Resumen critico de la obra: El Antimperialismo y el APRA, por V.-R. Haya de la Torre

 

Esta obra es el producto de uno de los políticos latinoamericanos mas importantes del continente, sentando las premisas de la base ideológica para la efectiva independencia de lo que él llamaba indoamérica. En este sentido, Víctor Raúl Haya de la Torre desde su exilio político en México fundó en 1924 la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) e intentó lograr su cometido político antiimperialista y unificador de nuestra América en beneficio de los pueblos autóctonos del continente. Por ello, y para responder a sus oponentes ideológicos en las filas de lo que el llama muy despectivamente "comunismo criollo”, es que Haya de la Torre escribe la presente obra titulada El Antiimperialismo y El APRA en 1928.

Así, y según lo define el autor, este escrito también podría titularse ¿Qué es el APRA?, siendo quizás esta la razón principal por la cual el primer capítulo se intitula de esa forma. Veremos durante el transcurso de nuestra lectura que se plantan las bases de un partidismo muy latinoamericano, independiente de Europa y sobre todo del más grande de los Imperios: los Estados Unidos de Norteamérica, haciendo alusión a hechos históricos conocidos y poco conocidos y a vivencias personales en sus numerosos viajes, todo esto acompañado de sustanciosas reseñas, nombres, fechas y bibliografía que no hacen más que revelar la verdad en la palabra de Haya de la Torre.  

Sin embargo a pesar que en 1985 el primer aprista de nombre Alan García Pérez se alzara con la victoria presidencial en Perú y que desde el 2006 esté gobernando ese país por otros cinco años, poco o nada se ha hecho desde la torre de marfil del poder político para seguir los ideales de independencia de indoamérica que Haya había inculcado. Demás está decir que el APRA que ha gobernado en el Perú lo ha hecho, firmando alianzas comerciales con el Imperio estadounidense, dejándose invadir hasta la médula por el capitalismo extremista y uniéndose solo con muchos de los vasallos latinoamericanos de los Estados Unidos. Por supuesto esta es la evidencia más latente que resalta que actualmente la obra de Haya no se aplica, y tal vez ya no se entienda.

¿Qué es el APRA?

Hemos enunciado precedentemente que el APRA es un partido político pero cabe señalar más que eso, ya que durante todo el transcurso del libro (en las notas en los diferentes capítulos) se define al partido. Así, se puede decir que el APRA es básicamente una organización latinoamericana que sin ninguna injerencia extranjera a ella misma, lucha contra el imperialismo Yankee. Esta lucha, según Haya de la Torre debe de hacerse por medio de un Frente Único que reagrupe en su seno a trabajadores manuales e intelectuales, a campesinos y estudiantes, etc. Cierto es que en ningún momento se dice explícitamente que la organización pertenece a la izquierda, pero esto puede deducirse por el plan de acción anticapitalista que tiene el partido que se resume en tres puntos interrelacionados que se detallan en el libro:

1. La acción contra el imperialismo estadounidense
2. La unidad política de América latina
3. La nacionalización de las industrias y tierras
4. La nacionalización del canal de Panamá
5. La solidaridad con todos los pueblos oprimidos y las clases oprimidas del Mundo

De este modo, como hemos dicho anteriormente, se puede relacionar de forma deductiva al APRA con la izquierda, ya que su deseo de actividad se enfoca en conceptos acogidos, acuñados o protegidos por las izquierdas a lo largo de su historia: es decir una justicia social que gracias a la solidaridad genere una unión de pueblos en donde todos respondamos a un principio de igualdad.Es así, como podemos apreciar los conceptos de justicia social; solidaridad; unión e igualdad, a los que Haya de la Torre añade la libertad -que aunque pervertida por las derechas en libertad de generar riqueza (aunque esto genere desigualdad) o libertad de portar armas (aunque esto genere miedo)- es por analogía una condición para la expansión del ser humano siempre y cuando todos seamos igualmente libres[1]… es lo que Haya describe en una divisa: pan con libertad Entonces no es políticamente en vano que el APRA clame por el final del poderío que los EEUU tienen sobre los países que conforman Latinoamérica, ya que este imperialismo se entiende como el último peldaño del capitalismo[2] que por ende, también se desea erradicar por la igualdad de los pueblos. Esta es la razón por la cual Haya piensa que en el continente americano, y en cada país indoamericano sometido a yugo imperialista, no existe tanto una lucha de clases sino más bien una lucha de pueblos: es una de las diferencias romántico-ideológicas que tiene el APRA con el partido comunista.

Diferencias entre el APRA y el partido comunista: ¿una izquierda dividida o dos formas de izquierda?

Existe una diferencia muy básica entre el comunismo y el aprismo como organización antiimperialista. Aunque los dos puedan ser federados dentro de la oposición al imperio capitalista, existe una diferencia en cuanto al público meta de la ideología de cambio, y por consiguiente existe una diferente comprensión del problema social-histórico. En ese sentido, el comunismo peruano siendo apoyado –antes de la caída del muro de Berlín- desde Moscú, existía una influencia ideológica  con las perspectivas europeas a pesar de que estas se adapten poco a una realidad social y étnica muy particular en Latinoamérica. De esta forma, aunque la voluntad antiimperialista era común a los dos, esa era la única meta que los unía. Por ello, Haya estima que según la dialéctica hegeliana se debe tener un proceso de negación de la negación para hacer progresar un discurso, esto equivale básicamente a convalidar el discurso con su contrario y luego revalidarlo, cosa que según el autor, el comunismo no hace y por ello no muestra evoluciones ideológicas.

Además de esta inamovilidad comunista, que contrarresta con la teoría de la relatividad de Einstein, Haya plantea una cuestión de forma más que de fondo, es decir la ignorancia del comunismo europeo hacia nuestra América. Nos cuenta para ilustrarnos aquello, que los representantes de indoamérica en los congresos internacionales de las izquierdas son vistos con poca importancia, y plantea como posible respuesta, el hecho que los dirigentes europeos conocen mal o desconocen la historia y la coyuntura latinoamericana[3]. Pero la discrepancia (que hasta este punto no es más que formal) no se detiene en esto, también se augura la perdición del comunismo en Latinoamérica por la especificidad de este ultimo que no se adapta a los parámetros contextuales de los terrenos en los cuales se idea el comunismo (Europa): En primer lugar está su condición de partido de clases cuando en Latinoamérica la lucha no es de clases sino más bien de pueblos, siendo por demás este hecho lo que segrega a otras categorías de personas oprimidas (indígenas, desempleados, trabajadores intelectuales, etc.). Destruyendo la simbólica representada por la oz y el martillo, haya considera que (punto aparte de la oz agrícola que en indoamérica está bien representada por la existencia de un grupo social agrícola muy extendido) el martillo no se refleja en un numero de obreros tan importante en latinoamerica como para hablar de una clase obrera o proletariado. Y esto es bien cierto puesto que salvo el caso de algunas manufacturas y fábricas, la revolución industrial nunca se llevo a cabo en latinoamerica, por lo cual el fenómeno obrero no existe como en Europa. Es más dice Haya, ya sea en las potencias EEUU, en URSS o en indoamérica, la tecnología nos condena a hacer progresar el trabajo hacia los empleos intelectuales o que no requieran de la fuerza humana. lo cual indicaría que Haya pretende que la simbólica del martillo está destinada a desaparecer en beneficio de un sector laboral más intelectual (tal vez los servicios).

En segundo lugar, los líderes criollos no tienen la capacidad ni el carisma que tuvieron los bolcheviques para su revolución. Siendo la imagen que se tiene del líder comunista latino la del “burócrata revolucionario: el que ha conseguido una Secretaría de Partido a sueldo, posición que defiende con frases hechas, con ademanes jerárquicos y dogmatismo simplistas, mientras abulta la curva de la felicidad del vientre orondo y burgués y mira desdeñosamente al hombre-masa que llegue hasta él” . Esto no quiere decir más que la ignorancia, el despotismo, el interés puramente económico al ejercer el poder y la mala imagen generalizada de todo esto hacia el pueblo es lo que impide el progreso del Partido Comunista en América latina. Contrariamente a ello existe en Inglaterra, Alemania y sobretodo en Francia una elite intelectual que cultiva la ideología y la imagen del Partido lo cual lo hace confiable y duradero en el tiempo.

La utilidad de un partido antiimperialista

Como es muy normal, los defensores del paradigma neoliberal-capitalista-occidentalizado no conceden que se pretenda defender a la doctrina antimperialista, a pesar de que latinoamerica se ubica muy cerca del dominio territorial del único gran imperio mundial. Es más, los partidarios del modelo político liberal-individualista ven como una ventaja pertenecer, entablar lazos o aparentar tenerlos con los gigantes económicos, ya que esto beneficia aparentemente a ambas partes de un tratado. Por un lado se beneficia el grande quien puede conseguir los recursos naturales del chico a buen precio, y por otro lado se beneficia el chico, que tiene la esperanza de vender sus productos al grande. Estos son argumentos sólidos y objetivos a primera vista. No obstante no se toman en cuenta (y Haya no lo dice porque jamás imagino que tan pronto llegaría el fin de la bipolaridad en beneficio de los EEUU) los efectos colaterales de la colaboración con ese imperio: encarecimiento de precios en el mercado interno nacional puesto que crece la demanda porque crece el mercado de compradores potenciales; venta indiscriminada de los recursos naturales y la propiedad intelectual sobre productos ancestrales oriundos de Latinoamérica... Todo ello a cambio de posibles ventas en el extranjero que generarían ganancias de primer mundo para los pocos propietarios de empresas que a su vez generarían (supuestamente y según su buen querer y parecer) empleos pagados a un nivel de tercer mundo. En otras palabras, esto significa, rematar una parte de los recursos nacionales para conseguir muy poco.

Haya, no fue con romanticismos ni filosofías al hablarnos del imperialismo, en su obra él sugiere simplemente que reforzar al imperio en sus poderes es consolidar el peldaño final hacia el triunfo del capitalismo. Posiblemente Haya ya observaba los síntomas de la globalización del sistema liberal.

Asimismo afirma, de forma muy clara y lucida, que ese imperialismo que podía ser flagrante por la ocupación soberana de tierras extranjeras también podía tener etapas, siendo la primera de ellas el colonialismo económico o neocolonialismo. Hoy justamente estamos en ese punto, en muchos de nuestros Estados (Ecuador, Perú, México) se provocó la destrucción de las clases medias, en otros más renuentes la destrucción es más lenta (Costa Rica, Chile). Pero el resultado es el mismo, el pequeño industrial, propietario rural, el empleado, el que ejerce una profesión liberal, etc. está condenado a ser erradicado porque sus intereses unidos atacan y contrarrestan a los del imperio, por ello es que minando a los Estados desde el interior se provoca que estos se adecuen a la política mercantil que beneficia al imperio a cambio de migajas e incipiente inversión (influenciando, comprando, poniendo o quitando a gobiernos). Así, Estados Unidos compra empresas estratégicas para su implantación, hace ofertas para compra de terrenos y pequeñas industrias que se suman a sus holdings (que son montajes jurídicos para concentrar la propiedad). Cuando no puede contra ellos, invierte capitales y les presta dinero con créditos e hipotecas que luego de recuperar intereses o bienes con plus value se retiran buscando nuevos terrenos para efectuar la misma operación. Sin embargo, según Haya y según la constatación post Haya es la misma: una mínima parte de esa clase media se alía con el imperialismo obteniendo ventajas de él y convirtiéndose así en instrumento nacional del yugo imperialista, que a su vez puede servir en ciertas coyunturas políticas para sostener a presidentes, hacer lobby, etc., ya que lo que les conviene a ellos es lo mismo que le conviene al imperio. La advertencia es válida entonces aún, ya que las constataciones o "previsiones" hayistas son las que la historia nos ha hecho observar. De tal forma que es muy lógico que si Estados Unidos se atreve a sobre-defender a sus criminales de guerra renunciando al estatuto de Roma y a la competencia de la Corte Penal Internacional, también sobre-defienda (por extensión de la doctrina Monroe) a sus inversiones en el extranjero[4] que por cierto nada tienen de criminales si no buscan pervertir al sistema económico nacional, ni provocar injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos. Por ello, el fundador del APRA sostiene que los cinco mil millones de dólares invertidos en indoamérica en los años veinte no eran aún de mucha importancia para que los EEUU interviniesen directamente con sus cañones en caso de pérdida de sus intereses en la región, pero se cuestionaba que sucedería si ese capital se multiplicara por cinco o diez. Ahora bien, veamos que de las cuatro regiones latinas que Haya veía en latinoamérica[5], estimaba que la de Chile y las Repúblicas de la Plata (el sur del cono sur) era la que más inversiones estadounidenses tenía y por ende que más industrializada estaba. Haciendo incapié entonces en una intervención manu militari en esa región, si alguna de dichas Repúblicas se atrevía a contraponer su voluntad contra los intereses yankees: siendo lo que ocurrió en Chile[6] antes del derrocamiento de Allende por Pinochet y la CIA el 11 de septiembre de 1973. Esto demostraría que la independencia política de los Estados latinoamericanos no es más que ilusoria, escondiendo no solo una dependencia económica creciente y que no se debe de alimentar para evitar acrecentar la relación de fuerza muy desventajosa para Latinoamérica. Esta es la razón por la cual el APRA pretende luchar contra el imperialismo, quien pretende establecer una relación regional americana a imagen del modelo feudal precedente a la Revolución francesa en Europa. En tal sentido, la libertad de nuestros pueblos, solo se recuperará según el autor si se llega a una segunda independencia efectiva, impulsada desde el interior de cada una de nuestras voluntades y por extensión de los Estados latinoamericanos unidos (la patria grande) manteniendo un solo objetivo, que no es otro que el beneficio de del pueblo latinoamericano con base en sus propios recursos.

El sueño indoamericano

¿Cuál sueño más grande en San Martín o Bolívar, en Sur o Centroamérica? La unión de nuestros países en una sola bandera, con una sola moneda, con un solo idioma, pero con múltiples pueblos… Víctor Raúl Haya veía también la fuerza en la unión por encontrarnos ante un gigante que logra someter a la economia, a la fuerza miliar, y también a la cultura local.

En este sentido, y empleando una lógica muy básica, fuera de los ejemplos de Haya, se puede observar lo que sucede en Europa: Antes eran decenas de países al oeste frente a un bloque al este, hoy son un bloque al oeste frente a decenas de países al este, la pregunta es ¿ayer dónde estuvo y hoy donde está concentrado el poder mas grande?: siempre en los bloques mas sólidos. Por ello, no hablamos aquí de uniones de opereta o coyunturales como las de un tambaleante MERCOSUR, o las de un Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela), lo que Haya plantea es una unidad, más que una unión, desde el punto de vista político, lo que por naturaleza generaría colateralmente uniones aduaneras, de comercio, monetarias, jurídicas, militares y hasta supra-nacionales. La meta no es hoy imitar a la Unión Europea o a Estados Unidos como Estado federal, todo lo contrario, la cuestión está en crear nuestra propia unidad desde nuestra perspectiva y adaptada a indoamérica, es decir pluriculturalmente pero compartiendo recursos y servicios bajo condiciones equitativas. Por ejemplo, si todos Estados latinos se unen solo económicamente tendrían, hasta para los analistas más ingenuos, más posibilidades materiales de progresar que lo que fue la Comunidad Económica Europea (por ejemplo el cobre o hierro necesarios para la construcción de infraestructura se encuentra en Latinoamérica a buen precio). Pero más allá de eso, tendremos adaptaciones en nuestras reglas que pondrán barreras a ciertos productos o iremos en ciertos temas más allá de la simple concordancia comercial, llegando a hacer progresar nuestro modelo hasta pasar, cuando estemos listos, a una unidad política. Por ello aquí la Historia es solo una referencia que no debemos de remedar con la esperanza de surgir igual que los demás ya que las condiciones y realidades no son las mismas. Pero ya más centrado en la experiencia que nos vierte Haya de la Torre, ilustrémonos un poco sobre la necesidad de unidad latinoamericana analizando la Revolución mexicana, por un lado el autor nos dice que es la experiencia más aprovechable para nosotros por la cercanía y similitud de realidades con la nuestra, pero por otro también no la da como ejemplo para observar que en muchas ocasiones no se necesita más que voluntad popular para mover el piso del sistema sin necesidad de un caudillo o líder ocasional. En este caso el pueblo daba la dote, dirigía y sometía pero era sólo el pueblo de México y así la revolución se extinguió. Es entonces que Haya piensa que si esa revolución llegó hasta donde llegó siendo aisladamente de uno de los veinte países indoamericanos, ¿qué hubiese ocurrido entonces si esta se hubiera extendido otros más? No es en vano entonces si el APRA fue fundado en México, y si Haya de la Torre acuñó el termino indoamérica para enunciar desde su perspectiva latinoamericana un concepto en beneficio de la unidad de nuestro subcontiente. La razón va más lejos que el antimperialismo, es más visionaría aún, está en la alianza de nuestros pueblos en beneficio de nuestros propios pueblos, para redistribuir uniformemente entre nuestros países la riqueza desde las elites corrompidas económicamente para los oprimidos formando Estados que nunca más se miren con desigualdad, también esto contribuiría a la paz ya que los territorios comunes (sin visa diríamos hoy) extinguirían fronteras ridículas (para los amazónicos por ejemplo) y sentimientos de frustración por limitarnos el acceso entre nosotros indoamericanos. Además, la unidad contribuiría a apagar toda tentación nacionalista, que sin llegar hasta Hitler pudiera tan solo llegar a conflictos xenófobos[7] o armados entre naciones hermanas.Así, no se apela a violentar a la comunidad internacional usando a Macchiavelo, pero tal vez podríamos usar sus teorías a contrario para poder contribuir a la no violencia o la prevención de ella, esto respondería al siguiente criterio: Si se dice que dividiendo se vencerá entonces no basta con no dividirnos para generar paz, esa solo es una primera etapa para no dejarnos vencer, la clave está en multiplicar para vencer al que nos quiere dividir, en realidad es matemática básica.

El plan de acción hayista

Se plantea primero en el discurso una doble constatación, la primera concierne al interior de los países indoamericanos con formas de economías primitivas, patriarcales y feudales en donde la esclavitud moderna predomina como base para una producción y extracción de elementos agrícolas y mineros. La segunda, se basa en contraposición con la primera, en la progresión y agilidad en la economía que se tiene para con el exterior. Así, esta economía a dos velocidades tiene como origen a la desigualdad entre los Estados ricos y pobres que se refleja entre las relaciones económicas internas y externas de los Estados indoamericanos. Por ello, está de más aplicar teorías importadas desde realidades distintas aquí y es más fructífero trabajar en beneficio de la equidad en el pueblo y la libertad para el pueblo atacándose a dos canteras que cambien ese desarrollo desigual. Para ello, Haya da como respuestas: en primer lugar, al ataque frontal contra la pobreza en las zonas en donde la economía se ve más atrasada y empoderada por sistemas cavernarios de sometimiento del humano. En segundo lugar, al rechazo definitivo y tajante contra el imperialismo.Ya sin tardarnos en este último punto, concretamente lo que Haya proponía con respecto al impulso de la economía nacional esta relacionado con la nacionalización de industrias y con una “reforma agraria” que devuelva al pueblo lo que es del pueblo por derecho equitativo más que por la fuerza obligatoria del sistema. Haya en este punto clama al ejemplo en la Revolución Mexicana y hace un llamado eterno a todas las fuerzas diseminadas por la desunión a formar un Frente Único que más allá de una coyuntura pueda capturar el poder, primero por la propaganda y luego por el conocimiento doctrinario agrandar el campus de la nueva generación revolucionaria indoamericana.

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[1] Es importante hacer aquí la distinción entre lo que se debe entender como “seamos igualmente libres” y no como “podamos ser igualmente libres”, ya que en esta última aunque existe una potencialidad de ser libres todos, algunos pueden no serlo, lo cual genera desigualdad. Por el contrario, la primera divisa se entiende como la inminencia o la presencia igualitaria de la libertad sin más ni menos.

[2] Aquí Haya de la Torre retoma el libro de la alemana Rosa Luxemburgo Die Akkumulation des Kapitals Edit Berlín 1923, para enunciar que en su página 361 llama al imperialismo “la última etapa del capitalismo”

[3] “Poco o nada sabemos de América latina (…) no es nuestra culpa, es que no se nos informa” Zinovieff, Presidente de la Tercera Internacional durante el V Congreso Comunista Mundial de 1924, escuchado por Haya de la Torre desde la tribuna de los periodistas y retranscrito en el presente libro

[4] El diplomático y representante estadounidense en la VI Conferencia Internacional Americana de 1927 de La Habana, Mister Hughes señaló en una intervención “como es natural, los Estados Unidos no pueden renunciar al derecho de defender los intereses de sus conciudadanos” Véase en éste sentido: Diario de la VI Conferencia Internacional Americana numero 36 (1927) Washington p.537

[5] 1) México – Centroamérica - Caribe; 2) Países Bolivarianos; 3) Chile - Repúblicas de la Plata; 4) Brasil

[6] Cuando aumentó la inflación en Chile, Estados Unidos, cuyos intereses en ese país se veían perjudicados por la política antiimperialista de Allende, especialmente desde la nacionalización de varias empresas estadounidenses, aprovechó la situación para incitar a la clase media a manifestar su descontento con el gobierno Microsoft Encarta 2006 © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

[7] Muchos conflictos xenófobos existen entre pueblos indoamericanos: véanse en este sentido los problemas entre nicaragüenses y costarricenses; entre peruanos y chilenos; entre bolivianos y chilenos; ecuatorianos y peruanos; colombianos y nicaragüenses, actualmente uruguayos y argentinos, etc.

Una realidad sobre la discriminación política en Latinoamérica: ¿Qué significa ser de izquierda en Costa Rica?

Hablar de socialista hoy en día no está muy "de moda"; es más, a cualquiera que se precie de defenderlo, puede verse confrontado a comparaciones con dictadores stalinanos o maoístas y hasta se le puede deslegitimar con mucha facilidad desde lo alto de la torre del paradigma dominante tildándolo anacrónico, utópico y hasta de subversivo. Según politico español Marcelo Colussi, quizá, jugando con los versos de Rafael de León, podría decírsele: ¿Socialismo? "¡Pamplinas! ¡Figuraciones que se inventan los chavales! Después la vida se impone: tanto tienes, tanto vales".


En generaciones anteriores allá por el siglo XIX, todos tenían bien claro lo que significaba pertenecer al genero de lo común y del comunismo bolchevique o de las Repúblicas Populares, sin embargo hoy, en el 2008 el Mundo parece haber cambiado y las teorías dominantes se han reducido a una sola que todos estamos obligados a seguir con el riesgo de ser considerados como marginales.

Es cierto que nadie desea que regrese al Muro de Berlín, caballo de Troya de los capitalistas para mostrar la barbarie de la que fue capaz la URSS, pero acaso alguien puede negar o sublevarse contra los muros Israelíes, el que separa EEUU y México o también el que divide los enclaves españoles de Ceuta y Melilla de África.

Del mismo modo las verdades que inaugura el Manifiesto Comunista en 1848 parecen ser válidas aún en el siglo XXI; y sin duda, en tanto verdades universales, lo serán por siempre dado que develan estructuras de la naturaleza social misma:

- la explotación a partir de la apropiación del trabajo ajeno

- la lucha de clases como motor de la historia, la violencia en tanto "partera de la historia" –

- las revoluciones sociales como momento de superación de fases de desarrollo que signan el devenir humano.

Pero, como dice demasiado rápido el Bloque individualista estadounidense, la izquierda murió, y se demostró el descrédito del sistema común, glorificando aún más a los progresos individuales, hasta se llegó a determinar el fin de la Historia: siendo tan grande el golpe que, por algún momento, la prédica triunfal pareció ser verdadera: el comunismo no era posible. Y todos en el Mundo entero llegamos a creerlo.

Pero entonces si esto sucedió en el Mundo, ¿qué pudo suceder el Costa Rica? Estado interesante para el análisis, ya que por un lado está invadido hasta la médula por teorías, publicidades y modelos de vida “yankees”, y por otra parte, es el único país latinoamericano que ha resistido al desmantelamiento del sistema social y de la responsabilidad del Estado manteniendo durante decenios un sistema respetuoso del Estado de Derecho.

Francisco Gamboa costarricense, antiguo miembro del Partido Vanguardia Popular cuenta: “fui para visitar a un compañero del Partido que cumplía una condena de seis meses por el delito de tener en su casa unas publicaciones obviamente comunistas. Aunque muchos no lo quieran creer, en nuestra Suiza Centroamericana ocurrían esas cosas en aquellos tiempos en que ser acusado de comunista no era muy distinto de lo que es ahora ser acusado de terrorista. A este copartidario le registraron la casa, como le ocurría con frecuencia a otros miembros del partido, y le encontraron un montón de ejemplares de esa cosa formidable que se llamaba “Revista Internacional”, publicación colectiva de los partidos comunistas y obreros del mundo”

Pero, a diferencia de Colombia o de Perú en donde el encierro por ser muy de izquierda es considerado como "traición a la patria" y los presos se aglutinan en condiciones infra humanas, en este caso costarricense, parecía ser que el reo “era feliz (…)y que tenía muchas licencias y privilegios” según Gamboa.

Pero hoy que ya la izquierda no parece representar un peligro en Costa Rica para el ciudadano correcto que paga sus impuestos y que está a favor de todo lo que “papa” gobierno dice, el hecho de reivindicarse socialista en una manifestación o de tener un libro antiimperialista en la biblioteca de la Universidad Nacional, no es delito. Solo que hoy más que asustar, ser comunista fastidia o incomoda.

Ahora bien, quería saber lo que pensaban los chavalos comunistas de Costa Rica, ¿se esconden realmente? ¿Tienen vergüenza? ¿Hijos de quien son y porque son comunistas? ¿Es cierto que creen en el regreso de Satanás? ¿Como perciben ellos al resto de sus compatriotas?

A diferencia de mi experiencia de seis años en Francia donde las izquierdas no están prohibidas y pude ver más de cerca los procesos políticos desde muchas perspectivas, en Costa Rica un año ha pasado desde que puse el primer pie aquí y me he dado cuenta que el Templo Repretel y el Santo Grupo La Nación, no me han hablado más que de sucesos y de porque el Tratado de Libre Comercio con EEUU es bueno desde una perspectiva derechista. Entonces, como saber donde están los comunistas, ¿dónde se esconden? Fui hace algunos meses a una reunión del Partido Acción Ciudadana en el segundo piso de la Oficina de Correos de Heredia, pero creo que allá tampoco no podré hablar de eso, ya que por más que existan algunos antiguos “vanguardistas” quizás no lo confiesen por ser una carga más que una gloria.

Tanta vicisitud me obligó entonces a salir a la calle para buscar a esta especie tan rara, más rara aún que los homosexuales en Latinoamérica que parecen no haber (excepto en ciertos bares) ya que aquí somos bien machos.

Mi Primera y última escala fue en las afueras de la Asamblea legislativa donde ya había ido en ocasiones anteriores y había visto a esos raros ejerciendo derechos y libertades que muchos jamás han ejercido. Desgraciadamente no obtuve muchas respuestas en un comienzo y quizás pienso que fue por el hecho de parecer más a un agente de seguridad por mis preguntas ansiosas que por mi gentileza. Así que lo intenté más lejos, esta vez con una mujer, allí funcionó. Claudia, estudiante, defiende a su país del imperio maldito, jamás va al Mc Donals y nunca ha comprado el diario oficialista La Nación, aunque ya lo ha leído porque en su casa a veces lo compran el fin de semana. No cree en dios, pero tampoco es anarquista, su problema más grave en la Universidad o con la familia está en sus creencias religiosas y en su pensamiento político. “A veces me siento sola, diferente (…) para algunos soy una vergüenza y creen que cambiaré cuando tenga treinta y tenga hijos…”

En la calle no siente desprecio de la gente y se siente apegada al adulto mayor y a los indígenas que le gustaría conocer más. Pero ante mi pregunta: "¿es difícil ser comunista en este país? La respuesta es interesante: “No es difícil serlo sino más bien parecerlo, si ud. no parece, no dice nada, no pasa nada”.

Es entonces que yo me pregunto (aunque no se lo pregunté): ¿Es entonces como ser homosexual, o discapacitado?. Es un fenómeno de marginación contra una minoría y es muy probable que en la empresa costarrisence Dos Pinos o en la televisora Teletica no consiga un empleo si se aventura a ejercer su libertad de expresión política…

Más allá, una dama de edad cabello blanco, muy interesante, tanto es así que ni su nombre marqué para este escrito de tanto que me contó sobre las épocas del Partido Vanguardia donde militó a escondidas. Según plantea hoy es más fácil porque uno es más libre de leer o escribir diciendo soy comunista. Pero “el problema es que si uno dice eso nadie lo escucha a uno y hasta o tildan de loco”. Esto asemejándose a una pena de muerte social, me digo que más que dañar por la indiferencia a una persona, la sociedad, al mismo estilo del despotismo ilustrado europeo, se pierde de un aporte desde un ángulo distinto.

No me cabe entonces duda que la discriminación existe, solo que de una manera tan sutil y por tanta gente que no parece discriminación, sino que parece la norma. Sin embargo me queda una duda: si no nos gusta "comunista o socialista", ¿es mejor decirse "de izquierda", “Bolivariano” o "revolucionario"? Quizás sea más elegante en esta sociedad llamarse centrista, ecologista o más correcto aún sería seguir el consejo de Su Majestad el Rey de la Madre Patria, porque como dicen por estas calles costarricenses: “Calladito, más bonito”.

Migrantes: de sufrir en el Perú, a ser violentados en Chile

Gracias al neoliberalismo peruano y al neofascismo chileno, la situación de los inmigrantes peruanos puede convertirse en un profundo conflicto social a mediano plazo, esta es la historia: 

El contexto político-económico del Perú: una condición estructural determinante para la fuga de nacionales al extranjero

Un fenómeno sorprendente en la sociedad peruana es la migración que sufren estos hacia otros países entre los que resalta según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Estados Unidos (con un total de 50% de los migrantes peruanos), Argentina (7,2%), pero también España (6,5%), Chile (4,7%), y en menor escala Japón (3,2%), Canadá (1,1%), etc.

Los factores que hacen que los peruanos migren hacia el exterior son principalmente económicos debido a que éste país sufre desde su independencia de crisis económicas agudas que han generado en la actualidad, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), una pobreza que en el 2004 golpeaba a 51% de la población. De igual modo, la informalidad laboral que genera a su vez inestabilidad económica, es otra causante de éste flujo migratorio, así en Lima, se registra entre el 2006 y febrero del 2007 un desempleo y subempleo que preocupan a más del 61% de la Población Económicamente Activa (PEA). Todo esto, acrecentado por problemas políticos internos y factores globalizantes (la TV por cable por ejemplo), incentivan la mimetisación de las personas, provocando la salida del Perú entre 1990 y 2005 de 1’655,850 nacionales.

En este sentido, cabe recalcar que la peor crisis económica del Perú durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990), que hundió al país en más de dos millones por ciento de inflación, no es la gran causante de esta fuga de capital humano, como se muestra en cualquier cuadro sobre evoluciones migratorias del Perú.[1], los índices de migración aumentan a partir del 2000 por la inestabilidad política del fin del gobierno de Fujimori, su fuga al Japón y por la mayor oferta de vuelos a precios accesibles para la clase media.

 

El flujo migratorio desde un país inestable hacia uno próspero: Omisiones en el rol del Estado chileno como premisas para una historia de racismo

Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo se revela una situación de desamparo y subempleo grande entre los peruanos de Chile, es posible que se deba a la ilegalidad y a la imagen negativa que se tiene del inmigrante peruano, pero este estudio resalta que el principal problema es la falta de reconocimiento y de respeto a sus derechos laborales, a pesar que también se muestra una motivación de los peruanos al trabajo principalmente para enviar dinero a su familia.  

En este sentido, la migración moderna hacia Chile se produce después de la caída de la dictadura de Pinochet en 1990 debido al crecimiento de la economía chilena en comparación a la grave crisis terrorista y económica que sufría el Perú. Así, aunque ciertos peruanos eran profesionales, la mayoría provenía de clases socioeconómicas bajas sin calificación, lo que los obligó a desempeñarse en puestos de obreros, empleados del hogar y otros con remuneraciones bajas pero que eran suficientes para ayudar a sus familias en el Perú. No obstante esto, la crisis asiática de 1998, afectó también a Chile, lo que generó un alza en la cifras de desempleo hasta llegar a 12% mientras los peruanos seguían llegando. Esto provocó que la opinión pública chilena cuestionara la situación del flujo migratorio y la situación de la colonia de peruanos en su país. Desde allí y hasta hoy, un segmento de la población afirma sin sustento que los migrantes ocupan los empleos chilenos, que en realidad son los empleos más bajos o con condiciones laborales ilegales, y que el gobierno debería asumir una actitud nacionalista desarrollando leyes de protección que impidan el trabajo a extranjeros o den prioridad al chileno como está previsto respectivamente en Costa Rica con los estudiantes internacionales o en el mismo Perú en su Código laboral.

En cuanto al numero de peruanos en Chile, el INEI del Perú estima que en 2005 eran cerca de 85,000 personas, mientras que para las autoridades de Santiago el censo del 2002, arrojó que de las 195,311 personas que declararon haber nacido fuera del territorio chileno, solo cuarenta mil eran peruanas, de las cuales se calculan que algunos 15,000 eran ilegales, ya sea por el vencimiento de sus visas o por haber pasado la frontera fuera de los controles legales (OIM, 1997). Pero a pesar de esto, la posición del peruano es tan importante en la sociedad chilena que para reflejar esta realidad, la televisión nacional de Chile incluyó en una serie la presencia de una "nana" peruana en un hogar de clase media alta (Diario La Tercera, 1998), siendo ésta la situación vivida por unas 30,000 mujeres en todo Chile (OIM, 1997). Sin embargo estas acciones inclusivas, aunque sean de personaje de segunda categoría, no contrarrestan las múltiples actitudes anti-peruanas que parecen caer en una situación sistemática.

Así por ejemplo, según el Servicio de noticias para la Mujer en Latino-América y el Caribe (SEMLAC) una migrante peruana de nombre Vilma cuenta que las dueñas del hogar (empleadoras) en Chile “son algo más déspotas”. Vilma estuvo antes en Argentina y explica que allá “las señoras eran amables y cariñosas, hasta me sentaba en la mesa con las familias que trabajé, aquí tengo que estar como escondida”

Según Carolina Stefoni, socióloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado, el simple “hecho de que el setenta por ciento de las peruanas esté trabajando en el servicio doméstico es el mejor indicador de la discriminación” que existe en Chile, ya que aunque las “nanas” peruanas hayan pasado más tiempo en la escuela[2] que las “nanas” chilenas, no llegan a acceder a puestos de trabajo superiores cuando las chilenas lo logran con enseñanza secundaria completa. Para Carmen Sarsoza, integrante del grupo de Mujeres Migrantes de Estación Central, la migración no suele verse como una “oportunidad para alimentar la cultura, y mientras no haya un discurso desde las autoridades que destaque cómo se enriquece la sociedad con la inmigración, se seguirá viendo como un problema”. Añade además que “los y las peruanas sienten que no tienen derechos en Chile, por esta razón se reúnen en guetos[3], para protegerse”.

Además de esta situación, conocida por todos, pero en donde el gobierno no reacciona y omite sus funciones de respeto al proyecto de vida digna de los peruanos, estos últimos siendo ilegales en Chile, no pueden acceder a los servicios de salud, a una educación de calidad o a un trabajo digno, según Nicolás Espejo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Chile en la presentación del informe anual sobre Derechos humanos en Chile del 2007. Por otro lado, añade que “los inmigrantes como los peruanos, que se encuentran en situación irregular, es decir aquellos que no tienen una visa o contrato de trabajo carecen de identificación y se encuentran invisibilizados, porque al carecer de este tipo de documentación no pueden acceder a servicios de salud, a una educación de calidad, ni a un trabajo digno, ni a protegerse en la Ley General del Trabajo” (Radio San Borja, 2007). Espejo recalcó que el problema de la integración de los migrantes indocumentados es estructural. Esto debido a que muchas veces los funcionarios públicos, en desconocimiento de los textos internacionales de protección de los DDHH no saben si es o no correcto prestar un servicio de salud o educativo al hijo de un migrante ilegal. .
Lo que revela además, lo estructural del problema es que aún se encuentre vigente un Decreto Ley (N° 69), que distingue a los inmigrantes de origen europeo con los de procedencia latina[4], violando el principio de igualdad entre seres humanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos[5]. En este sentido, por más que este decreto no se aplique directamente en Chile después de la caída del fascismo pinochetista no significa que se deba de mantener ya que sin gestos por parte del ente político la idea seguirá presente y hasta será aval para ciertos actos de xenofobia. Por ello, algunos grupos neonazis que operan en Chile siguen atacándose a las minorías peruanas sin que el gobierno actuara por frenar esta violencia (La Nación -Chile-, 2006). Incluso el gobierno, por su Ministerio del Interior, reconoce la situación desigual entre migrantes, ya que los peruanos por falta de calificación, en comparación con otras nacionalidades, son más vulnerables a actitudes xenófobas o a la explotación laboral (Biblioteca del Congreso Nacional, 2006).

Frente a estos problemas latentes, cientos de peruanos marcharon en abril del 2004 por las calles de Santiago en protesta por los abusos laborales y atropellos a los derechos de los inmigrantes, lo cual indica que hoy, es muy difícil ignorar esta situación. En ese mismo año una encuesta a peruanos inmigrantes reveló que el 40% deseaba regresar a su país y califica a Chile como "país discriminador".

La violación de los derechos laborales de los peruanos en Chile y un marco legal inexistente: la concepción moderna de la esclavitud

Un inmigrante, de iniciales J.E.M. tiene nacionalidad peruana, vive irregularmente en Chile desde hace siete años según el Informe 2007 sobre Derechos Humanos de ese país. Trabajó en una soda por un sueldo de 80.000 pesos chilenos, cuando el sueldo mínimo era de casi 120.000 pesos, es decir un 50% inferior al mínimo legal. El trabajo que desempeñaba era precario por lo cual ciertos meses prescindían de sus servicios, por último, no fue pagado durante un mes y medio siendo amenazado de denuncia ante las autoridades de Migración y Extranjería si acusaba a sus empleadores.

Por éste y los demás indicios presentados precedentemente, parece ser que los derechos laborales de los peruanos son los más atropellados en Chile ya que es la primera de las reivindicaciones que los peruanos hacen a Santiago. En este sentido, en comparación con lo expuesto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU en su OG N°18, el derecho al trabajo es la base fundadora para el respeto de los demás derechos humanos por constituir una parte inseparable et inherente de la dignidad humana, lo cual se expresa en la siguiente frase retomada del Informe 2007 sobre Derechos Humanos en Chile que dice: “toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad”. Por ende, si Chile no quiere convertirse en un país que someta por su inacción a la esclavitud moderna de los migrantes es importante que el Estado actué en tres ejes para respetar las condiciones del derecho humano al trabajo: el acceso universal a los servicios sociales básicos a través de contratos laborales adaptados; implementación de la ley interna migratoria con información de esta a los interesados; y por último, fiscalización de la acción de los empleadores frente a las posibles violaciones a estos derechos fundamentales ya que actualmente esta acción no es efectiva[6].

Así, la actual situación de Chile en cuanto a los derechos de los migrantes solo permite resaltar la permisividad de las instituciones dejando entrar a los peruanos de la misma forma que circulan mercancías en la frontera y tolerando que estos cubran los puestos básicos del mercado laboral, pero sin legitimar su presencia con leyes, acomodaciones o pronunciamientos (discursos, circulares a Instituciones) que especifiquen la postura a tomar ante la presencia de migrantes ilegales o en el mejor de los casos que opten claramente por el respeto de sus derechos humanos.

Uno de los esfuerzos hechos por el gobierno Bachelet para eliminar este problema se hace a raíz de la visita del Canciller peruano a Chile en octubre del 2006 creando un Consejo de Integración Social peruano-chileno con la finalidad de que diferentes ministros (entre ellos el de trabajo) cooperen para la mejora de las condiciones de vida de los migrantes de ambos países, es una medida bilateral prometedora si se trabaja atacándose a la estructura del problema, más que a ocuparse de problemas aislados, esto sería por ejemplo:

v Implementar una educación de respeto a las diferencias étnicas desde la infancia

v Universalizar, en derecho positivo, el acceso de los migrantes a los servicios sociales

v Fiscalizar los actos xenófobos, racistas o de desigualdad contra las minorías

v Aplicar la penalización existente por violaciones a los derechos humanos

No obstante a esto debe de adjuntarse la eliminación de condiciones injustas previstas por ley dentro de los contratos laborales dirigidos hacia los extranjeros. De esta forma, en Chile se suprimiría la cláusula de viaje, que dispone, de forma desventajosa para ambas partes[7], que el empleador pague el viaje de regreso del empleado y toda su familia hacia su país de origen al final del contrato. Este es, por su alta inequidad entre trabajadores y por su inoperancia en la practica, el punto más absurdo de los contratos de trabajo hacia migrantes.

Por otro lado, desde el punto de vista institucional el Estado, aunque ha mostrado cierto interés por no seguir la línea discriminatoria de un segmento de su población ha dispuesto por ley que la policía no pueda detener a los inmigrantes ilegales de Perú y Bolivia sin una denuncia previa, pero debe de entenderse esto solo como tolerancia más que como una acción integradora. Además, una amnistía migratoria similar a la aplicada en 1998 por el Ejecutivo se concedió a los ilegales a finales del año 2007, así, miles de peruanos ilegales accederán según la ministra de Planificación, Clarisa Hardy, a los mismos derechos de cualquier familia chilena como “al sistema educacional”, “al sistema de salud” y a programas como el Chile solidario “para las personas que están en situación de extrema pobreza”. No obstante, esta medida no arregla en nada la situación de los peruanos que llegarán en el futuro a Chile, ni mejora la imagen que la sociedad chilena tiene de ellos, ni se ataca a implementar la estructura estatal para acoger a esta nueva categoría social con necesidades particulares Solo resuelve momentáneamente un problema a la espera de otro, sin adelantarse, como lo haría hábilmente un jugador de ajedrez.

Sobre las razones por las cuales Chile no puede desligarse de su rol de protector de los derechos de los trabajadores extranjeros

Es cierto que lo que conocemos como Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) dentro de los cuáles figura el derecho al trabajo, son reconocidos únicamente por su carácter progresivo en el sistema interamericano según el artículo 26 del Pacto de San José de 1969, por ello cada Estado debe de cumplir en la medida de sus posibilidades con el acceso a la salud, el derecho a la alimentación, etc. de su población. Además nada indica que un Estado deba de asumir un rol de protector de estos derechos para con los extranjeros que vivan en su territorio.

De este modo por ejemplo, si algún migrante peruano en Chile considera que su derecho al trabajo o a una condición justa y equitativa de éste han sido violadas, no podrá alegar ni el Pacto de San José, por no haber artículos que respalden ese derecho, ni tampoco podrá defenderse a través del Protocolo de San Salvador, a pesar que sus artículos sexto y séptimo defiendan estos derechos explícitamente. Esto se debe a que los Estados Parte del sistema interamericano reservaron solo un par de temas a la jurisdicción de la Corte IDH, entre los cuáles no figura ni el derecho al trabajo, ni el de la alimentación, acceso a la salud, educación, un medio ambiente sano, etc.

Sin embargo, ni Chile, ni Perú, ni ningún otro Estado respetuoso del derecho internacional puede alegar que las disposiciones de su derecho nacional no prevén o son contrarias al jus cogens ya que este último se impone imperativamente ante todo sujeto de derecho internacional. Por ello, Chile debe de cumplir acumulativamente con dos condiciones para que éste respeto sea efectivo: en primer lugar, dicho Estado debe de abstenerse de realizar acciones de discriminación en el acceso a la salud, educación, trabajo, etc., pero, en segundo lugar, debe de adoptar medidas positivas para revertir las situaciones discriminatorias como las que viven actualmente los obreros y empleadas del hogar peruanas en Chile. Esto significa que respetar los derechos humanos por la abstención a violarlos no basta y debe siempre de completarse con un principio de prevención cambiando medidas que creen situaciones discriminatorias. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-18/03 declara aparte del rol pasivo del Estado como consejero y abstinente de actos discriminatorios, deben de comportarse como entes activos en lo que concierne a la erradicación de la discriminación. Por ello, se pide que los Estados aseguren, en su derecho interno, el acceso concreto de toda persona (no solo los ciudadanos nacionales) a sus derechos fundamentales, en igualdad con todas las personas e independientemente de su estatus migratorio.

Observemos además que la Corte señala como erga omnes el hecho que todo sujeto de derecho, inclusive particulares, atenten contra los derechos humanos. Este principio proviene del caso Tribunal Internacional de Justicia, Barcelona Traction, que enuncia que las obligaciones erga omnes son aquellas que incorporan valores esenciales para toda la humanidad, y que se contraen ante toda la comunidad internacional. En otras palabras, una obligación erga omnes, impone a todos los Estados, incluso a los terceros que respeten ciertas obligaciones fundamentales. En este caso, la Corte Interamericana reconoce a la igualdad y a la no discriminación, como obligación erga omnes lo cual la rinde obligatoria para todos, incluso para las relaciones entre chilenos y peruanos.

Conclusiones y recomendaciones para una relación pacífica entre sociedades

Las migraciones de peruanos hacia el extranjero han aumentado mucho en este último lustro por causas estructurales, políticas y económicas que los gobiernos desde Lima parecen ser incapaces de solucionar. Estos flujos no solo se hacen hacia grandes potencias industriales, pero también en dirección de países del Sur más prósperos como es el caso de Chile. Sin embargo, a pesar de que en este Estado los peruanos van motivados por el trabajo y ocupan puestos de base que a los chilenos no interesan, existe un sentimiento de hurto a lo nacional por migrantes que incomodan y una idea falsa (compartida por extranjeros y nacionales) de que los migrantes ilegales no tienen ningún derecho. Esto los convierte en vulnerables de todo tipo de violencia tanto directa (golpes, insultos), como estructural (leyes injustas, falta de acceso a los servicios sociales).

Así, por más que el Estado no coopere activamente en esta xenofobia, por su inacción en la abolición de leyes fascistas, por su falta de políticas educativas en materia de respeto de las diferencias y por su ineficacia en la organización para la inserción de los migrantes en la sociedad, corre el riesgo de convertirse en colaborador pasivo de la desigualdad de trato y por ende del racismo hacia los peruanos.

Aquello, se aprecia sobretodo en materia laboral, donde miles de migrantes trabajan en condiciones precarias, con sueldos bajos, maltratados y sin conocimiento de sus derechos. Por ello, la implementación del derecho al trabajo en condiciones justas y equitativas tal y cual es reconocido por la ONU y el derecho progresivo interamericano, como base de una vida digna para el desarrollo de los demás derechos humanos, debe de ser la piedra angular de las futuras reformas si se desea no seguir el ejemplo magrebí-europeo y construir una convivencia pacifica entre dos pueblos hermanos y las futuras generaciones de estos.

Bibliografía

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COMISION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969 

COMISION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 17 de noviembre de 1988

COMITE DESC DE LA ONU OG N°18, El derecho al trabajo 6 de febrero 2006

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión Consultiva OC-18/03 (2003) San José

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Minorías Califican como débil acción del gobierno frente a violencia neonazi, diario La Nación 20 junio 2006, Santiago de Chile

MUJICA PETIT J; CEDAL PERU, Migración peruana en Chile, Boletín #20 Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción 2007

NUÑEZ L, STEFONI C. Resultados preliminares sobre una encuesta a inmigrantes peruanos en Santiago de Chile (2005) FLACSO, Chile

ORTIZ J, “Si es peruana, es nana”, Cimac Noticias 13 de marzo 2007 Santiago de Chile

SANCHEZ VASQUEZ V, Realidades y tendencias, Identidades N°95, Diario el Peruano 17 de octubre 2005 Lima

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STAGNARO G, Al Pie Del Orbe, Identidades N°95, Diario el Peruano 17 de octubre 2005 Lima

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[1] Fuente del cuadro citado como ejemplo: Dirección General de Migración del Perú y Altamirano, Teófilo (2003) “El Perú y Ecuador nuevos países de migración” Ponencia presentada en la conferencia regional “Globalización, migración y derechos humanos”. PADH, Quito, Ecuador Septiembre 2003.

[2] 59% por ciento de los inmigrantes peruanos tienen estudios secundarios completos según las investigadoras Lorena Núñez (Programa de Doctorado de la Universidad de Leiden, Holanda) y Carolina Stefoni (FLACSO- Chile)

[3] Estos guetos, son casas antiguas llamadas “cites” donde se aglutinan un máximo de familias que ocupan, en el mejor de los casos, una habitación. Las condiciones de seguridad son precarias en caso de incendio o sismo y en lo que respecta a la salud se debe de resaltar la falta de servicios higiénicos ya que estas casas cuentan solo con un baño para veinte, treinta o hasta cuarenta familias.

[4] Este Decreto ley apela a la selección de la inmigración europea como utensilio para mejorar las condiciones biológicas de la raza. 

[5] Art. 7: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley…” 

[6] Según el Informe 2007 sobre Derechos Humanos de Chile, un migrante peruano llamado Alberto alega que muchos de sus compatriotas no tienen contrato laboral para poder ser pagados más de lo que ganarían si cotizarán, sin embargo ésta grave situación ilegal que no les permite de acceder a los servicios de salud no es controlada por ningún servicio estatal 

[7] La firma del contrato laboral notariado donde figure esa cláusula de viaje es obligatoria para que el Ministerio del Interior chileno acepte la legalidad del contrato con el extranjero y por ende, que legalice los documentos migratorios del peticionario. Esta cláusula desventajosa casi ninguna empresa la firma por tener un costo alto e incierto (los miembros de la familia pueden aumentar, los precios del viaje varían, el contrato puede terminarse de forma muy anticipada con lo cual los gastos serían más altos que los beneficios, etc.). Frente a la situación desigual, los migrantes, en busca urgente de trabajo, renuncian a que se introduzca dicha cláusula y no pueden legalizar su situación migratoria.  

Después de Pinochet, Baltasar Garzón atacará a supuestos genocidas marroquies

Según el diario ecuatoguineano Afrol news, el juez Baltasar Garzón habría decidido abrir una investigación judicial contra el supuesto genocidio cometido por las autoridades coloniales marroquíes en el Sáhara Occidental desde su ocupación en este territorio desde 1975.

En medios oficiales ha declarado lo siguiente: "Decido aceptar la competencia de juzgar las quejas por delitos de genocidio, de torturas y de asesinatos" contra una lista de altos dignatarios del régimen marroquí.

El juez cita una treintena de nombres entre los cuales figura Abdelaziz Bennani, inspector general de las Fuerzas Armadas marroquíes, comandante del sector sur de Marruecos y del Sáhara Occidental, Hosni Bensliman, comandante de la Gendarmería, y otros altos responsables marroquíes como el general Abdelhak Kadiri, Yassin Mansouri (jefe del contraespionaje, miembro de la delegación marroquí en las negociaciones de Manhasset I y II), y el general Hamidou Lanigri.

Tanto el secretario general de la ONU, como el alto comisionado de la ONU encargado de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y ‘Human Rights Watch’, han señalado estos últimos años en sus diferentes informes las violaciones endémicas de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Preguntado sobre el alcance de esta decisión, el presidente de la Asociación de Familiares de los Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa), ha mostrado su satisfacción por esta decisión que no dejará de "hacer justicia al pueblo saharaui y a las víctimas del genocidio marroquí en el Sáhara Occidental".

© afrol News

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Manifestaciones en Francia: la precaridad cotidiana se enfrenta a la ignorancia de los tecnócratas

Hace unos días, correos, diarios, escuelas, estaciones de tren y otras decenas de instituciones no funcionaron correctamente en Francia debido a la movilización masiva de cinco millones de funcionarios públicos galos. Miles de personas salieron a las calles en Paris, Nantes, Rennes, Lyon y otras grandes ciudades en 148 desfiles de todo el país, en algunas de ellas los policías se mostraron agresivos amedrentando a los grupos universitarios.

El conflicto social que mueve desde hace ocho días a millones de franceses es el primero de gran envergadura que tiene que enfrentar el nuevo Presidente francés con su segundo gabinete ministerial. Sarkozy quien pronaba durante la campaña electoral la “ruptura tranquila” con respecto al régimen de Chirac, está cumpliendo sus promesas y se lanza ahora en un sistema menos social y más austero en vista de un repunte macroeconómico que le permita tener más liquidez al Estado quién terminará este 2007 con 38 mil millones de euros de déficit (10% menos de lo anunciado). No obstante los paquetes fiscales y la mediatización positiva de este cambio, todo indica que una vez más los tecnócratas han subestimado el capital de descontento que mueve a los franceses desde hace más de una década ya que dicha ruptura no tiene nada de tranquila.

En ese sentido, nada más basta con observar la progresión de los salarios y de los gastos de un funcionario público para entender, sin ser economista, que aunque no se viva una situación de carácter humanitario, no existe un bienestar social en dicho país e incluso, lo que es más grave, no se vive dignamente. Así por ejemplo, en Paris, una de las ciudades más caras del Mundo, un profesor con dos o tres años de ejercicio es pagado 1600 euros. Además, como la gran mayoría de jóvenes funcionarios no es propietaria, este profesor tendrá que pagar un alquiler que oscila entre los 900 y 1000 euros, a esto se añaden los servicios básicos (luz, gas, y teléfono, el agua estando casi siempre incluida en el alquiler) que no bajan de 150 euros en invierno. Por último, llega la alimentación que sin lujos puede costearse a unos 300 euros al mes y los abonos a transportes urbanos donde se deducen 100 euros más. Pero la pregunta es, ¿cuánto queda después de tanta reducción? Solo 150 euros… que pueden ahorrarse para pagar impuestos municipales fin de año, tasas fiscales, el impuesto anual al uso de la televisión, o las reparaciones obligatorias en caso se tenga un auto.

Cabe recalcar que en este ejemplo, no hay exageraciones, el departamento del supuesto funcionario será un 30 metros cuadrados sin vista a la torre Eiffel, y la calefacción estará apagada en la noche para evitar gastar mucho gas con el riesgo de amanecer con tortícolis o una gripe.

Esto quiere decir que a pesar de haber estudiado cinco años, y trabajado todos los días de un mes, a uno no le queda nada al final, y no se le permite al ciudadano francés común de tener un proyecto de vida para creer sin temor a la pobreza que puede fundar una familia.

Pero por dicha existían hasta las nuevas reformas provenientes de la ruptura sarkosiana, un sistema del seguro social donde todos son atendidos gratis, ayudas económicas directas para los desfavorecidos y la esperanza de llegar a los 65 años para recibir una pensión. No obstante, hoy el gobierno critica el hecho de que el seguro de salud esté en déficit cada año, como si su función debiera ser de ganar dinero a costa de los enfermos, por ello ha reducido los porcentajes de reembolso para prestaciones y ha suprimido ciertos medicamentos que antes eran gratuitos. En cuanto a la jubilación, esta pretende pasar ahora a cuarenta años de cotización, lo que quiere decir que en un país donde los empleos estables y a tiempo completo están dirigidos para los más de treinta años, la población económicamente activa de hoy se pensionará a partir de los setenta años. Lo cual no da mucha esperanza a los jóvenes estudiantes que pretendían hacer largos estudios como los científicos, médicos, abogados o profesores con calificaciones especiales.

Además, en la estrategia de aumento de fondos del Estado, las reformas de austeridad tienen como objetivo principal la supresión de puestos en la función pública lo que impedirá a miles de actuales estudiantes sobre todo en educación física, historia, idiomas, literatura y ciencias, de encontrar el puesto por el que luchan desde años en la universidad.

Por esta razón, los estudiantes, con 44 universidades cerradas, y los maestros son los más movilizados en este conflicto, pero a ellos se les unen por cuestiones más particulares a su profesión los ferrocarrileros, quienes estiman una baja del poder adquisitivo en sus sueldos, un temor sobre primeras conversaciones de privatización, una falta de compensación por el alto grado de estrés de sus labores y un cambio de reglas que no les favorece en su sistema de pensiones. Por ello, el sistema de transporte de Francia ha colapsado con personas que no pueden ir a sus trabajos, ciertos productos que no llegan a ciudades, materias primas que no pueden transportarse y perdidas que superan, según el ministro del presupuesto, los 500 millones de dólares en declaraciones hechas ayer a radio France Inter.

A pesar de no haberse mostrado mucho desde el inicio del conflicto, delegando su habitual figuración a los ministros, el Presidente Sarkozy ha declarado este martes 20 de noviembre, en un congreso de alcaldes, que no cederá frente a las protestas, siendo esta una actitud que en el movimiento social precedente (del 2006) llevó al desprestigio del ex ministro De Villepin. Sin embargo, parece que Sarkozy cree en su imagen de hombre fuerte y en el fiel apoyo de un segmento de la población conservadora y empresarial.

Pero sea cual fuere su estrategia, esto demuestra indiscutiblemente que la luna de miel de aprobación popular post electoral de la cual Sarkozy no benefició mucho, esta vez si parece haber terminado. Por ende, si el Presidente no mejora su estrategia social, en lugar de economizar con el dinero de los trabajadores y de los pobres, los tendrá siempre como enemigos en las calles y quizás también en un futuro en las urnas.

francia

 internacional

Corte Interamericana: el caso Yakye Axa y los derechos sociales

Siendo sincrético pero concreto, podemos decir que dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el caso Yakye Axa contra Paraguay es una reafirmación en defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (de aquí en adelante DESC) dentro de este sistema. Sin embargo, la forma en la que se defienden estos DESC es peculiar, por esta razón creemos conveniente resumir el fondo de este caso para luego analizarlo a la luz de:

- La protección de los DESC por el sistema interamericano

- La gran influencia político-ideológica dentro del sistema interamericano

- Los antecedentes y evoluciones posteriores al cas d’espèce

Resumen sobre el fondo en el caso Yakye AXA

En este sentido, en el caso de especie se denuncia al Estado paraguayo por no reconocer la propiedad sobre territorio ancestral a comunidades indígenas. Además se le denuncia por violación del derecho a la vida de los indígenas ya que supuestamente se les privó de sus medios de subsistencia tradicionales. Así se trata de obligar al Estado para que adopte las medidas necesarias para satisfacer el estándar de una vida digna a este grupo vulnerable.

En su fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que Paraguay no adoptó las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para garantizar a la comunidad el uso y goce efectivo de sus tierras tradicionales y con ello amenazó el libre desarrollo y transmisión de su cultura y prácticas tradicionales. Así, la Corte resolvió que Paraguay violó los derechos a la propiedad y a la protección judicial, así como el derecho a la vida ya que privó a la comunidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales.

Además, entendió que el Estado no adoptó las medidas positivas necesarias para asegurarles durante el período que permanecieron sin territorio, las condiciones de vida compatibles con su dignidad.

También, se estableció, que la comunidad careció de acceso adecuado a alimentos, servicios de salud y educación, falleciendo dieciséis personas a causa de estas condiciones de vida.

Por último, en lo que nos concierne aquí, la Corte IDH consideró que el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas orientadas a la satisfacción de una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo cuya atención se vuelve prioritaria.

Antecedentes interamericanos con respecto al concepto de proyecto de vida digna: El caso Niños de la calle y la indivisibilidad de los derechos humanos

En este caso los magistrados de la Corte IDH reafirman su interpretación amplia del derecho a la vida tomando en consideración las normas sobre salud, educación y alimentación para condenar un Estado por desligarse de sus deberes y “dejar morir” a un segmento vulnerable de sus ciudadanos. Así después de la jurisprudencia “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, del 11 de Septiembre de 1997, es el segundo precedente en el cual la Corte ha mostrado su interés por lo que se denomina proyecto de vida digna.

En este sentido, en el caso de los “Niños de la Calle” se establece que la muerte como tal no solo puede ser dada de manera directa, pero que también puede ser impuesta por un modelo estructural orquestado o tolerado por el Estado. Es así, como en ese caso, el Estado de Guatemala fue condenado por no evitar las causas que llevaron a cinco niños a su muerte. Extendiéndose el principio a la privación del derecho de vivir con dignidad, y esto de manera evolutiva dentro de la protección de los derechos humanos como un conjunto, ya que esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos.

Por ello, después de esta jurisprudencia de 1997, Yakye Axa no es considerado como una afirmación, sino más bien como una reafirmación dentro de lo que deberían ser la protección de los DESC.

Una protección camuflada de los DESC o la sumisión de la Corte a la presión política en el sistema interamericano

En efecto, en el sistema interamericano existe una prioridad en lo que concierne la protección de los derechos civiles y políticos con respecto a los derechos económicos sociales y culturales. Así podemos constatar que en el Pacto de San José (o Convención Americana sobre Derechos Humanos) veintitrés artículos defienden de manera expresa las libertades públicas, los derechos civiles y políticos de los americanos. Sin embargo, en los que concierne a los DESC, solo un artículo (el 26°) los cita pero no para defenderlos directamente, sino más bien para declararlos como de segunda prioridad al nombrarlos progresivos en comparación a los derechos civiles y políticos que si se consideran como obligatorios.

Para entender esto debemos simplemente recordar dos aspectos, uno histórico y otro geográfico.

Así, veamos en primer lugar que en el contexto de la Guerra Fría, cuando los bloques afrontaban sus ideas en el Mundo, se dio como establecido que los socialistas liderados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas defendían en prioridad a los DESC ya que veían en estos una urgencia dentro de los que son las necesidades naturales/culturales del ser humano. Por su Parte, los capitalistas occidentales encabezados por los Estados Unidos de América, piensan que en nombre no de la equidad, sino más bien de la libertad, deben de defenderse ante todo los derechos civiles y políticos, dejando para una segunda generación los DESC, es decir prorrogarlos a un plazo indeterminado bajo la etiqueta de lo progresivo o facultativo.

Es así como llegamos a nuestro segundo aspecto, el geográfico, ya que, como latinoamericanos, por nuestra posición en el mundo, es decir en Occidente, y por la cercanía con el líder mundial del bloque capitalista, los Estados Unidos, nuestro sistema continental no podía ser otro que el que defiende en prioridad a los derechos civiles y políticos. Este contexto acentuándose incluso después de la caída del muro de Berlín en 1989, cuando sin entrar en la lógica de Fukuyama sobre el fin de la Historia, se deslegitima el combate socialista que beneficiaba prioritariamente a los DESC.

Entonces, constatamos hoy que nuestro sistema interamericano es la imagen del triunfo de la Guerra Fría, y que por ello cuando se violan DESC en los Estados Americanos no se puede invocar a la Convención Americana para hacerlos respetar. A lo sumo, la lógica jurídica internacional querría que se pueda alegar el Protocolo Adicional de San Salvador de 1988 que defiende a los DESC en la region interamericana, sin embargo se demuestra con este caso Yakye Axa y con la jurisprudencia de Niños de la Calle que este Protocolo solo es “palabra al viento”, ya que los magistrados de la Corte IDH no basan en ningún momento sus fallos respectivos en dicho Protocolo, sino más bien que para defender los DESC violados, los camuflan dentro de una mascara compuesta por derechos civiles y políticos.

Así en el caso Niños de la Calle se defiende el derecho de acceso a la educación, salud, alimentación… bajo el pretexto de violación del derecho a la vida.

Y en el caso Yakye Axa tratando de defender el derecho de acceso a los servicios básicos y a la alimentación de la comunidad indígena, se alega la violación del derecho a la propiedad y a la vida.

Parece ser entonces que la Corte IDH, después de haber cedido a la presión política del líder occidental durante años trascurridos sin defender un solo caso de violación de DESC en América, ahora ha comenzado a defenderlos pero tratando de no comprometerse políticamente con los Estados americanos (occidentalizados).

Los tímidos avances de la Corte IDH en materia de proyecto de vida digna

Como hemos visto anteriormente se puede decir que aunque de manera muy lenta si se ha avanzado en materia de protección de DESC en el sistema interamericano. Esto en primer lugar con la extensión del concepto de vida en el caso Villagrán Morales Vs. Guatemala, y luego en la reafirmación del concepto de proyecto de vida digna en el caso Yakye Axa Vs. Paraguay. Es cierto que en ningún momento la Corte ha definido lo que es vida digna ni proyecto de vida, por lo cual todo lo que al interior de estos conceptos se puede incorporar es pura suposición. Sin embargo aunque esto no sea suficiente para hacer respetar un DESC y definirlo como tal, podemos decir que ya es un paso hecho en beneficio de su defensa.

En todo caso, posteriormente a estas jurisprudencias tenemos que reportarnos hasta el año 2006, para observar el caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay para entender que al igual que el caso congéne de la Comunidad Yakye Axa, se sentencia al Estado por su responsabilidad en la creación y perpetuación en el tiempo de condiciones infrahumanas que llevaron a la muerte de algunos indígenas.

No obstante mientras que para el juez Sergio García Ramírez este fallo muestra la constancia en la jurisprudencia de la Corte: “para referirme a un ejemplo de muy cercana fecha, de la sentencia dictada en el litigio Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, en la que nuevamente como una estación más en un camino que no ha variado…”

Para el Juez Antonio Cançado Trindade el fallo posterior al de Yakye Axa constituye una evolución y no un hecho constante porque los afectados de la Comunidad Sawhoyamaxa si encuentran justicia plena en el fallo cuando los de Yakye Axa no: “en la presente sentencia en el caso de la Comunidad Sawhoyamaya, se reencontró así con la más lúcida jurisprudencia del Tribunal... (el caso de la) Comunidad Yakye Axa raya lo absurdo, por cuanto estableció la violación del derecho a la vida en prejuicio de los sobrevivientes, pero no estableció la violación del derecho a la vida en prejuicio de los que efectivamente fallecieron! Summum jus, summa injuria”.

Cançado piensa en este sentido, que con este último fallo, no solo el Tribunal entra en una lógica lúcida por defender los derechos sociales de los pueblos, sino que además cree que se avanzó en materia jurídica al reconocer derechos violados no solo para los vivos que merecen tener una vida digna y un proyecto de vida, sino también para los que perecieron por no tener esos derechos.

Sin embargo, si deseamos seguir observando la evolución del concepto de vida digna o de protección de DESC en el sistema interamericano parece ser aún muy temprano para ver sentencias cada año ya que en este 2007 no ha existido tal cuestión, a pesar de vivir en un continente con las mayores asimetrías socio-económicas del Mundo. Esperemos que esto no coincida con la salida, del que parece haber sido el propulsor de esta pequeña revolución en materia de defensa del proyecto de vida digna, el jurista Antonio Cançado Trindade quien finalizó su cargo como juez el 31 de diciembre de 2006, y que la Corte tome como ejemplo estos primeros pasos apolíticos dados para defender a los grupos mas vulnerables de nuestra América.

¿Que hacer en un supuesto caso de etnias minoritarias viviendo en situación de discriminación y extrema pobreza, sin acceso a la educación, salud y con temor de ser expulsados si reclaman sus derechos?

En primer lugar para proteger como gobernante, y no como magistrado ni jurista, los DESC de esas personas se puede proponer hipotéticamente la creación de un ente estatal interministerial que obre en beneficio exclusivo de los DESC. Es decir una institución con las mismas prerrogativas de un ministerio que relacione a las carteras de la salud, educación, vivienda, etc. para hacer avanzar con acciones afirmativas un grupo de derechos que no se han desarrollado por privilegiar ciertas libertades y derechos de los que ahora gozamos en la gran mayoría de los países Americanos (democracia, libertad de prensa, libertad de reunión…). Sin embargo, sin más, esto solo beneficiaría a los nacionales de los países que eventualmente emitan este tipo de organización social, ya que los patriotismos y nacionalismos anclados en las sociedades latinoamericanas impedirían, de manera contranatural al panamericanismo, la extensión de derechos (individuales o económicos) a los extranjeros. En respuesta a esto, se puede pensar que la solución podría ser que así como por soberanía los derechos políticos se reservan a los ciudadanos de los Estados, por lógica humanista se podrían extender los DESC hacia todos los habitantes de un Estado (poco importa si son o no ciudadanos). Es decir que para el beneficio de ciertos derechos se debería borrar el concepto anti-integracionista de la ciudadanía en nombre de los derechos humanos.

No obstante, sin que esto exista, y dentro de una lógica jurídica, se puede diseñar una estrategia para defender los derechos humanos de estas personas. Por un lado, se les puede representar si el peligro de que los expulsen es latente. A partir de allí se debe de recopilar la mayor cantidad de indicios que puedan determinar de manera flagrante que existe una discriminación contra esos migrantes (testimonios, denuncias, certificados médicos por golpes, fotos…). En paralelo, se debe de buscar en la normativa interna, puntos que puedan corroborar que existe una discriminación para el acceso a los servicios de salud, educación… ya sea con textos llamados “de preferencia nacional” (ejemplo del código laboral en Perú) o que seleccionen solo a ciertas categorías de personas para acceder a la educación (prioridad de visas únicamente para extranjeros con posgrados por ejemplo).

Con estas pruebas también se deben de reagrupar en una asociación de hecho a personas extranjeras que se encuentren en la misma situación que los migrantes en cuestión. Todo esto con el fin de establecer y probar que existe una acción sistemática del Estado en contra de los migrantes, y que no son casos aislados.

Así, sería conveniente interponer un recurso que pueda amparar a estas personas clamando ya sea la anticonstitucionalidad de los comportamientos y/o normas estatales, o bien planteando la incompatibilidad de las normas y/o comportamientos estatales con los textos internacionales de protección de los derechos humanos (bajo la Declaración Universal de Derechos Humanos por la fuerza del jus cogens, o con el Protocolo Adicional de San Salvador si el Estado es Parte).

En caso que esto no prospere, se debería tener listo un expediente con el cual se pueda llamar la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington para que pueda investigar sobre el caso enviando eventualmente peritos al país que supuestamente viola los derechos humanos y realice una audiencia convocando a las Partes. Sería conveniente, según lo que hemos apreciado en las jurisprudencias anteriores, que para que prospere el caso, no se apele directamente la defensa de los DESC de esos migrantes, sino más bien se debería optar por la brecha abierta por los magistrados vanguardistas, escudándose en la violación de una libertad individual para salvaguardar los DESC de estas personas. Así por ejemplo, se puede alegar la violación del derecho a la vida si es que ha habido muertos por falta de acceso a la salud. O también, se puede apelar a la violación del proyecto de vida si es que no pueden acceder a la educación.

En este estado, es probable que si el expediente que se presentó a la Comisión es contundente y verídico sobre lo sistemático de la discriminación, esta institución proceda y lleve el caso ante la Corte IDH quién eventualmente se encargará de sentenciar al Estado que “acoge” a los migrantes, restableciéndose en el mejor de los casos sus derechos fundamentales.

Hay que resaltar aquí que se puede presentar una petición individual, siempre y cuando se establezca que la acción negativa del Estado es sistemática, esto se puede hacer describiendo la situación de una persona individual pero adjuntando ejemplos de otras personas que estén en el mismo caso o a las que se les hayan violado los mismos derechos. También se puede usar la petición colectiva como en el caso de las Comunidades indígenas, en este caso, quizás exista una posibilidad más grande de que se pueda prosperar ya que se delimita precisamente el grupo social que esta siendo violentado estructuralmente en sus derechos y por ende esto se puede sobrentender como discriminación racial o acción negativa por parte de un grupo social poderoso contra un grupo social vulnerable.

NOTA: Si desea obtener la bibliografía de este u otro de los artículos relacionados con el tema que le interesa,sírvase dejar un mensaje en la rública de comentarios

Corte Interamericana de derechos Humanos

paraguay

Sobre la Historia reciente del Perú como posible causa en favor del restablecimiento de la pena capital

Preambulo
En el Perú no existe la pena de muerte para los delitos comunes desde 1979, sin embargo hace algunos meses, algunos candidatos a la campaña presidencial del 2006 se mostraron a favor de esta medida. Luego de la elección de los nuevos legisladores, un grupo de estos propuso un proyecto de ley para reimplantar la pena capital. Por su parte, el poder ejecutivo encabezado por el flamante Presidente de la República presentó su propia propuesta en vista de una futura aplicación de dicha pena, pero, estos dos proyectos terminaron siendo archivados por el Poder Legislativo. No obstante, para algunas venas políticas muy influyentes, respaldadas por más de dos tercios de la población, es necesario insistir en la eficasia de la pena. Tanto es así, que en algún momento del debate se habló de proponer la norma a un referéndum.

Desde las primeras declaraciones hechas, hasta las medidas institucionales tomadas en vista de su restablecimiento, y pasando por los nuevos desarrollos político-filosóficos sobre como la pena capital va a mejorar la situación del Perú, ha corrido aun poca tinta entre los autores peruanos, pero el debate en el país ha sido intenso.

Es por esta razón, que resulta indispensable analizar, dentro del contexto actual, las implicaciones socio-políticas, jurídicas, y éticas que este tema trae consigo.

A) El historial de una promesa “innovadora”

1) El contexto electoral de la campaña presidencial del 2006

Durante la campaña electoral hacia el sillón presidencial de 2006, muchos argumentos fueron buenos para exacerbar los sentimientos básicos entre los votantes. Se podría decir que la meta justificaba los medios empleados.
De esta manera, se pudieron ver desarrolladas tesis nacionalistas que optaban por el encierro del Perú en posiciones éticas y políticas anticuadas, frente a una mundialización que busca más bien la apertura cultural de los países. En este mismo momento, diversas declaraciones de algunos candidatos buscaban la división entre las diversas etnias y clases socio-económicas del país. Respetando al pie de la letra la consigna “divide y vencerás” que emplearon los antiguos soberanos medievales para controlar mejor a los señoríos. Es cierto que ya para esta época el Perú estaba bien dividido no sólo por la coyuntura política de las elecciones, pero sobretodo por un pasado histórico, herencia vergonzosa del Virreinato. En este sentido, el candidato Alan García declaró, por ejemplo, antes de los resultados de la primera vuelta electoral, que el colegio de electores de los peruanos en el extranjero tenía menos peso que un porcentaje similar de votos que faltaban escrutar y que provenían del interior del país . Asimismo, su contrincante electoral, Ollanta Humala y sus allegados de campaña se refirieron en numerosas ocasiones en contra de la comunidad homosexual, aparentemente en beneficio de un discurso que congraciara a puritanos y a machistas cavernarios. Durante su candidatura también se tildó a los capitalinos de detener el progreso del resto del país. Complaciendo de esta manera, a los votantes de las zonas urbanas y rurales alejadas de Lima, y esto con la ventaja de la demagogia y sin necesidad de proponer mucho al votante.
Ahora bien, estas citas solo situan el contexto de lo que significa el nacimiento del debate sobre la reimplantación de la pena de muerte en el Perú, ya que no podemos debatir aquí si nos alejamos de la coyuntura populista que se vive en el país.
En este sentido el populismo tiene una especial vigencia en el Perú no sólo a partir la campaña electoral del 2006, pero desde mucho antes… Así, no olvidemos que desde el punto de vista de las ciencias políticas, el populismo está impregnado de antiimperialismo (que fue aplicado por García en su mandato presidencial 1985-1990 anti-deuda externa). Está empapado también de indigenismo (expuesto por el General Velazco Alvarado en los años setenta ), pero además, el populismo está basado en una suerte de nacionalismo (como el que defendió Ollanta Humala a expensas del anti-chilenismo).
Es por este encuentro entre dos populistas (uno mas que el otro) que el electorado a disputarse, fue difícil de convencer ya que los dos candidatos se mostraban “del lado” del pueblo y se decían encarnar el cambio progresista que faltaba al Perú. Aquí, este punto sobre el progresismo es importante, ya que es prevaliéndose de él que nacen propuestas diversas e innovadoras de parte de estos dos candidatos, independientemente de la calificación ética que podamos dar a las propuestas.

Como se sabe, el progresismo es partidario de la innovación y del progreso en el orden de vida social y político, pronando el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es por esta razón que esta teoría propone cambios en las políticas del Estado para hacer más social. Así, por ejemplo, en el plan de gobierno del Partido Aprista Peruano (PAP) de García, se proponía incrementar el PBI consagrado a la educación hasta en un 6%. Cosa que no planteó Humala, pero quien si fue original en sugerir que los funcionarios públicos hablaran lenguas autóctonas para atender a los indígenas en sus idiomas .
Es entonces en este contexto de “campañismo” progresista donde nace la proposición de García de reinstaurar la pena de muerte para los violadores de menores de cuatro años que luego de haber violado maten a su víctima.

2) Preguntas y críticas de la nueva proposición

Esto no solo valió a García la crítica de sus adversarios políticos, como era de suponerse, sino también, críticas provenientes de su propio partido y de grandes figuras de éste, como las del patriarca del APRA Armando Villanueva del Campo: “la pena de muerte ya fracasó” (La Republica p1, 13/8/06) . Pero ya era demasiado tarde, el debate había sido abierto, y ya no existieron ni izquierdistas, ni derechistas, ni nacionalistas, ni apristas… frente a la simple pregunta: ¿está usted de acuerdo con la pena muerte?
Aunque en realidad la pregunta no fue planteada de manera tan simple, ya que la retórica utilizada por García en su anuncio daba varios elementos para que la respuesta fuese más probablemente un “sí, estoy de acuerdo”. Por ello, la pregunta que García que planteó en un primer tiempo era: ¿está usted de acuerdo con la pena de muerte para los violadores de menores de cuatro años que después de haber violado matan a su víctima?
Frente a esta retórica, la respuesta fue afirmativa por parte de los peruanos, respondiendo así a un sentimiento popular casi unánime que se califica de odio del mal (Casamayor, 1977) . Odio, del mal que causó el violador y el asesino por sus actos. Odio del daño psicológico causado a la familia del infante, etc. Según Casamayor, este sentimiento puede ser un motor poderoso del cual se pueden servir muchos políticos. Así lo demuestran las declaraciones de García en la mañana del 11 de agosto del 2006, en Palacio presidencial: “Llevaré al Congreso la propuesta de modificación constitucional y estoy seguro que la inmensa mayoría del Perú me secundará”. Es por esta razón que nuestro deber, como ciudadanos y seres libres de pensamiento, es el de decidir si queremos ser explotados por un político en sus afanes personales (llámense electorales, o de aprobación post electoral), o si ésta es una cuestión demasiado delicada como para ser definida en la escena política, ciudadana, o incluso humana.
Luego de estas consideraciones las preguntas que saltan a la vista para saber si podemos reimplantar la pena de muerte en el Perú son múltiples, y pienso que se deben de encontrar respuestas afirmativas a todas ellas para afirmar con total certeza que la pena de muerte es viable en un sistema penal, de lo contrario estaríamos hablando de un sistema imperfecto en el cual todo error sería irreparable.

Desde el punto de vista social
¿Se han agotado todos los medios para prevenir las violaciones y el terrorismo?

Desde el punto de vista institucional
¿El sistema judicial en Perú funciona tan bien como para confiarle un caso vital?

Desde el punto de vista del derecho comparado
¿La pena capital es realmente preventiva?

Desde el punto de vista moral
¿Un ser humano puede condenar a alguien a muerte sin ser condenado el mismo por su acto?

Desde el punto de vista científico
¿Existe la prueba 100% eficaz en aplicación en algún sistema penal del mundo?

Y pasamos otros aspectos éticos, psicológicos, de compatibilidad con el Derecho internacional, con los Derechos Humanos, e incluso con la religión.

Repetimos aquí que todas las respuestas tendrían que ser positivas para que la pena capital pueda ser totalmente viable sin errores. Es por esta razón que no podemos creer en la pena de muerte como un sistema perfecto. Es más bien un sistema utópicamente perfectible, eso significa que es imperfecto y nunca podrá serlo porque son los humanos (fuentes de errores) quienes hacen nacer esta pena.
Es así como luego de haber conversado sobre este tema, escuché sostener a un abogado que esto era normal ya que ningún sistema (penal, político, social…) es perfecto. Y es cierto, ningún sistema imaginado por el Hombre es infalible, y la pena de muerte no sería por ello la excepción. Pero como se repararían entonces los errores judiciales que sí se pueden reparar para con los amonestados devolviéndoles lo que pagaron injustamente. Para con un prisionero indultándolo, o incluso para con una persona que ya salió de la cárcel indemnizándola por la injusticia cometida. ¿Qué sucedería con el error judicial de un condenado a muerte? ¿Cómo un Estado repara una vida? La respuesta es única y clara, no hay reparación posible para el condenado injustamente a muerte.
Es a la vista de los cientos de casos de violaciones sexuales y traición a la patria que existen cada año en el Perú, y en vista de los disfuncionamientos del Poder Judicial, que se puede pensar que se cometerán errores humanos en el fondo o la forma de los procesos penales lo cual podría verse reflejado en errores judiciales llevando frente al pelotón de fusilamiento a inocentes.
Decimos esto, pero sin caer aquí en el juego del gobierno y de muchos partidarios de la pena capital que dicen: “Imagínese usted a su hijo violado, a su hija asesinada”. Por ello, no diremos que el inocente al que le dispararían injustamente podría ser su hijo o su hermano. Aquí no desarrollaremos estos argumentos individualistas (y poco jurídicos), porque lo que hacen justamente es despertar nuestro Odio del mal al imaginarnos la pena y el daño personal.

B) Evaluación reciente de los delitos propuestos a la pena de muerte

1) El Cáncer del terrorismo peruano

Desde hace ya algunos lustros, el Perú está sujeto (hoy menos que antes) a dos grupos terroristas, causando terror y muerte, éstos son Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Donde allá por los años ochenta, la vida no tenía ningún valor en las zonas rurales y los campesinos eran masacrados si no cooperaban entregando dinero, víveres, e incluso a sus hijas e hijos. En la capital, la aristocracia empezó a sentir los estragos del terrorismo, primero porque el terrorismo comenzó a reflejarse en los índices económicos (menos producción y dificultades de circulación de los productos agrícolas). Pero más tarde, comenzaron los atentados terroristas a los alrededores de Lima (cortando la electricidad) y luego los coches bomba en el centro de la ciudad y en los puntos económicos y comerciales de mayor afluencia (centros comerciales, bancos…). A comienzos de los años noventa se cambió de estrategia y se dio la oportunidad a los terroristas de arrepentirse deponiendo las armas contra beneficios penitenciarios. Por otro lado, se capturaron a los cabecillas de los grupos armados y el 12 de septiembre de 1992 se capturó a Abimael Guzmán Reynoso, líder de SL. Días más tarde, éste fue expuesto en uniforme a rayas ante la prensa y esto provocó una deserción importante entre los senderistas de menor rango. Sendero comenzó a perder a sus hombres, perder terreno y perder credibilidad entre sus discípulos intelectuales.
En cuanto al MRTA, parecía moribundo desde la captura de su líder, Víctor Polay Campos, y de miembros de la cúpula terrorista, pero este seguía operando en las zonas amazónicas y en el centro del Perú. Como es de costumbre, Lima sólo se percató que este grupo terrorista continuaba luchando contra los intereses de la República, cuando el 17 de diciembre de 1996, a las ocho y veintitrés de la noche, un grupo de terroristas del MRTA tomaron por asalto la residencia del embajador del Japón con cientos de personalidades. Entre éstas se encontraban vocales supremos, militares y policías que planificaron la lucha anti-subversiva, congresistas, ministros de Estado, embajadores… El calvario terminó para 71 de los 72 rehenes el 22 de abril de 1997.
Después de esta fecha, los atentados han sido mas discretos, y los grupos terroristas han seguido operando en el Alto Huallaga (zona amazónica en el centro del país), y los Andes del Sur.
Desde esas fechas casi no se escuchó hablar de atentados sino hasta marzo del 2002 donde un coche bomba estalló frente a la sede de la embajada estadounidense. Un día más tarde, el Presidente de la República de la época, Dr. Alejandro Toledo, se comprometió en Monterrey – México a “aplicar mano dura ante cualquier intento de golpear al pueblo”. El año siguiente, una declaración dio más luz a la población sobre el estado del terrorismo en el Perú. Fue el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), general Miyashiro, quien reconoció que existían alrededor de doscientos senderistas diseminados en los valles cocaleros al este y sur este de Lima (Apurimac, Huallaga y Ene). Dijo también que continuaban su “lucha popular” coludidos con los narcotraficantes de la zona, y que su estrategia estaba volcada en captar adeptos en las reuniones públicas o de gremios sindicales. Esto nos lleva entonces a confirmar una vez más que la lucha contra el terrorismo pasa también por la lucha contra el narcotráfico ya que estos grupos viven hoy de tráfico ilícito de drogas.
Las últimas acciones mediáticas de SL se dieron el 26 de diciembre del 2005, cuando el grupo subversivo llamó a una “guerra popular” contra la “supuesta democracia” del país y las elecciones presidenciales de 2006, un día después de que el gobierno decretara el estado de sitio en las citadas regiones del país por la renovada ola de ataques del grupo subversivo. Por último, en diciembre del 2006, terroristas vinculados al grupo maoísta SL asesinaron a cinco miembros de la policía nacional y a tres civiles en la localidad de Machente, departamento de Ayacucho. A raíz de este último hecho, el presidente en ejercicio, Dr. Alan García, declaró el lunes 18 de diciembre del 2006: “si hubiéramos aprobado la pena de muerte a los terroristas, los responsables de este hecho deberían ser accionados con la pena máxima”, fortaleciendo así su defensa a favor de la pena Capital.

Finalmente, recordemos que se estima que fueron más de treinta mil victimas las que perecieron por causa del terrorismo en el Perú.

2) La evolución negativa y el incremento de las violaciones sexuales

Sobre este penoso tema hay mucho que decir. Entre una y otra noticia que desde hace varios años han banalizado las páginas amarillistas de algunos diarios y que han saturado las crónicas locales de otros medios. Lo cierto es que, en todo país del Mundo existen los atentados sexuales, pero en el Perú ha habido desde hace algunos años un destape masivo de estos casos. Las violaciones son crecientes en lo que respecta a los menores de edad. Estos actos provienen en gran parte de familiares o allegados a la familia, y de personas que conocen al menor. Las noticias más relevantes son aquellas que provienen de las poblaciones desfavorecidas de Lima o de zonas rurales. Pero se piensa que este delito es también cometido en el sector socioeconómico alto donde no es denunciado por vergüenza. Por ejemplo, en Lima, según el Movimiento Manuela Ramos, se registraron, en 1996, un promedio de 38 denuncias cada mes por delitos de violación contra la libertad sexual de las cuales más de 58% fueron cometidos contra menores entre los 7 y 14 años. Más del 45% de esas agresiones se produjo en la casa de la víctima y alrededor de un tercio ocurrió en casa del agresor. También, según la primera Encuesta de Hogares sobre “victimización”, en Lima Metropolitana, realizada sobre ocho mil personas mayores de doce años, se estima que la segunda causa de agresión más frecuente es la violación sexual, seguida por intento de abuso sexual.
Ahora bien, estando ya aterrados por las cifras de las violaciones, nos topamos con noticias, una más espeluznante que otra, donde los niños no sólo son ultrajados, sino que luego son asesinados y su cadáver es “destrozado” por el asesino. Para el que no ha vivido esta situación, o incluso para el que no ha leído artículo alguno sobre el tema, la ilustración que daremos a continuación bastará para darse una idea de lo que sucede y se siente cotidianamente en el país andino. Estas son las declaraciones de un violador descuartizador llamado César Cabrera (26 años) quien detalla su crimen “Cuando vi que estaba muerta, empecé a cortarle una pierna... Usé un cincel y una comba, porque los huesos eran muy duros...” (Diario El Correo, 9/11/06) . Son artículos como este los que se pueden leer a diario en los diversos periódicos peruanos. Pese a las penas que existen en el código penal peruano, son pocas las veces en las cuales se procesa al delincuente, ya que éste no es localizado o se corrompe a la policía local. Si por suerte, éste llegara a ser procesado, el juez puede liberarlo por falta de pruebas, por prescripción, o porque las pruebas se borraron con el tiempo e incluso con la ayuda de un soborno. En el caso último en el que el delincuente fuera sentenciado, éste lo es con penas, que la prensa y juristas califican de complacientes. ”Una más” es, en este sentido, como empieza el articulo sobre la absolución por la Corte Suprema de Justicia hacia un sujeto “acusado de haber ultrajado sexualmente a su hija de 14 años, al otorgarle el beneficio de la duda pese a que la Sala de Puno le impuso 30 años de prisión” (Diario El Correo, 6/11/06)


C) La desconfianza en las instituciones nacionales e internacionales: Las premisas para una restauración complacientemente aceptada

1) La desconfianza en el Poder Judicial

Este tema de la desconfianza en el Poder Judicial resulta vasto y habría que consagrar un trabajo integro para encontrar las causas de éste. Pero aquí sólo nos basaremos en un aspecto que se relaciona con el trato de los violadores sexuales. Veremos que lo que suscita indignación en la opinión pública es la corrupción.
Como lo hemos expresado anteriormente, los peruanos se ven confrontados a estas lecturas periodísticas con mucha frecuencia y lo que indigna más es que no se apliquen las penas previstas. Es por ello que la Dra. Patricia Figueroa Valderrama (defensora de las mujeres sexualmente abusadas) considera: “que las leyes existentes son suficientes, y que las y los magistrados del Poder Judicial deben de tomar conciencia que este delito no sólo afecta a la víctima que en su mayoría es mujer, sino también a la sociedad en general, por lo que es responsabilidad de las y los jueces buscar los mecanismos necesarios para castigar…” . En este sentido, el ciudadano no entiende porque, si se presume fuertemente que alguien es un violador, no se procesa rápidamente y se le condena ejemplarmente para erradicar este delito. Esto contribuye entonces, por un fenómeno de repetición, a la desconfianza que se tiene para con el Poder Judicial y la policía. Por supuesto, esta desconfianza no data de hace poco, ni siquiera de hace uno o dos decenios, pero ya es considerada como cultural e historiadamente impuesta en la ciudadanía. No olvidemos aquí, que estamos hablando del mismo país de las dictaduras militares de los años setenta. El país de las corrupciones y robos de Estado de los años ochenta. Y también el mismo país en el que el asesor del servicio de inteligencia fujimorista, Vladimiro Montesinos, sobornaba a magistrados, congresistas, y demás personajes públicos.
Con respecto a la Policía Nacional, y la rama de ésta que trabaja con el Poder Judicial, hay que saber (si no se sabe ya) que la corrupción es el pan de cada día. Y aunque ésta sea poco organizada, es una practica corriente para solucionar un problema simple (como es el de pasar en un semáforo rojo), para no ser capturado o incluso borrar pruebas de delitos.
Sólo en las noticias de los últimos meses podemos comprobar esto: Luego de numerosos casos de corrupción por miles, cientos, y hasta decenas de dólares, la corrupción llegó a desprestigiar la más alta magistratura del Poder Judicial, cuando, en septiembre del 2006, “el vocal supremo Eduardo Palacios fue descubierto recibiendo un soborno” (El Correo, 5/9/06). Durante ese mismo mes, Carlos Huari y Héctor Córdova, practicante y secretario, respectivamente, del Tercer Juzgado Penal de Iquitos, fueron detenidos al ser sorprendidos in fraganti recibiendo un soborno equivalente a treinta dólares. A comienzos del año 2007, se destituyeron a cinco jueces de paz involucrados, en la mayoría de casos, en cobro de sobornos y apropiación ilícita de dinero (El Correo, 13/1/07), etc.
Con tantos casos destapados, el ciudadano debe pensar que esto es “la punta del iceberg” e incluso podría pensar que el juez y el violador se confabulan para beneficiarse, el primero con dinero y el segundo con la impunidad. Pero ésta sería una visión muy simplista, que no toma en cuenta que muchos de los magistrados pueden ser profesionales honestos. No obstante, el mal ya está hecho, y parece que el ciudadano no está dispuesto a creer en una institución que no muestra signos de ir mejor que antes. Es en todo caso lo que demuestra un estudio del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, donde un 97% de los limeños dice confiar “poco o nada” en el Poder Judicial . Dos tercios de los entrevistados, afirman que la corrupción es el principal problema de esta institución.

2) La poca información sobre los mecanismos judiciales: ¿Una incitación a la desconfianza en las Instituciones?

Las razones de la desconfianza, no sólo se encuentran en el mal funcionamiento del Poder Judicial o de otras instituciones nacionales. Por ello, sería fácil, y hasta demagógico, decir que aquella es la causa absoluta del divorcio del pueblo con su sistema. Esta es la razón por la cual hay que añadir aquí un aspecto muy importante: la información jurídica, que va de par con la educación cívica.
Por ello, se considera desde un punto de vista jurídicamente neutral (tomando en cuenta únicamente los cimientos de la Justicia peruana ) que el sistema debería de funcionar bien en teoría . Es por esta razón, que la Dra. Figueroa Valderrama, afirma que “las leyes existentes son suficientes”, ya que las penas en caso de violación van desde ocho años de prisión hasta la cadena perpetua.
Lo mismo sucede con respecto al terrorismo, donde las leyes existentes, son drásticas y van también hasta la cadena perpetua. Pero esto, que debió ser un medio de disuasión, no funciona con unos pocos irreductibles subversivos que continúan “la lucha”. Y aunque existe más confianza popular en las instituciones con respecto a este tema , se han manifestado descontentos populares por dos motivos. Primero, porque a algunos cabecillas terroristas, ya sentenciados hace años, se les anuló la sentencia penal reanudando un nuevo juicio. En segundo lugar, porque las nuevas sentencias hacia estos subversivos no han sido ejemplares.
Ahora bien, es cierto que hasta aquí, uno se puede preguntar en donde ha quedado la defensa republicana que el Estado debería de llevar. Para muchos peruanos incluso, estos nuevos juicios representaban una burla hacia el pueblo, ya que se daba nuevamente voz a los líderes terroristas, lo que engendraba publicidad para su causa. Además, el nuevo proceso también provocaba la incertidumbre de una sentencia más clemente hacia los cabecillas. Y sobretodo era vivido, de manera paradoxal, como un “segundo final” para los deudos y víctimas del terrorismo. Sin embargo, mirando más de cerca el mecanismo empleado por el Estado para re-sentenciar a los terroristas, podemos concluir que éste se ha comportado justamente como un defensor del Estado de Derecho .
En cuanto al problema de las penas aplicadas a los terroristas (que no son ejemplares) hay que añadir los problemas de procedimiento jurídico que imposibilitan que las penas (más pesadas hoy) se les apliquen a los terroristas. Por ello, aunque la sentencia de la Sala penal antiterrorista, del 13 de octubre del 2006, que condenaría a Abimael Guzmán a cadena perpetua, fue un alivio para muchos. Lo que exasperó a otros, fue el hecho de saber que siete de los cabecillas fueron condenados sólo a veinticinco años de prisión. Tres de ellos , de los cuales podrían salir libres dentro de cuatro años si se les aplicaran los beneficios penitenciarios. Incluso la Fiscalía criticó que no se hayan impuesto penas de cadena perpetua a toda la cúpula de SL.
Pero los jueces estiman, a justo título, que a ciertos terroristas , no se les puede condenar a perpetuidad porque fueron capturados en 1991 (cuando la pena máxima era de 25 años) y la cadena perpetua sólo se instauró en Perú en 1992. En este sentido, ellos benefician del principio de no retroactividad de penas más fuertes en materia penal. Esto quiere decir que legalmente el máximo castigo para estos dos no puede ser la perpetuidad sino veinticinco años.

3) La falta de comprensión de parte de las organizaciones y cortes internacionales sobre la situación peruana

Siempre con respecto al terrorismo se desconfía de los tribunales supranacionales ya que sus sentencias se imponen a las nacionales y existe el riesgo, en muchos casos, que no conozcan la realidad (a ciencia cierta) de un país determinado.

a) Por la ayuda extranjera prestada a los terroristas

En lo que tiene que ver con el terrorismo, Sendero Luminoso ha tenido contacto estrecho con China y Europa. En este sentido Abimael Guzmán viajó en varias ocasiones a La República Popular de China y envió en mayo de 1982 a Maximiliano Durand Araujo alias "Raúl" como representante en Europa con la meta de formar una cobertura exterior de apoyo a SL. Este se fue en calidad de becado. Otros senderistas junto con la familia de Abimael Guzmán viven en Suecia, desde donde entran en relación con otras organizaciones comunistas. Es así, como Javier Esparza Márquez, concuñado de Guzmán, formó el "Círculo de Estudios Ayacucho" (CEA) con sede en Estocolmo. De esta forma, ante la comunidad internacional, SL continua desprestigiando al Estado peruano, siguiendo así con parte de su estrategia de “lucha popular”. De esta manera, simulando ser simples ideólogos del comunismo se exilian políticamente en Europa (aprovechándose de los avances democráticos de este continente) y dan a entender que no se respetan los Derechos Humanos en el Perú, además de alegar que sus prisioneros son sólo prisioneros políticos. Esto tiene como efecto que algunas ONGs extranjeras cuestionen al Perú por la persecución hacia los senderistas, lo que indigna en muchas ocasiones a los peruanos victimas del aparato terrorista.
Por su parte el MRTA ha desarrollado su propaganda internacional en América central (El Salvador, Nicaragua con la ayuda del FSLN), y ha conseguido diferentes apoyos de las organizaciones y grupos afines, alineados al Movimiento Comunista Internacional (MCI) no sin desprestigiar también la imagen del Perú, particularmente en Alemania, Francia, Suecia e Italia.

b) Los terroristas peruanos suelen ser juzgados en instancia supranacional como prisioneros de guerra/políticos

Poco importa que estemos o no de acuerdo con la sentencia de La Corte interamericana de Derechos Humanos del 25 de noviembre del 2006, a favor de los deudos de los terroristas matados en el penal Castro Castro del seis al nueve de mayo de 1992 .
Lo que tiene mas importancia aquí es que la denuncia (número 11.015) ante la Corte se encuentra firmada por personas que indican ser miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra. Esto se entiende en primer lugar como una provocación hacia el sistema institucional peruano donde se les reconoce como familiares de terroristas y terroristas en lo que respecta a los sentenciados. Esto, no por su pensamiento político, pero por sus presuntas acciones sanguinarias en contra de la nación. Se entiende en segundo lugar, como una deslegitimación de la posición que el Estado peruano tiene para con el estatus con el que se les ha juzgado. Entonces el sólo hecho de aceptar esta denuncia con las firmas de un comité de este tipo, da mucha desconfianza a los peruanos sobre el fallo que pueda dar la Corte IDH.
Podríamos pensar que si tan sólo se les hubiera reconocido un estatus de “prisioneros por terrorismo” y no el que se dejó entrever, el fallo hubiera sido mejor aceptado porque la Corte hubiera dado un mensaje de comprensión sobre la Historia peruana.
Pero vayamos más allá, y veamos que el hecho no está en complacer a los peruanos con un simbólico seudo-entendimiento. Sino más bien, en tener seriedad en la investigación de estos asuntos preliminares sumamente importantes para el esclarecimiento de la verdad, porque entendamos que esta verdad ya no es tal en su globalidad si la identificación del denunciante comienza siendo falsa

NOTA: si desea la bibliografía de este o los tres otros articulos relacionados con este tema sirvase dejar un comentario