sus idiomas .
Es entonces en este contexto de “campañismo” progresista donde nace la proposición de García de reinstaurar la pena de muerte para los violadores de menores de cuatro años que luego de haber violado maten a su víctima.

2) Preguntas y críticas de la nueva proposición

Esto no solo valió a García la crítica de sus adversarios políticos, como era de suponerse, sino también, críticas provenientes de su propio partido y de grandes figuras de éste, como las del patriarca del APRA Armando Villanueva del Campo: “la pena de muerte ya fracasó” (La Republica p1, 13/8/06) . Pero ya era demasiado tarde, el debate había sido abierto, y ya no existieron ni izquierdistas, ni derechistas, ni nacionalistas, ni apristas… frente a la simple pregunta: ¿está usted de acuerdo con la pena muerte?
Aunque en realidad la pregunta no fue planteada de manera tan simple, ya que la retórica utilizada por García en su anuncio daba varios elementos para que la respuesta fuese más probablemente un “sí, estoy de acuerdo”. Por ello, la pregunta que García que planteó en un primer tiempo era: ¿está usted de acuerdo con la pena de muerte para los violadores de menores de cuatro años que después de haber violado matan a su víctima?
Frente a esta retórica, la respuesta fue afirmativa por parte de los peruanos, respondiendo así a un sentimiento popular casi unánime que se califica de odio del mal (Casamayor, 1977) . Odio, del mal que causó el violador y el asesino por sus actos. Odio del daño psicológico causado a la familia del infante, etc. Según Casamayor, este sentimiento puede ser un motor poderoso del cual se pueden servir muchos políticos. Así lo demuestran las declaraciones de García en la mañana del 11 de agosto del 2006, en Palacio presidencial: “Llevaré al Congreso la propuesta de modificación constitucional y estoy seguro que la inmensa mayoría del Perú me secundará”. Es por esta razón que nuestro deber, como ciudadanos y seres libres de pensamiento, es el de decidir si queremos ser explotados por un político en sus afanes personales (llámense electorales, o de aprobación post electoral), o si ésta es una cuestión demasiado delicada como para ser definida en la escena política, ciudadana, o incluso humana.
Luego de estas consideraciones las preguntas que saltan a la vista para saber si podemos reimplantar la pena de muerte en el Perú son múltiples, y pienso que se deben de encontrar respuestas afirmativas a todas ellas para afirmar con total certeza que la pena de muerte es viable en un sistema penal, de lo contrario estaríamos hablando de un sistema imperfecto en el cual todo error sería irreparable.

Desde el punto de vista social
¿Se han agotado todos los medios para prevenir las violaciones y el terrorismo?

Desde el punto de vista institucional
¿El sistema judicial en Perú funciona tan bien como para confiarle un caso vital?

Desde el punto de vista del derecho comparado
¿La pena capital es realmente preventiva?

Desde el punto de vista moral
¿Un ser humano puede condenar a alguien a muerte sin ser condenado el mismo por su acto?

Desde el punto de vista científico
¿Existe la prueba 100% eficaz en aplicación en algún sistema penal del mundo?

Y pasamos otros aspectos éticos, psicológicos, de compatibilidad con el Derecho internacional, con los Derechos Humanos, e incluso con la religión.

Repetimos aquí que todas las respuestas tendrían que ser positivas para que la pena capital pueda ser totalmente viable sin errores. Es por esta razón que no podemos creer en la pena de muerte como un sistema perfecto. Es más bien un sistema utópicamente perfectible, eso significa que es imperfecto y nunca podrá serlo porque son los humanos (fuentes de errores) quienes hacen nacer esta pena.
Es así como luego de haber conversado sobre este tema, escuché sostener a un abogado que esto era normal ya que ningún sistema (penal, político, social…) es perfecto. Y es cierto, ningún sistema imaginado por el Hombre es infalible, y la pena de muerte no sería por ello la excepción. Pero como se repararían entonces los errores judiciales que sí se pueden reparar para con los amonestados devolviéndoles lo que pagaron injustamente. Para con un prisionero indultándolo, o incluso para con una persona que ya salió de la cárcel indemnizándola por la injusticia cometida. ¿Qué sucedería con el error judicial de un condenado a muerte? ¿Cómo un Estado repara una vida? La respuesta es única y clara, no hay reparación posible para el condenado injustamente a muerte.
Es a la vista de los cientos de casos de violaciones sexuales y traición a la patria que existen cada año en el Perú, y en vista de los disfuncionamientos del Poder Judicial, que se puede pensar que se cometerán errores humanos en el fondo o la forma de los procesos penales lo cual podría verse reflejado en errores judiciales llevando frente al pelotón de fusilamiento a inocentes.
Decimos esto, pero sin caer aquí en el juego del gobierno y de muchos partidarios de la pena capital que dicen: “Imagínese usted a su hijo violado, a su hija asesinada”. Por ello, no diremos que el inocente al que le dispararían injustamente podría ser su hijo o su hermano. Aquí no desarrollaremos estos argumentos individualistas (y poco jurídicos), porque lo que hacen justamente es despertar nuestro Odio del mal al imaginarnos la pena y el daño personal.

B) Evaluación reciente de los delitos propuestos a la pena de muerte

1) El Cáncer del terrorismo peruano

Desde hace ya algunos lustros, el Perú está sujeto (hoy menos que antes) a dos grupos terroristas, causando terror y muerte, éstos son Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Donde allá por los años ochenta, la vida no tenía ningún valor en las zonas rurales y los campesinos eran masacrados si no cooperaban entregando dinero, víveres, e incluso a sus hijas e hijos. En la capital, la aristocracia empezó a sentir los estragos del terrorismo, primero porque el terrorismo comenzó a reflejarse en los índices económicos (menos producción y dificultades de circulación de los productos agrícolas). Pero más tarde, comenzaron los atentados terroristas a los alrededores de Lima (cortando la electricidad) y luego los coches bomba en el centro de la ciudad y en los puntos económicos y comerciales de mayor afluencia (centros comerciales, bancos…). A comienzos de los años noventa se cambió de estrategia y se dio la oportunidad a los terroristas de arrepentirse deponiendo las armas contra beneficios penitenciarios. Por otro lado, se capturaron a los cabecillas de los grupos armados y el 12 de septiembre de 1992 se capturó a Abimael Guzmán Reynoso, líder de SL. Días más tarde, éste fue expuesto en uniforme a rayas ante la prensa y esto provocó una deserción importante entre los senderistas de menor rango. Sendero comenzó a perder a sus hombres, perder terreno y perder credibilidad entre sus discípulos intelectuales.
En cuanto al MRTA, parecía moribundo desde la captura de su líder, Víctor Polay Campos, y de miembros de la cúpula terrorista, pero este seguía operando en las zonas amazónicas y en el centro del Perú. Como es de costumbre, Lima sólo se percató que este grupo terrorista continuaba luchando contra los intereses de la República, cuando el 17 de diciembre de 1996, a las ocho y veintitrés de la noche, un grupo de terroristas del MRTA tomaron por asalto la residencia del embajador del Japón con cientos de personalidades. Entre éstas se encontraban vocales supremos, militares y policías que planificaron la lucha anti-subversiva, congresistas, ministros de Estado, embajadores… El calvario terminó para 71 de los 72 rehenes el 22 de abril de 1997.
Después de esta fecha, los atentados han sido mas discretos, y los grupos terroristas han seguido operando en el Alto Huallaga (zona amazónica en el centro del país), y los Andes del Sur.
Desde esas fechas casi no se escuchó hablar de atentados sino hasta marzo del 2002 donde un coche bomba estalló frente a la sede de la embajada estadounidense. Un día más tarde, el Presidente de la República de la época, Dr. Alejandro Toledo, se comprometió en Monterrey – México a “aplicar mano dura ante cualquier intento de golpear al pueblo”. El año siguiente, una declaración dio más luz a la población sobre el estado del terrorismo en el Perú. Fue el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), general Miyashiro, quien reconoció que existían alrededor de doscientos senderistas diseminados en los valles cocaleros al este y sur este de Lima (Apurimac, Huallaga y Ene). Dijo también que continuaban su “lucha popular” coludidos con los narcotraficantes de la zona, y que su estrategia estaba volcada en captar adeptos en las reuniones públicas o de gremios sindicales. Esto nos lleva entonces a confirmar una vez más que la lucha contra el terrorismo pasa también por la lucha contra el narcotráfico ya que estos grupos viven hoy de tráfico ilícito de drogas.
Las últimas acciones mediáticas de SL se dieron el 26 de diciembre del 2005, cuando el grupo subversivo llamó a una “guerra popular” contra la “supuesta democracia” del país y las elecciones presidenciales de 2006, un día después de que el gobierno decretara el estado de sitio en las citadas regiones del país por la renovada ola de ataques del grupo subversivo. Por último, en diciembre del 2006, terroristas vinculados al grupo maoísta SL asesinaron a cinco miembros de la policía nacional y a tres civiles en la localidad de Machente, departamento de Ayacucho. A raíz de este último hecho, el presidente en ejercicio, Dr. Alan García, declaró el lunes 18 de diciembre del 2006: “si hubiéramos aprobado la pena de muerte a los terroristas, los responsables de este hecho deberían ser accionados con la pena máxima”, fortaleciendo así su defensa a favor de la pena Capital.

Finalmente, recordemos que se estima que fueron más de treinta mil victimas las que perecieron por causa del terrorismo en el Perú.

2) La evolución negativa y el incremento de las violaciones sexuales

Sobre este penoso tema hay mucho que decir. Entre una y otra noticia que desde hace varios años han banalizado las páginas amarillistas de algunos diarios y que han saturado las crónicas locales de otros medios. Lo cierto es que, en todo país del Mundo existen los atentados sexuales, pero en el Perú ha habido desde hace algunos años un destape masivo de estos casos. Las violaciones son crecientes en lo que respecta a los menores de edad. Estos actos provienen en gran parte de familiares o allegados a la familia, y de personas que conocen al menor. Las noticias más relevantes son aquellas que provienen de las poblaciones desfavorecidas de Lima o de zonas rurales. Pero se piensa que este delito es también cometido en el sector socioeconómico alto donde no es denunciado por vergüenza. Por ejemplo, en Lima, según el Movimiento Manuela Ramos, se registraron, en 1996, un promedio de 38 denuncias cada mes por delitos de violación contra la libertad sexual de las cuales más de 58% fueron cometidos contra menores entre los 7 y 14 años. Más del 45% de esas agresiones se produjo en la casa de la víctima y alrededor de un tercio ocurrió en casa del agresor. También, según la primera Encuesta de Hogares sobre “victimización”, en Lima Metropolitana, realizada sobre ocho mil personas mayores de doce años, se estima que la segunda causa de agresión más frecuente es la violación sexual, seguida por intento de abuso sexual.
Ahora bien, estando ya aterrados por las cifras de las violaciones, nos topamos con noticias, una más espeluznante que otra, donde los niños no sólo son ultrajados, sino que luego son asesinados y su cadáver es “destrozado” por el asesino. Para el que no ha vivido esta situación, o incluso para el que no ha leído artículo alguno sobre el tema, la ilustración que daremos a continuación bastará para darse una idea de lo que sucede y se siente cotidianamente en el país andino. Estas son las declaraciones de un violador descuartizador llamado César Cabrera (26 años) quien detalla su crimen “Cuando vi que estaba muerta, empecé a cortarle una pierna... Usé un cincel y una comba, porque los huesos eran muy duros...” (Diario El Correo, 9/11/06) . Son artículos como este los que se pueden leer a diario en los diversos periódicos peruanos. Pese a las penas que existen en el código penal peruano, son pocas las veces en las cuales se procesa al delincuente, ya que éste no es localizado o se corrompe a la policía local. Si por suerte, éste llegara a ser procesado, el juez puede liberarlo por falta de pruebas, por prescripción, o porque las pruebas se borraron con el tiempo e incluso con la ayuda de un soborno. En el caso último en el que el delincuente fuera sentenciado, éste lo es con penas, que la prensa y juristas califican de complacientes. ”Una más” es, en este sentido, como empieza el articulo sobre la absolución por la Corte Suprema de Justicia hacia un sujeto “acusado de haber ultrajado sexualmente a su hija de 14 años, al otorgarle el beneficio de la duda pese a que la Sala de Puno le impuso 30 años de prisión” (Diario El Correo, 6/11/06)


C) La desconfianza en las instituciones nacionales e internacionales: Las premisas para una restauración complacientemente aceptada

1) La desconfianza en el Poder Judicial

Este tema de la desconfianza en el Poder Judicial resulta vasto y habría que consagrar un trabajo integro para encontrar las causas de éste. Pero aquí sólo nos basaremos en un aspecto que se relaciona con el trato de los violadores sexuales. Veremos que lo que suscita indignación en la opinión pública es la corrupción.
Como lo hemos expresado anteriormente, los peruanos se ven confrontados a estas lecturas periodísticas con mucha frecuencia y lo que indigna más es que no se apliquen las penas previstas. Es por ello que la Dra. Patricia Figueroa Valderrama (defensora de las mujeres sexualmente abusadas) considera: “que las leyes existentes son suficientes, y que las y los magistrados del Poder Judicial deben de tomar conciencia que este delito no sólo afecta a la víctima que en su mayoría es mujer, sino también a la sociedad en general, por lo que es responsabilidad de las y los jueces buscar los mecanismos necesarios para castigar…” . En este sentido, el ciudadano no entiende porque, si se presume fuertemente que alguien es un violador, no se procesa rápidamente y se le condena ejemplarmente para erradicar este delito. Esto contribuye entonces, por un fenómeno de repetición, a la desconfianza que se tiene para con el Poder Judicial y la policía. Por supuesto, esta desconfianza no data de hace poco, ni siquiera de hace uno o dos decenios, pero ya es considerada como cultural e historiadamente impuesta en la ciudadanía. No olvidemos aquí, que estamos hablando del mismo país de las dictaduras militares de los años setenta. El país de las corrupciones y robos de Estado de los años ochenta. Y también el mismo país en el que el asesor del servicio de inteligencia fujimorista, Vladimiro Montesinos, sobornaba a magistrados, congresistas, y demás personajes públicos.
Con respecto a la Policía Nacional, y la rama de ésta que trabaja con el Poder Judicial, hay que saber (si no se sabe ya) que la corrupción es el pan de cada día. Y aunque ésta sea poco organizada, es una practica corriente para solucionar un problema simple (como es el de pasar en un semáforo rojo), para no ser capturado o incluso borrar pruebas de delitos.
Sólo en las noticias de los últimos meses podemos comprobar esto: Luego de numerosos casos de corrupción por miles, cientos, y hasta decenas de dólares, la corrupción llegó a desprestigiar la más alta magistratura del Poder Judicial, cuando, en septiembre del 2006, “el vocal supremo Eduardo Palacios fue descubierto recibiendo un soborno” (El Correo, 5/9/06). Durante ese mismo mes, Carlos Huari y Héctor Córdova, practicante y secretario, respectivamente, del Tercer Juzgado Penal de Iquitos, fueron detenidos al ser sorprendidos in fraganti recibiendo un soborno equivalente a treinta dólares. A comienzos del año 2007, se destituyeron a cinco jueces de paz involucrados, en la mayoría de casos, en cobro de sobornos y apropiación ilícita de dinero (El Correo, 13/1/07), etc.
Con tantos casos destapados, el ciudadano debe pensar que esto es “la punta del iceberg” e incluso podría pensar que el juez y el violador se confabulan para beneficiarse, el primero con dinero y el segundo con la impunidad. Pero ésta sería una visión muy simplista, que no toma en cuenta que muchos de los magistrados pueden ser profesionales honestos. No obstante, el mal ya está hecho, y parece que el ciudadano no está dispuesto a creer en una institución que no muestra signos de ir mejor que antes. Es en todo caso lo que demuestra un estudio del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, donde un 97% de los limeños dice confiar “poco o nada” en el Poder Judicial . Dos tercios de los entrevistados, afirman que la corrupción es el principal problema de esta institución.

2) La poca información sobre los mecanismos judiciales: ¿Una incitación a la desconfianza en las Instituciones?

Las razones de la desconfianza, no sólo se encuentran en el mal funcionamiento del Poder Judicial o de otras instituciones nacionales. Por ello, sería fácil, y hasta demagógico, decir que aquella es la causa absoluta del divorcio del pueblo con su sistema. Esta es la razón por la cual hay que añadir aquí un aspecto muy importante: la información jurídica, que va de par con la educación cívica.
Por ello, se considera desde un punto de vista jurídicamente neutral (tomando en cuenta únicamente los cimientos de la Justicia peruana ) que el sistema debería de funcionar bien en teoría . Es por esta razón, que la Dra. Figueroa Valderrama, afirma que “las leyes existentes son suficientes”, ya que las penas en caso de violación van desde ocho años de prisión hasta la cadena perpetua.
Lo mismo sucede con respecto al terrorismo, donde las leyes existentes, son drásticas y van también hasta la cadena perpetua. Pero esto, que debió ser un medio de disuasión, no funciona con unos pocos irreductibles subversivos que continúan “la lucha”. Y aunque existe más confianza popular en las instituciones con respecto a este tema , se han manifestado descontentos populares por dos motivos. Primero, porque a algunos cabecillas terroristas, ya sentenciados hace años, se les anuló la sentencia penal reanudando un nuevo juicio. En segundo lugar, porque las nuevas sentencias hacia estos subversivos no han sido ejemplares.
Ahora bien, es cierto que hasta aquí, uno se puede preguntar en donde ha quedado la defensa republicana que el Estado debería de llevar. Para muchos peruanos incluso, estos nuevos juicios representaban una burla hacia el pueblo, ya que se daba nuevamente voz a los líderes terroristas, lo que engendraba publicidad para su causa. Además, el nuevo proceso también provocaba la incertidumbre de una sentencia más clemente hacia los cabecillas. Y sobretodo era vivido, de manera paradoxal, como un “segundo final” para los deudos y víctimas del terrorismo. Sin embargo, mirando más de cerca el mecanismo empleado por el Estado para re-sentenciar a los terroristas, podemos concluir que éste se ha comportado justamente como un defensor del Estado de Derecho .
En cuanto al problema de las penas aplicadas a los terroristas (que no son ejemplares) hay que añadir los problemas de procedimiento jurídico que imposibilitan que las penas (más pesadas hoy) se les apliquen a los terroristas. Por ello, aunque la sentencia de la Sala penal antiterrorista, del 13 de octubre del 2006, que condenaría a Abimael Guzmán a cadena perpetua, fue un alivio para muchos. Lo que exasperó a otros, fue el hecho de saber que siete de los cabecillas fueron condenados sólo a veinticinco años de prisión. Tres de ellos , de los cuales podrían salir libres dentro de cuatro años si se les aplicaran los beneficios penitenciarios. Incluso la Fiscalía criticó que no se hayan impuesto penas de cadena perpetua a toda la cúpula de SL.
Pero los jueces estiman, a justo título, que a ciertos terroristas , no se les puede condenar a perpetuidad porque fueron capturados en 1991 (cuando la pena máxima era de 25 años) y la cadena perpetua sólo se instauró en Perú en 1992. En este sentido, ellos benefician del principio de no retroactividad de penas más fuertes en materia penal. Esto quiere decir que legalmente el máximo castigo para estos dos no puede ser la perpetuidad sino veinticinco años.

3) La falta de comprensión de parte de las organizaciones y cortes internacionales sobre la situación peruana

Siempre con respecto al terrorismo se desconfía de los tribunales supranacionales ya que sus sentencias se imponen a las nacionales y existe el riesgo, en muchos casos, que no conozcan la realidad (a ciencia cierta) de un país determinado.

a) Por la ayuda extranjera prestada a los terroristas

En lo que tiene que ver con el terrorismo, Sendero Luminoso ha tenido contacto estrecho con China y Europa. En este sentido Abimael Guzmán viajó en varias ocasiones a La República Popular de China y envió en mayo de 1982 a Maximiliano Durand Araujo alias "Raúl" como representante en Europa con la meta de formar una cobertura exterior de apoyo a SL. Este se fue en calidad de becado. Otros senderistas junto con la familia de Abimael Guzmán viven en Suecia, desde donde entran en relación con otras organizaciones comunistas. Es así, como Javier Esparza Márquez, concuñado de Guzmán, formó el "Círculo de Estudios Ayacucho" (CEA) con sede en Estocolmo. De esta forma, ante la comunidad internacional, SL continua desprestigiando al Estado peruano, siguiendo así con parte de su estrategia de “lucha popular”. De esta manera, simulando ser simples ideólogos del comunismo se exilian políticamente en Europa (aprovechándose de los avances democráticos de este continente) y dan a entender que no se respetan los Derechos Humanos en el Perú, además de alegar que sus prisioneros son sólo prisioneros políticos. Esto tiene como efecto que algunas ONGs extranjeras cuestionen al Perú por la persecución hacia los senderistas, lo que indigna en muchas ocasiones a los peruanos victimas del aparato terrorista.
Por su parte el MRTA ha desarrollado su propaganda internacional en América central (El Salvador, Nicaragua con la ayuda del FSLN), y ha conseguido diferentes apoyos de las organizaciones y grupos afines, alineados al Movimiento Comunista Internacional (MCI) no sin desprestigiar también la imagen del Perú, particularmente en Alemania, Francia, Suecia e Italia.

b) Los terroristas peruanos suelen ser juzgados en instancia supranacional como prisioneros de guerra/políticos

Poco importa que estemos o no de acuerdo con la sentencia de La Corte interamericana de Derechos Humanos del 25 de noviembre del 2006, a favor de los deudos de los terroristas matados en el penal Castro Castro del seis al nueve de mayo de 1992 .
Lo que tiene mas importancia aquí es que la denuncia (número 11.015) ante la Corte se encuentra firmada por personas que indican ser miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra. Esto se entiende en primer lugar como una provocación hacia el sistema institucional peruano donde se les reconoce como familiares de terroristas y terroristas en lo que respecta a los sentenciados. Esto, no por su pensamiento político, pero por sus presuntas acciones sanguinarias en contra de la nación. Se entiende en segundo lugar, como una deslegitimación de la posición que el Estado peruano tiene para con el estatus con el que se les ha juzgado. Entonces el sólo hecho de aceptar esta denuncia con las firmas de un comité de este tipo, da mucha desconfianza a los peruanos sobre el fallo que pueda dar la Corte IDH.
Podríamos pensar que si tan sólo se les hubiera reconocido un estatus de “prisioneros por terrorismo” y no el que se dejó entrever, el fallo hubiera sido mejor aceptado porque la Corte hubiera dado un mensaje de comprensión sobre la Historia peruana.
Pero vayamos más allá, y veamos que el hecho no está en complacer a los peruanos con un simbólico seudo-entendimiento. Sino más bien, en tener seriedad en la investigación de estos asuntos preliminares sumamente importantes para el esclarecimiento de la verdad, porque entendamos que esta verdad ya no es tal en su globalidad si la identificación del denunciante comienza siendo falsa

NOTA: si desea la bibliografía de este o los tres otros articulos relacionados con este tema sirvase dejar un comentario

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1 comentario

pedro -

ta von
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