7 observaciones peruanas sobre los argumentos en favor de la pena de muerte

Mejor es advertir al lector desde el inicio. A nivel de contenido aquí no defenderemos a la pena de muerte, sino más bien todo lo contrario. En cuanto al método empleado, la presente nota tiene más una vocación ilustrativa y compilatoria que científica jurídica.

Más de tres cuartas partes de los peruanos creen que la aplicación de pena capital es necesaria en el país. Vayamos entonces a analizar los argumentos siguientes, que son los que mas se explotan, en favor de la pena. Deciendo esto, no solamente basándonos en los diversos artículos de prensa, o en declaraciones políticas, sino también por testimonios ciudadanos.

A) La reimplantación de la pena capital pretende obedecer a una necesidad de reforma institucional

Leamos el argumento del segmento del Poder Legislativo que piensa que se debe de tomar la decisión de aplicar la pena, con esto veremos que lo que se busca en el fondo es una reforma institucional más que matar por doquier. No obstante, observaremos que existen pretensiones anticonstitucionales de estos legisladores y también, que la reforma institucional puede pasar por otros caminos que busquen el cambio estructural viendo el problema en su globalidad y no solo en aplicación de la pena.

En este sentido, la congresista peruana de Unidad Nacional , Lourdes Alcorta, defensora y creadora del proyecto de ley que busca la reintroducción de la pena de muerte para los violadores sexuales sostiene que frente al flagelo fatal que viene sufriendo el país, “hay que tomar alternativas ante este problema”. Según su argumento, esta alternativa es la reimplantación de la pena capital para los violadores. Además, pretende que este proyecto no sería tan simplista, ya que iría acompañado de una serie de medidas como la creación de una sala Ad’Hoc para casos de violación, etc. La Señora Congresista sostiene que para llevar a cabo el procedimiento judicial, primero el presunto autor tiene que confesar, luego, se le tienen que aplicar una serie de tests para saber si es o no el violador, haciendo confianza sobretodo al ADN, sólo luego de tener la seguridad de que es el culpable se le puede condenar. Y para tener mayor certeza del fallo del juez, “estamos hablando de jueces que si no sancionan se les suspende” (BBC Mundo, 10/10/06).
La Congresista cree entonces que esta medida sería importante porque sería un motor de disuasión: “en lo personal si creo que es preventiva y disuasiva, como todo en la vida es disuasivo” (BBC Mundo, 2006). Añade por último, que esta es una pena que se debe de reimplantar ya que las sanciones no se aplican, en el Perú.

Sin embargo, en su discurso pro-pena de muerte, Alcorta critica a los jueces por sus fallos que tilda de complacientes, y dice que “no tienen la actitud de enfrentar el tema” porque la situación se ha banalizado demasiado. Lo propio ha hecho en su ocasión el Congresista del APRA Aurelio Pastor , quien se ha mostrado a favor de una lista en la cual se publiquen los nombres de los jueces que no han sentenciado a presuntos violadores sexuales de menores.
Es en este punto en el cual “los padres de la patria” no han demostrado mucha cautela con lo que dicen, ya que no han respetado ni la separación de Poderes que caracteriza a una República y que garantiza el Estado de Derecho, ni la Constitución Política del Perú, en su Capitulo VII sobre el Poder Judicial donde expresa “ninguna autoridad… puede interferir en el ejercicio de sus funciones” (articulo 139°-2). Se puede interpretar incluso, que este tipo de intervenciones sin fundamento son contrarias al ejercicio del derecho de opinión, porque abusan de este. Es pues muy delicado defender un tipo de lista opresora y acusadora hacia los jueces, sobretodo si se es legislador, ya que sus altas funciones de Estado son incompatibles con todo tipo de intervencionismo (directa o indirecta como es el caso) hacia otros poderes Estatales. Creemos, en este sentido, que sí hay reformas institucionales que se deben de hacer (como explicaremos más adelante), pero que éstas no pasan por un aumento de la presión hacia los jueces.
Es así, como prolongando este argumento, podemos determinar que la primera reforma que se debe de ejecutar, en este sentido, es el respeto estricto de la Constitución. Esto implica, por un lado, que los legisladores no intervengan, ni presionen al cuerpo judicial. E implica, por otro lado, que se respeten los textos constitucionales que darían mas “fuerza de ataque” al Poder Judicial. Nos referimos aquí a “la obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos sea requerida” (Constitución peruana, art.139°-18). Esta colaboración, se entiende para muchos como excepcional, pero en este caso tan grave y de “tal flagelo” como lo enuncia la Congresista Alcorta, una interpretación diferente se debe de exigir para con este artículo.

Ahora bien, imaginemos que esta reforma tuviera el visto bueno ¿esto qué implica? Implica en primer lugar, que el Gobierno central ya no tendría sólo el deber, sino que tendría la obligación de acordar fondos consecuentes al Poder Judicial (PJ). Además de eventuales fondos excepcionales, si se requiere, debido a la situación extraordinaria que se atraviesa. En cuanto a los presupuestos acordados al PJ, nos damos cuenta que el déficit es alarmante. En este sentido el ex presidente del Poder Judicial, Dr. Hugo Sivina Hurtado, clamó, en diversas ocasiones y discursos el desahucio económico con el que se tiene al PJ. El ex presidente de este poder del Estado, reclamó apoyo a la reforma de la administración de justicia pero sin conseguir mayor apoyo del Gobierno. De este modo, el investigador de la Comisión Andina de Juristas, Raúl Mendoza Canepa, piensa que el presupuesto de la justicia peruana es relativamente bajo en comparación con otros países de la región . Por ello, conciente de la grave situación del Poder Judicial y del peligro que esto representa para la estabilidad del país, el doctor Hugo Sivina planteó en su discurso ante la comisión de justicia y Derechos Humanos del congreso peruano lo siguiente:

“Debo expresar, entonces, que la innovación que pretendemos realizar en el Poder Judicial se sostiene en tres principios fundamentales (tema que ya ha sido expuesto en otros auditorios) y que los resumo a continuación:
- Principio de Independencia.- Principio de raigambre constitucional, según el cual sostenemos nuestro apego inquebrantable a la opción de salvaguardar la autonomía institucional e independencia de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional.
- Principio de Eficiencia.- Este principio nos exige ser exigentes en el logro de los objetivos institucionales propuestos, de encaminarnos hacia la modernización administrativa y del despacho judicial dentro del marco de un costo razonable en su implementación.
- Principio de Transparencia.- Según el cual los actos que realizamos todos los integrantes de la judicatura se encuentran sujetos al escrutinio público de la ciudadanía, con las formas y mediante los procedimientos establecidos en la ley. Advertirán que el enunciado y puesta en práctica de este principio es una clara señal del rechazo a la “cultura del secreto” y a toda forma de corrupción al interior del aparato judicial.” (Lima, 27/08/03)

Estas son pues las tres proposiciones que creemos fundamentales para reformar el sistema judicial en el Perú. Aquí el Dr. Sivina llama a la lucha anticorrupción (transparencia) para que la confianza vuelva desde el ciudadano hacia su institución.
Llama también a la eficiencia, que no tendrá lugar sin un presupuesto consecuente con las necesidades del país (que son muchas) y con las circunstancias excepcionales ya expuestas aquí.
Por último, se llama a la Independencia, no sólo para asegurar un respeto estricto de la Carta Magna, sino también para que otros Poderes del Estado no deslegitimen (como lo han venido haciendo fácilmente) las acciones del PJ.
Por ello, tenemos la íntima convicción, de que los forcejeos no deben de tener lugar entre el Poder Judicial y el Legislativo, y que las reformas que deben de aplicarse son internas al Poder Ejecutivo quien debe de facilitar fondos del Ministerio de Economía y Finanzas en beneficio de una prioridad nacional .
Finalmente podemos pensar que la pena capital no sería más que una simple respuesta a la crisis que vive el sistema judicial peruano. Revelando únicamente sus límites y debilidades, ya que la pena no se ataca a una reforma de fondo sino que sólo penaliza fuertemente una acción delictuosa. Lo que termina por dejar sin cura al mecanismo judicial enfermo.

B) La pena capital pretende responder a una razón de justicia

En esta sección apreciaremos algunos conceptos filosóficos pero también algunos otros religiosos. Aclaramos, que no es por este hecho que no mantengamos, desde aquí, una visión secular del tema de la pena de muerte. Pero deseamos analizar estos argumentos ya que la sociedad peruana es muy católica y por ello las ideas que emanan de la Iglesia son muy escuchadas .

1) La teoría de justicia absoluta y su no adecuación con el Estado moderno

Esta idea se sustenta, por un lado, en las teorías absolutas de la pena cuya máxima era “la pena justa” o punitur quia peccatum est. Estas teorías se basan en la libertad e igualdad naturales de todos los Hombres. Esto quiere decir que cada Hombre construye su destino libremente, y que en esa construcción libre puede optar por cometer un delito. Pero luego de cometer el delito, el Hombre deja de ser libre, porque está obligado de retribuir la pena ocasionada con una pena equivalente para estar en simetría. No obstante, como refiere Roxin, al mal del delito se le suma el mal de la pena. Es por esta razón, que imaginamos mal como la adición de un mal con otro mal pueden dar como resultado un bien.
Desde un punto de vista más jurídico, el profesor español Mir Puig sostiene razonablemente que la realización de la justicia absoluta sobre la tierra no es propia de un Estado moderno, puesto que el Estado mantiene presente, desde las revoluciones , una clara distinción e independencia entre el Derecho, la moral y la religión. Esto va ligado a la separación del Estado y de la Iglesia , porque las penas son dichas en nombre del pueblo y mas no de un dios. En este sentido, el articulo 50° de la Constitución peruana señala: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú…”

2) El conflicto entre los argumentos religiosos sobre la pena

Por otro lado, en el Antiguo testamento encontramos esta famosa ley del Talión de la que muchos de los defensores de la pena de muerte quieren desligarse por el concepto cultural negativo que se tiene para con esa frase. Aunque no quieran que se les aplique, el argumento que ve justicia en la pena de muerte tiene muchas posibilidades de estar ligado a la ley del Talión. Esta ley nos dice: “Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente”. Pero como apunta Albert Camus, se trata de un sentimiento particularmente violento, más no de un principio. El Talión, señala Camus, pertenece al orden de la naturaleza y del instinto. Por ende, si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley (creación humana también) debe de corregirla pero no imitar o repetir tal naturaleza basándose en el sentimiento respaldado por el Talión.
No obstante, en la línea defensiva de la justicia absoluta, el Congresista Wilder Ruiz, afirma que hay un sustento doctrinal en la Iglesia Católica que reconoce que "en algunos casos procede la pena de muerte, cuando hay una autoridad legítimamente constituida y cuando la condena se amerita por el daño ocasionado” . Sin embargo, el concepto de justicia absoluta y el Talión entran en conflicto con otros dogmas de la religión como son, el amor al prójimo, el perdón, y sobretodo el quinto mandamiento “no matarás”.
Pero aun así creamos, que la pena de muerte es positiva para la sociedad y asumamos nuestro deseo de venganza hacia el que generó la pena, no podemos suponer las intenciones que no pueden ser demostradas. En algunos casos es posible que la víctima (si pudiera expresarse) no pida la venganza sino el perdón. Entonces, ¿podemos concluir que todas las victimas quieren ser vengadas? Supondremos que esta respuesta es negativa teniendo en cuenta el sólo ejemplo del fallecido Papa Juan Pablo II quien perdonó al que atentó contra su vida, el 13 de mayo de 1981.

3) Breve presentación de la teoría del intercambio de castigos

En esta sección, cabe recordar también la teoría del intercambio del estadounidense George Homans, en la cual nos dice que “cuanto más golpea uno más golpea el otro”. (El grupo humano, 1969) Esto es hacernos justicia utilizando la violencia en escalada, pues resulta satisfactorio “lastimar a quien nos lastima”. Según apunta Homans, quizás bajo el supuesto de la realización de la justicia se esconda el placer. Esto se debería justamente a un intercambio de castigos.

C) Se cree que esto concluye la catarsis de la víctima

Luego de haber estado presente profesionalmente en ejecuciones, Manuel Jesús Orbegoso, experimentado periodista peruano nos cuenta en una entrevista, que “mucha gente se satisface viendo la muerte de otro…” (La República p.20, 13/8/06). En este sentido, el castigo que se da matando al que provocó el daño puede esconder una satisfacción y/o una necesidad de catarsis.
La definición que figura en la Enciclopedia nos dice que la catarsis es un “término que se usa en psicología para referirse a la liberación terapéutica de las emociones que causan tensión o ansiedad” (Encarta ®, 2006). Esta exteriorización de las experiencias permitió a los pacientes de Sigmund Freud de liberar tensiones, reduciendo los síntomas de sus neurosis. A este método Freud lo llamó “terapia catártica”.
Así, en cierto modo, los circos romanos en donde se ejecutaban cruelmente a los cristianos o a los negros africanos, tenían algo que ver con esta catarsis, ya que los asistentes podían expresar su odio, ira, venganza y todos esos sentimientos almacenados inconcientemente.
Por ello, Freud sostiene que el proceso de la catarsis siempre supone traer a nivel consciente las emociones reprimidas. Hablar de los sentimientos perturbadores y de los sucesos conflictivos puede producir una relajación superficial, pero sólo la catarsis conseguida a través de alguna forma de terapia estructurada permite la eliminación duradera de la ansiedad.
Ahora bien, luego de haber sufrido una forma de violencia que ésta sea directa o indirecta, se suelen provocar daños que quedan almacenados en nuestro subconsciente y que pueden ser exteriorizados hablando de nuestros sentimientos. Esto puede darse durante un proceso penal, si el caso lo requiere. Acordémonos que es también una de las funciones del proceso penal, la de contar todo lo ocurrido sin que queden puntos oscuros.
Pero si seguimos el análisis de Freud, esto solamente provoca una relajación superficial. Ya que sólo una terapia estructurada, eso significa un seguimiento psicológico a veces muy largo, puede eliminar durablemente esta ansiedad causada por la violencia.

Podríamos decir entonces, que ni el hecho de contar su historia, ni un proceso penal ejemplar, ni siquiera la pena de muerte van a provocar la catarsis deseada para ser liberado de la ansiedad. A lo sumo, se lograría una relajación superficial, y temporal. En conclusión, la única solución para reparar el daño psicológico sería entonces la terapia estructurada.

D) ¿Matar como carácter preventivo del delito?

1) Una prevención que sólo sería teórica, pero insegura en la práctica

Ningún estudio de los múltiples que se han hecho al respecto para legitimar la pena de muerte ha demostrado rotundamente, que la pena cumpla una función disuasiva o de intimidación sobre los potenciales infractores. Prueba de ello, es que si tal fuese el caso, ya no existirían los delitos en los países “retensionistas” de la pena.
La instauración de la pena capital podría disuadir a un delincuente es cierto, porque este sería un fenómeno mediático muy fuerte en el país que alcanzaría a gran parte de la población y que por un tiempo al menos podría frenar la comisión de este tipo de delitos. La congresista Acorta (que ya hemos citado anteriormente) afirma con respecto a la disuasión que “el violador sabe perfectamente que si hace un acto como la violación (…) sabe que se condena a (…) muerte”. Esto significa que la Congresista no sólo cree que el delito es un acto racional, en los que se evalúan costes y beneficios antes del acto. Sino que también se rehúsa a creer en la inteligencia o ignorancia del individuo. Ya que este último puede no tener conocimiento de la ley y delinquir, o incluso conocer la pena que corresponde al acto que va a consumar pero delinque creyendo que no lo van a descubrir, que va a salir bien en el proceso penal…

2) ¿Alguna medida puede ser preventiva contra el terrorismo?

Basándonos en este idea de prevención, sería iluso de pensar que el terrorista senderista convencido de sus ideas extremistas va a deponer las armas sólo porque el Estado le impondría la pena capital. Imaginamos mal a un fanático, que no cree en nuestro sistema Republicano, acomodándose a una ley que proviene del sistema que él mismo combate. ¿No generaría esto el efecto contrario? ¿El subversivo no lucharía con más arraigo aun, sabiendo que el sistema ha radicalizado sus posiciones? E incluso basándonos en un concepto de violencia en espiral, no sería vano imaginarnos lo que ocurriría si un terrorista fuese sentenciado a muerte, esto podría conllevar a que este acto se copie; Con más posibilidades (según la Historia peruana) de ser llevado a cabo en el marco de un “juicio popular” en provincia, cerca de donde radican las ramas terroristas.
De hecho, según la Coalición nacional para la Abolición de la Pena de Muerte de Estados Unidos, nunca y en ninguna parte del mundo la amenaza de pena de muerte ha sido preventiva con respecto al terrorismo o al crimen político. Añaden incluso que “si hay un tipo de hombre o mujer al que la amenaza de la pena de muerte no sabe hacer retroceder es el terrorista, pues frecuentemente arriesga su vida en… aras de su "causa" como en el caso de los terroristas suicidas” .
Con mas perspectiva de progreso, tomemos ejemplo de cómo se combatió el terrorismo en el Perú en los años noventa, reduciéndose el número de terroristas de miles en todo el país (a pesar de ser un sistema organizado, con estructuras políticas y de lucha definidas y repartidas por todo el país) a sólo un par de cientos que agonizan entre los valles cocaleros que ya hemos denominado.

3) El argumento pretencioso de la disuasión hacia los enfermos mentales

La doctora Virginia Bustamante Moscoso, señala que aunque según el Código de Hammurabi (conocido como el más antiguo del mundo) se disponía la pena de muerte para los violadores de menores de edad. Esta pena no puede ser considerada como preventiva porque “el que va a violar a un niño o a una niña, no piensa, no analiza, no razona. El impulso aprendido es más poderoso que toda razón o fuerza” aclara Bustamante (La República p.4, 15/08/06). Se comprende esto si se tiene en cuenta, como lo dicen incluso hasta los defensores de la pena capital, que muchos violadores son “enfermos”. Evidentemente que muchos de ellos son enfermos y por ello se les puede curar. Pero también porque son enfermos no se les puede disuadir de no cometer estos actos, ya que una enfermedad no entiende de reglas ni de marcos legales. Decimos esto, porque desde esta tribuna, podemos afirmar conocer a los enfermos mentales (con diversas patologías) por haber trabajado con ellos vigilándolos y asistiéndolos en la vida cotidiana. Por esto, y en el afán de ser más concreto en este argumento, vamos a poner ejemplos de enfermedades a las cuales parecería iluso de aplicar una pena. Primer caso: la sentencia a pagar una multa por robo dirigida hacia un cleptómano. Segundo caso: la sentencia a prisión de un pirómano por haber quemado una casa. ¿Por qué nos parece ridículo esto? Quizás porque en estos casos las sentencias no sirven de nada, ya que el problema no es ético o moral pero más bien psicológico o patológico. Y entonces, a forciori una radicalización de las penas no vendría a resolver ninguno de estos ejemplos. Lo mismo sucedería entre el violador enfermizo y la pena de muerte, ésta no cambiaría en nada su enfermedad y el problema no sería resuelto a largo plazo.
La única solución que se daría con esta pena es la eliminación de estos “enfermos” de la sociedad. Pero este ya no es un tema de prevención, es más bien un tema de exterminación clasista.

E) El argumento sentimental: Los crimenes odiosos (terrorismo y abuso sexual)

Si con la pena capital se quisiera comenzar una exterminación clasista, entonces revivamos a Adolf Hitler o elevémosle un monumento en la Plaza Mayor de Lima para que todos los argumentos estén claros de una buena vez. Pero aquí, creemos que de esto no se trata. Una breve explicación de lo que fue el régimen nazi bastaría para saber que además de los judíos, testigos de Jehová, gitanos, comunistas y otros, la estructura nazi exterminaba también a los enfermos (llámense deficientes mentales, o enfermos sexuales, cleptómanos, pirómanos) y todos a los que Hitler consideraba como débiles para la raza aria. Eran considerados como débiles por la pura enfermedad y frente a una sociedad “sana”, ya que esta enfermedad necesitaba de ayuda. Hitler consideraba que la mejor ayuda que se podía dar por el bien de la evolución de la raza y de la sociedad era matarlos. Con esto no queremos decir que la pena de muerte sea una medida hitleriana, no llegaremos tan lejos, pero se puede considerar como una medida que responde a una cierta eugenesia.
En este sentido la eugenesia va contra todo tipo de tolerancia en la sociedad en beneficio de una raza más competitiva. Para llegar a esta meta existe una selección natural (concepto darwinista). Pero también, se puede acelerar el proceso impidiendo que humanos considerados como mas débiles se reproduzcan o simplemente exterminarlos. Fue así como entre 1911 y 1930, se aprobaron en Estados Unidos leyes de esterilización dirigidas a diversos “inadaptados” sociales: retrasados mentales, criminales y enfermos mentales. Y aunque luego de la Segunda Guerra Mundial la actitud de los países cambió con respecto a la eugenesia, Canadá y Suecia, mantuvieron programas eugenésicos a gran escala, incluyendo la esterilización forzosa de individuos con problemas mentales
La eugenesia ha sido criticada por razones éticas, y de Derechos Humanos pero también porque se quiere ser más eficaz que la naturaleza, lo cual es imposible ya que no se puede exterminar a todos los elementos que se consideran como “indeseables en la sociedad”. Esto porque siempre habrán nuevos indeseables ante los ojos de la sociedad reconocida como normal, y se les expulsará (lejos de la vista) como para con los leprosos, o se les matará como lo hizo Hitler. Un ejemplo se impone aquí para no ser malinterpretado. Digamos que la pena de muerte contra los violadores entra en aplicación en Perú: ¿Es por ello que estos “indeseables” dejan de existir? La respuesta es evidente, siguen existiendo, y lo peor es que quizás seguirán existiendo como en casi toda sociedad de esta época. Es un comportamiento que se da por factores que la pena de muerte no resuelve y que vemos en el artículo siguiente. Pero que responden o a una enfermedad psicológica, o a factores de violencia estructural de los cuales los violadores son los conductores.
Con respecto a los terroristas el problema es un poco distinto que con los violadores. Veamos, que no se les puede calificar a todos igual, porque sus roles y su participación en la máquina del terror varía. Por un lado, están los cabecillas o rama intelectual, si se puede llamar así genéricamente, son ideólogos, supuestos creadores de filosofía y pensamiento contestatario. Con respecto a estos fundadores de la doctrina asesina, y por ende motores de muerte ¿Qué resolvería la pena capital? Efectivamente se eliminan a estos “indeseables”, pero ¿Quién se va a ocupar de matar a la verdadera doctrina asesina? ¿Quién será capaz de matar al mal? En este sentido, se pueden quemar todos los libros rojos de sendero luminoso, eliminar todas las propagandas del MRTA, borrar de la faz de la tierra a todos los terroristas peruanos... Pero esto no ampara a nadie de los conceptos del mal que continuarán a existir.
Por ende, sería una falacia hacernos creer que con la pena capital limpiamos nuestro mundo del mal que nos rodea. A lo sumo, caemos en una idea demagógica, que nos vende un mundo utópico diciéndonos: ¡Con la pena de muerte el mal muere y sólo el bien y los buenos quedamos!
Ahora bien, tampoco se trata de resignarnos a vivir con el mal aquí, porque en ese caso, un mundo de perdición y anarquía nos esperaría. Entonces, no es porque el mal exista desde siempre, que significa que tenemos que aceptarlo como tal . Hay que tratar de eliminarlo, pero no sacrificando vidas por una meta utópica. Llegando a este punto, lo que nos inquieta justamente aquí es que: Si la meta es un mundo sin mal, lo cual es inalcanzable, entonces la pena de muerte se perpetuará por una causa sin fin.

F) El argumento femenino en cuanto a la pena de muerte aplicada hacia los violadores sexuales

A pesar de existir excepciones que vienen a confirmar “la regla”, se tiene entendido que la mayoría de las violaciones sexuales tienen como presa a las mujeres (independientemente de los menores). Este es un hecho social que tenemos que afrontar y combatir en nuestra sociedad, y que existe, independientemente de la cultura a la que pertenezcamos, del nivel social que tengamos o de nuestra edad. La violación, es una forma de violencia directa en una de sus formas más salvajes. No sólo por los daños físicos recibidos (daños vaginales, golpes…) pero también por las secuelas morales que se almacenan en el subconsciente. De igual modo, los niños violados sufren en gran número de esta enfermedad social, lo cual da a estos dos grupos de personas una legitimidad para expresarse y encontrar una solución a este tipo de violencia.
Pero sabiendo que vivimos en una sociedad donde las leyes deben de primar y que en el Perú no debe de existir discriminación de “origen, raza, sexo…” (Constitución peruana, art. 2°) entonces la discusión sobre las penas que deben de ser aplicadas hacia los violadores sexuales debe de ser abiertamente hecha por todos sin discriminación de género. El detalle está justamente en que estamos aquí en una típica encrucijada entre lo moral y lo jurídico, y allí hay un problema de comprensión social porque no se entiende que si moralmente existe una prioridad femenina, jurídicamente no hay prioridades de voz ni voto en ningún asunto nacional. Es justamente de esto que se trata aquí: de penas, de leyes y de reforma judicial. Y por ello, aquí nadie tiene la prioridad para expresarse.
Ahora bien, prosigamos con nuestro tema y observemos algunos argumentos emitidos con énfasis en la causa femenina. Ante todo, tomemos en cuenta que estos vienen a tallar luego de haber sabido que el 92% de las peruanas estaban a favor de la pena de muerte. Es así, como algunas de las mujeres allegadas al Presidente de la República salieron hacia las tribunas a defender la pena capital, pero desde un punto de vista puramente femenino. La señora Pilar Nores, esposa del Presidente de la República, sin el afán de dividir para vencer, hace callar a sus detractores diciendo (a los congresistas García Belaúnde y Carlos Bruce contrarios a la pena) “Ellos son varones y no lo consideran un tema prioritario yo soy mujer y madre…” Por su parte la Presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, sostuvo, en la misma emisora radial, que “como madre y mujer“ estaba de acuerdo con la pena de muerte. Las dos damas añadieron respectivamente que los violadores “son personas anormales que no tienen la posibilidad de cambiar” y que estos delincuentes son “animales” aclarando por si no se entendió, que ellos “no son personas” (RPP, 10/8/06).
Por otro lado, hay que recalcar que otras damas salieron a defender la posición contraria sin que predomine esta división de género en un asunto nacional, por ejemplo, la ex candidata presidencial Susana Villarán, dijo preferir la educación preventiva en vez de usar la pena de muerte como respuesta al delito de violación. Sin referirse para ello a su calidad de mujer o de madre de familia (RPP, 12/8/06).
En este punto, podemos dejar el tema femenino de lado porque por absoluta lógica no se puede asimilar a todas las mujeres a un argumento.

G) Una necesidad imperativa para aumentar la aprobación del gobierno que prona dicha pena (el caso de Alan García)

Para algunos fanáticos de la estabilidad presidencial podría ser quizás mas importante el hecho de tener un poder ejecutivo respaldado por la mayoría de los ciudadanos aun así tuviera que aprobarse la pena de muerte. Pero no creemos aquí en el fanatismo presidencial. Podríamos pensar más bien, como lo comentábamos en la introducción, que este gobierno necesita congraciarse con todas las voces del pueblo. Y que esta es una buena manera para hacerlo. Aunque en realidad es una manera que entra en contradicción con la idea del plan de gobierno de García “pacificar la zonas donde opera el terrorismo mediante la acción política y métodos no violentos” (Cátedra Perú p.8, 07/05/06). Hasta parece mentira que el propio plan de gobierno de Alan García haya expuesto eso en su debido momento. Pero en lugar de concentrarnos en los disparates políticos del señor Presidente, concentrémonos más en la necesidad de esta pena para el gobierno.

Por un lado sabemos que luego de la elecciones el Perú estaba dividido ideológicamente, y que muchos peruanos hubieran hecho lo imposible para que no regresara el Presidente que los humilló en los años ochenta . Pero esto ocurrió, de manera tal que García ahora tenía que componer con los siete millones de peruanos que votaron por él , de los cuales se puede estimar que la mitad no votaron por sus ideas, pero mas bien contra el nacionalismo de Humala . Lo cual daría a García sólo una legitimidad de alrededor del 30% solamente. Esto justamente coincide con el voto obtenido por García en la primera vuelta , porque es efectivamente en este primer escrutinio donde se afirma o no la compatibilidad real entre un candidato y sus electores.
Por otro lado, se puede afirmar que García esta pasando por una crisis de aprobación anunciada desde su elección, ya que es bien conocido que luego de las elecciones y las fiestas democráticas, las desilusiones del desempleo y la vida cotidiana retoman el paso a los fanatismos pre-electorales. Afirmando esto, nos referimos a sus promesas de campaña olvidadas, proyectos grandilocuentes de los que ya ni se habla . Podemos creer entonces que la pena de muerte es la promesa de campaña más fácil de concretizar. En primer lugar, porque la negociación se anunciaba mas simple para su instauración. En segundo lugar, porque no hay riesgos económicos mayores en esta decisión (a diferencia de las decisiones tomadas en su anterior período). Y en tercer lugar, porque cumplir una promesa tan popular lo llevaría rápido hacia la cúspide de aprobaciones. Y de esta manera, quizás, se sortearían los bajos índices de aprobación post-electorales anunciados.

Las implicaciones sociales y jurídicas de la restauración de la pena de muerte en el Perú

A) La creación de un Estado “retribucionista”: ¿Un olvido del Estado de derecho?

1) El limite invisible entre la pena independientemente fallada y la venganza

En líneas generales, a todos los Estados que aplican la pena de muerte desde sus propias legislaciones se les puede calificar de “retribucionista”. Esta concepción defiende la retribución de un daño por otro daño equivalente (véase el artículo siguiente ).
En este sentido, según la concepción del Estado, la pena de muerte se aplicaría de manera justa para defender los intereses de los más débiles. Así es como se entiende también a Alan García, quien afirmó en una conferencia de prensa que defiende la vida de los menores de edad cumpliendo con su promesa de reinstalar la pena de muerte (El Comercio, 11/08/06).
El problema aquí radica en el límite muy estrecho que existe entre la pena retributiva y la simple venganza. Por supuesto que esto no quiere decir que el Estado se vaya a vengar de todos los delincuentes, sino más bien que hay un riesgo de que esto ocurra. Peor aun, es un riesgo que quizás nadie podrá observar. De hecho, como lo hemos visto, el sistema judicial peruano no está funcionando en buenas condiciones, a esto se añaden las presiones de otros Poderes del Estado que debilitan aun más el sistema judicial. El conjunto de estos elementos daría como resultado un Poder Judicial organizado según las condiciones y presiones externas. Diríamos entonces sin exagerar:
Que como la Congresista Alcorta quiere que se suspendan a los jueces que no sancionen como ella desea; Como el Congresista Pastor quiere que se haga una lista de los jueces que no fallan como a él le parece, y además como la mayoría de los ciudadanos quieren que se maten a todos los violadores sexuales y terroristas, entonces el Poder Judicial tendría que someterse al grito de Vox populi, vox Dei, pero también al grito Vox Alcorta vox Dei, y así sucesivamente con todos aquellos que no estén de acuerdo con los fallos del PJ.

Por ende, si los jueces, desde ahora, parecen tener un mandato frágil ¿Cómo se puede garantizar que no vayamos hacia un sistema de venganza organizada? ¿Quién sería el garante? Estamos seguros, que como respuesta se nos diría: la Constitución será garante, o el código de procedimientos penales será garante… Pero si el sistema no funciona hoy, ¿cómo va a funcionar mañana con una nueva responsabilidad?

2) Repercusiones de la pena capital bajo un régimen autoritario

Nunca hay que olvidar que al igual que otros países en Latinoamérica nuestras democracias continúan siendo frágiles . Es por ello que hoy la comunidad internacional vuelca sus ojos en Paraguay o Venezuela para verificar si existen o no derivas dictatoriales en el actual gobierno. En el caso peruano, se ha atravesado una dictadura que sólo ha terminado en el año 2000. Y no sería imaginario pensar en el regreso de una nueva, o en la transformación de un régimen democrático en dictadura (como fue el caso de Fujimori). Por esta razón, resulta indispensable preparar siempre el país hacia la democracia y no dejar ningún instrumento del cual se puedan servir los dictadores . Nos referimos sobretodo “al Derecho”, que durante los regimenes autoritarios se convierte en el instrumento para mantener el poder. De esta manera es delicado reestablecer la pena de muerte en un país tan expuesto a la dictadura como lo es el Perú . Porque dicha pena podría alargarse hacia otros delitos según la interpretación política e ideológica del dictador. E incluso, en el peor de los casos, la pena capital podría acelerar el proceso de erradicación de los adversarios políticos.

B) Un riesgo indiscutible de error judicial irreparable

Contemporáneamente, es lógico suponer que el sistema jurídico positivo no desciende del Jus naturalis, por consecuencia éste emana de los Hombres quienes lo regulan. Sabiendo, no sólo por el dicho popular errar es humano, sino también por la experiencia personal, que el error nace también del humano. Entonces no podemos estar seguros que las penas son impuestas sin errores.
Es por esta simple razón, admitida en todas las justicias democráticas del mundo, que existe el derecho de apelación hacia un fallo que se considere injusto o no ajustado al Derecho . El Perú no es la excepción, por ello luego de pasar por un Juzgado en primera instancia, el reo puede apelar, su caso vuelve entonces a ser estudiado por la Corte Superior. Por último, luego de obtener el fallo en segunda instancia, y si no se ha aplicado bien el Derecho, se puede llevar el caso para que sea estudiado por la Corte Suprema. De esta manera se filtran los posibles errores.
Pero, si consideramos además que el Poder Judicial peruano tiene problemas de funcionamiento, estaríamos entonces en presencia de un órgano con muchas posibilidades de equivocarse y cometer un error judicial. Cosa que sucede con mucha frecuencia en el Perú . Pero todo error puede ser remediable compensando de una manera u otra al inocente, en la única aventura en donde esto sea irremediable es cuando la vida ya ha sido cobrada. Recordaremos, para finalizar la historia del “Monstruo de Armendáriz”, tal como lo bautizó la prensa en 1953. Jorge Villanueva , fue sentenciado a muerte y fusilado en 1957 por la presunta violación y asesinato de un niño en un barrio adinerado de Lima. Villanueva, gritó su inocencia hasta el “último día” pero no fue entendido. El investigador de la Comisión Andina de Juristas, Eddie Condor Chuquiruna, afirma que “existieron diversos errores en las etapas de investigación y acopio de pruebas”. Además, quienes han clamado su inocencia, y lo hacen todavía aun, siguen insistiendo en que su color de piel negra y su condición económica humilde fueron trascendentales para encontrar un culpable, “la gente estaba horrorizada y exigía un culpable que pagase por este hecho atroz” afirma el forense Víctor Maurtua (La República p.21, 13/08/06). Lo cierto es que las investigaciones demostraron ulteriormente que el infante, supuestamente asesinado, había sido arrollado por un auto, cometiéndose así un error irreparable para el falso monstruo de Armendáriz.

C) El refuerzo en la penalización del Estado y el triunfo del neoliberalismo en el sistema penal

En el Perú se escucha desde hace algunos años el discurso de la “tolerancia cero”, para los ladrones de carteras, para los drogadictos, las prostitutas, los asaltantes de banco. Desde hace ya varios meses la intolerancia penal es una política municipal activa que incluso ha sido imitada por ministerios, parlamentarios: “plan de tolerancia cero en navidad”, dirigido por el Ministerio de transportes a la circulación (El Correo, 5/1/07); Carlos Bringas, alcalde de Jesús María , refirió que la norma (de penalización) es un buen avance, pero a lo que debe apostarse es a la “tolerancia cero… los delitos deben ser sancionados incluso sólo por el hecho de haber tenido la intención”, señaló (El Correo, 11/05/06)…
Ahora bien, ¿de dónde proviene esta doctrina? Nos viene de Estados Unidos, y más específicamente de Charles Murray, un politólogo contratado por el Manhatan Institut en los “buenos tiempos” del gobierno de Ronald Reagan, para encontrar una solución a las “violencias urbanas” que sufría Nueva York. Murray es conocido por sus ideas neoliberales (mientras menos Estado social, mejor) Losing Ground: American Social Policy 1950–1980.
Por otro lado también se le relaciona con el círculo de pensadores racistas-segregacionistas estadounidenses, en este sentido, desarrolló junto con el psicólogo Richard Herrstein, teorías que relacionaban el coeficiente intelectual con el nivel social y la raza .
Desde Estados Unidos, donde nunca dio mayores efectos, esta doctrina se exportó primero
a Inglaterra y luego a diversas partes del mundo (Sudáfrica, Australia, Holanda, Brasil, Bélgica…) incluso llegó a Perú cuando el entonces Alcalde de Lima Alberto Andrade contrató a Murray para que dé su opinión sobre la delincuencia urbana limeña. Miles de dólares más tarde, ya conocemos los éxitos de dicho programa: ninguno.
Lo más preocupante es que esta doctrina neoliberal parece convincente, pero no es efectiva, e incluso divide a la población con conceptos que satanizan a unos y provocan temor a otros.
Según afirma Loic Wacquant, la doctrina de la “tolerancia cero” neoliberal, busca “un Estado fuerte, tutor moral inflexible, sólo capaz de vencer la pasividad” (Les Prisons de la misère, 2004). Por otro lado, critica la penalización del Estado como respuesta a las violencias, ya que según los datos numéricos que presenta en su libro, no es ni elevando las penas, ni preconizando un Estado policial, que algo haya cambiado en el comportamiento delictivo.
Por último, Wacquant deplora que muchos países “luego de haberse convertido al mercado libre y a la necesidad del Estado menos social” se conviertan a los imperativos de la tolerancia cero: “Renunciando a crear empleos allí donde se instalarán comisarías, esperando sin duda, construir prisiones”.
En el Perú es algo distinto lo que sucede, porque luego de resignarse al desempleo, ya no son de prisiones de las que se ha habla sino más bien de pelotones de fusilamiento.

D) El desprestigio del Perú ante la comunidad internacional

1) La nueva aplicación de la violencia de Estado: ¿Un ejemplo para el mundo?

Sabemos que con la pena de muerte el Estado peruano sería capaz de matar. En Derecho internacional, sólo los Estados tienen jurídicamente esta facultad. Ni un Hombre, ni una empresa, ni siquiera un Organismo Internacional tiene la capacidad para matar a alguien. Sólo el Estado soberano y reconocido por la comunidad internacional puede, en principio, ser el único quien se atribuya jurídicamente esta prerrogativa violenta sin ser molestado.
Decimos aquí violenta porque con la pena de muerte se está generando un tipo de violencia llamada estructural. Según la concepción del noruego Johan Galtung, fundador del International Peace Research Institute, la violencia puede ser de dos tipos: Por un lado, la violencia directa, que es lo que conocemos clásicamente como violencia física y psicológica (podemos detectar al autor de esta violencia). Por otro lado, la violencia estructural que es aquella que emana de una estructura y donde el autor no es identificable.
Galtung apunta además que la violencia estructural es la raíz de la violencia directa y supone que sin violencia estructural no hay violencia directa.
Esto querría decir que los delitos corresponderían a causas venidas de la estructura cultural en la que vivimos. Llámense en este sentido, a la pobreza, la falta de libertad de expresión, la falta de educación, el hambre, la frustración social y sexual… No se trata aquí de disculpar a los violadores sexuales o a los terroristas como víctimas de un sistema sino más bien, de entender las posibles causas que llevan a generar estos actos. Y en conclusión, tratar de buscar soluciones a los problemas estructurales en lugar de atacarse sólo al problema individual.
De esta manera, el abogado y ex ministro de justicia Francés Roger Badinter, piensa que los delincuentes “tal y como se han comportado, son una forma de desgracia” y que “no nos protegemos de la desgracia matando a los que sólo son los instrumentos”. Badinter, quien ha visto morir a sus clientes en la guillotina, quien ha defendido no lo indefendible pero simplemente vidas, nos da aquí una lección de lo que debe de ser una reforma. Una reforma no debe de atacarse a “los instrumentos” de la desgracia sino más bien a la desgracia social en concreto o al problema estructural, según Galtung lo entendería.
No entraremos aquí en las causas estructurales de la violencia generada por los terroristas o los violadores. Pero podemos imaginar algunas que son propias a la falta de recursos económicos y a la falta de educación cívica, ética y moral.
¿Hasta dónde llegaría entonces nuestra imagen internacional si el Estado se pone al mismo nivel de entendimiento que los subversivos? Podríamos pensar que nuestra imagen no sería mas positiva que antes, si hoy, en lugar de afrontar los problemas de fondo, nos escondemos detrás de una pena que ya ha demostrado su fracaso para retomar el termino que usó Armando Villanueva.

2) El Perú: ¿un país sui generis por situación o por sus ideas?

En muchas ocasiones cuando se ha querido hacer entender alguna reforma en Perú, se ha tomado el argumento de país sui generis, y se ha clamado la particularidad, los problemas y el sistema interno. Con más razón este argumento se utiliza cuando se compara al Perú (en pleno debate político por un problema cualquiera) con otros países que han optado por otra vía frente a una misma encrucijada.
Pero esta vez, el argumento ha sido empleado para legitimar la pena de muerte. Ya que en muchas ocasiones se comparó al Perú con Europa y con sus vecinos latinoamericanos que no la aplican: “el Perú no es Inglaterra, no es Costa Rica (…) es un país sui generis pluricultural, tenemos de todo en el Perú, y nuestra realidad es muy diferente…” (Congresista Alcorta a BBC mundo, 10/10/06). Sin embargo este argumento es relativo, e incluso podríamos decir que no tiene peso. Basta con asomarse un poco a la realidad mundial para darnos cuenta que muchísimos países presentan estas características que Lourdes Alcorta (y no ha sido la única) nos presenta como “exclusivas” de Perú. Un ejemplo de ello es Rusia, en la que se integran veinte Repúblicas de base étnica, diez okrugs de base étnica, cuarenta y nueve oblasts , una región autónoma también de base étnica, seis territorios administrativos… Pero sin ir tan lejos, hablemos de Argentina donde las inmigraciones (catalanas, judías, italianas, peruanas, francesas, musulmanas, coreanas, caribeñas…) han dado como resultado un país pluricultural. También podemos hablar de Brasil, que cuenta con miles de rurales perteneciente a etnias variadas. De esta manera, podemos continuar la lista, hablando de las singularidades de muchos países, pero lo importante aquí es que no se crea que el Perú es sui generis por ser pluricultural.
Es por esta razón principalmente, que no se puede justificar la pena de muerte con base en la singularidad de la situación peruana. Lo que se puede afirmar, por el contrario, es que los gobernantes del Perú (Presidente, Primer ministro, Legisladores…) tienen una actitud sui generis para afrontar los problemas de violencia urbana. Ya que la postura de los gobernantes peruanos que están a favor de la pena, se destaca de todas las posiciones actuales en el mundo, por ello en la actualidad, con excepción de Perú, ningún país plantea reinstaurar la pena capital . Siendo probablemente ésta la peor propaganda que se haga del Perú con respecto a los Derechos Humanos

No obstante, la esposa del Presidente García, señora Pilar Nores, discrepando con el ministro de relaciones exteriores peruano, señaló que el país quedaría con más mala imagen internacional debido a los índices de violencia que existen actualmente (RPP, 10/08/06). Argumento que en realidad, puede ser o no ser cierto, ya que no hay posibilidad de verificar este supuesto que la señora Nores plantea. Quizás, si se sabe de la violencia en otros lugares del mundo, uno pueda tener una idea sobre la magnitud de los hechos que ocurren en el Perú visto con un ojo más internacional. Sepamos aquí, que otras naciones tienen problemas tan o mas graves que los que vive el Perú. Veamos, por ejemplo, el fenómeno de los escolares estadounidenses que emplean armas contra sus compañeros; La fiebre de los asesinos en serie también en EEUU; Las redes pedófilas en Europa ; Los violadores de deficientes mentales y enfermos vegetales en Francia (2006); El fenómeno de las “maras” en El Salvador que se extiende por América central y llega a España; la prostitución infantil que se cuenta por decenas de miles de casos en Indonesia, República Dominicana, Vietnam, Cuba, Tailandia, etc.: La sanguinaria delincuencia juvenil en Brasil o Sudáfrica; Los niños soldados que se matan entre ellos en Haití, Somalia, Colombia, El Congo… y otras decenas de ejemplos. Tomando en cuenta esta realidad mundial, tenemos la íntima convicción, de que el Perú no está dando mala imagen con sus problemas, y que son peores las consecuencias para con nuestra reputación si no defendemos los Derechos Humanos defendiendo el derecho fundamental a la vida.


E) La contradicción con las promesas en los Tratados internacionales (La crisis del Pacto de San José)

Este es quizás el argumento que más ha sido difícil de combatir para los que están a favor de la pena de muerte. En primer lugar porque es una prueba indiscutible de la incompatibilidad de esta pena con el Derecho penal moderno. En segundo lugar, porque la salida de las instancias supranacionales generaría un revuelo en las garantías jurídicas del ciudadano y un retroceso en el ordenamiento jurídico peruano. Por esta última razón, extenderemos este segmento hasta la interpretación anticonstitucional de la pena en el enunciado numero cinco.

1) La relación entre el Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Se recuerda aquí que la pena de muerte (abolida en 1979) ha quedado restringida desde 1993 para ser utilizada solo por traición a la patria en tiempos de guerra (art. 140° de la Constitución peruana). Por otro lado, se resalta que el Perú es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta Organización Internacional posee dos entidades de protección y promoción de los Derechos Humanos en las Américas, que son la Comisión Interamericana con cede en Washington DC, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con cede en San José de Costa Rica. Esta última fue establecida en 1979 y está compuesta por jueces reconocidos por su alta autoridad moral. La Convencion, que se llama también Pacto de San José por haber sido firmada en esa ciudad en 1969, es lo que une al Perú con esta entidad quien se ocupa de poner en aplicación e interpretación la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros Tratados en instancia supranacional luego de haber “agotado la jurisdicción interna” del Perú (art.205° Constitución peruana).

2) La incompatibilidad entre la muerte y el artículo 4.2 del Pacto

Primero veamos que el Pacto de San José comprende tres partes que se subdividen en Capítulos y estos en artículos. El artículo 4.2 corresponde aquí a la primera parte del Pacto titulada Deberes de los Estados y derechos protegidos. Dentro de esta, en el capítulo dos sobre los Derechos civiles y políticos, figura el artículo en cuestión. Este dispone lo siguiente:
“En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”
Entonces, tal como se enuncio precedentemente, el Perú está dentro de la competencia del pacto de San José desde su adhesión el 12 de julio de 1978 y por ello debe de respetar las disposiciones de éste según lo dispuesto por la Convención de Viena de 1969. Sin embargo, el problema viene a plantearse aquí entre la incompatibilidad de la pena de muerte que el Perú quiere extender y entre la parte final del articulo 4.2 del Pacto de San José. En este sentido, consultando información, se puede encontrar un precedente de extensión de la pena de muerte del Estado de Guatemala y una opinión consultiva del 8 de septiembre de 1983 sobre las restricciones a la pena de muerte por parte de la Corte IDH . La Corte plantea en este caso en el punto 49° que los tratados deben interpretarse “de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin” (articulo 31.1de la Convención de Viena de 1969). Sobre este punto, la Corte prosigue en el punto 58° diciendo que “la Comisión (redactora del Pacto de San José) dejó constancia, en este articulo, de su firme tendencia a la supresión de la pena de muerte”. De modo que, prosigue en el punto 59°:
“al interpretar la parte final del articulo 4.2 de buena fe conforme al sentido corriente (…) no es posible albergar duda alguna respecto a la prohibición absoluta contenida en esa disposición, según la cual ninguno de los Estados Partes puede disponer la aplicación de la pena de muerte respecto de delitos para los cuales no estuviese contemplada previamente por su legislación interna (…)”
Finalmente el punto 76° la Corte IDH responderá a la pregunta que se le había hecho que “la Convención prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte y que en consecuencia no puede un Estado Parte aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada en su legislación interna”
Por esta razón es coherente pensar que aplicando la pena de muerte hacia los casos de violación sexual, el Perú seria condenado por la Corte IDH, deteriorando aun más las relaciones con esta Institución (supra I.C.3.b). Otra opción ya sustentada, seria que el Perú salga de la competencia del Pacto de San José totalmente o parcialmente. Pero esto, aunque fuera parcial no haría mas que recortar los derechos fundamentales de cada peruana y peruano, restringiendo sobretodo sus “derechos civiles y políticos” tal como lo enuncia el Capitulo II del Pacto de San José. Pero ¿por qué haría esto un gobierno democrático defensor de los derechos fundamentales? Veremos esto a continuación.

3) Jugar con el fuego

Varias respuestas posibles, una de ellas podría ser que se quiere hacer un trueque de algunos derechos contra la aprobación popular haciendo creer que algo se está haciendo por combatir la delincuencia. Una segunda razón, podría ser también que el Gobierno actual no es defensor de los Derechos Humanos. Esto no solo se sustentaría con la supuesta intención de salida del Pacto de San José, sino también con muchos otros indicios, como el que el Vicepresidente que García eligió para acompañarlo en la plancha electoral sea un hombre de armas enemigo declarado de las Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. También se puede añadir a la lista las sospechas de implicación de García en las matanzas de los penales limeños, la formación de un comando paramilitar llamado “Rodrigo Franco” , etc. Y como bien se sabe que las coincidencias en la política son como las apariciones de la Virgen Maria, es decir milagrosas, podemos desear que, sin tardar, se expliquen razones honestas y posturas claras al pueblo con respecto a lo que el Gobierno piensa sobre los derechos fundamentales.

Por otro lado, algunos críticos señalan una tercera razón que consiste en decir que el Presidente procura introducir el drástico castigo con el fin de vulnerar expresamente el Pacto de San José. Esto podría responder a dos imperativos no confirmados pero posibles. El primero podría ser que con la pena de muerte y saliendo de la jurisdicción de la Corte, esta última ya no pueda fallar en contra del gobierno peruano por los presuntos genocidios y matanzas extrajudiciales cometidos durante el gobierno de Fujimori y del propio García . La segunda razón, aun más delicada, sostiene que el Presidente García no desee desprestigiarse políticamente si se condenan los actos cometidos por el grupo paramilitar autodenominado “Rodrigo Franco” que operó en el Perú durante el primer gobierno de García. Oficiosamente se tiene la versión que este grupo funcionó con la protección del entonces ministro de Interior, Agustín Mantilla, y que era organizado con la ayuda de militantes apristas. Este grupo, asesinó a decenas (si no son cientos) de presuntos terroristas, y también a estudiantes, sindicalistas…sin nexos terroristas, pero que pertenecían a la izquierda progresista. Entre las decenas de desaparecidos que se cuenta, probablemente existieron también “errores de ejecución” cuando se equivocaban de persona o cuando se excedían en sus misiones.

4) La convicción de los juristas peruanos frente a la salida del Pacto de San José

En pleno debate sobre la pena, se comprobó la incompatibilidad con el Pacto de San José, que no permite de ampliar la pena de muerte al Perú.
Sin embargo, el legislador del APRA, Mauricio Mulder, en penosas declaraciones, sostuvo que de ser necesario renunciarían a los convenios internacionales para implantar la pena de muerte. Luego de lo cual, las respuestas por parte de los juristas democráticos del Perú no se hicieron esperar. A través de la ONG defensora de los Derechos Humanos APRODEH , el colegio de Abogados de Arequipa, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín y la Facultad de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa reprobaron la idea del retiro de la competencia del Pacto de San José. De igual modo, el Canciller José García Belaunde, reconoció que sería negativo para la imagen internacional del Perú que el gobierno denuncie el Pacto (RPP, 09/08/06). Por su parte la decana del Colegio de Abogados de Lima, Dra. Greta Minaya, afirmó que desde “una posición principista…renunciar al tratado significaría un retroceso en la administración de justicia y aun aislamiento ”. Lo propio hicieron altas personalidades jurídicas como el ex juez AD’Hoc de la CorteIDH, Fernando Vidal (La Primera, 13/08/06) o la Dra. Delia Revoredo (La República, 13/08/06).
Yendo mas allá de las discrepancias políticas, se puede decir que con la salida del Pacto de San José se va contra la defensa de la seguridad jurídica, porque se atenta contra el derecho a una instancia supranacional que aprecie la situación del Perú en cuanto al respeto del Estado de Derecho: “la protección legal de la Corte IDH sirve para corregir, frenar excesos, equivocaciones y hasta abusos judiciales o legislativos. Fue esta corte la que dejó sin efecto la ley de amnistía para el grupo colina (grupo asesino paramilitar)” (El Comercio editorial, 13/8/06).

5) Una interpretación anticonstitucional de la pena de muerte

Si lo expuesto anteriormente no fuera ya una razón suficiente, se sostiene también que la pena capital sería anticonstitucional porque aunque está inscrita en el articulo 140° de la Constitución, la cuarta disposición final de la Carta Magna prescribe que las normas referidas a los Derechos Humanos se interpretan de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los Tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Siguiendo este proceso, se puede interpretar, que esta disposición introduce (en el Derecho interno) todos los acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia de Derechos Humanos, dando un valor Constitucional a esta introducción. Lo que implica, que una vez introducidos estos Tratados sobre DDHH, quien los denuncie, va en contra de la Constitución.
Entonces por ejemplo, el que querría denunciar la Convención Americana sobre DDHH para reinstaurar la pena capital, además de ir contra la interpretación del articulo 2° de la Constitución “Toda persona tiene: Derecho a la vida…”, iría también en contra del Pacto de San José y en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su articulo 3 “todo individuo tiene derecho a la vida…”, los cuales están introducidos constitucionalmente en Derecho interno.

Pero apuntando más allá de cómo se ha venido interpretando la Constitución peruana hasta hoy, y luego de lo expuesto, una pregunta nos salta a la vista: ¿El articulo 140° de la Constitución, que reconoce la pena de muerte en tiempos de guerra, no entra en contradicción con el articulo 2° que defiende el derecho a la vida? Pensamos que existe allí una relación “contra natura” entre dos conceptos que se oponen (muerte y vida), lo cual amerita una reforma en la Carta Magna con una preocupación de claridad y sobretodo de humanidad.

 

NOTA: Si desea la bibliografía de este u otro de los tres artículos relacionados con el tema, sírvase dejar un mensaje en la presente rública de comentarios.

Proposiciones para un Perú sin pena capital pero libre de violencias

“Insistir en… la pena de muerte es convertir el asunto en tema principal del debate político, o por lo menos, en uno de sus ejes; es decir, en una prioridad nacional, cuando los esfuerzos… deberían centrarse hoy, en los momentos iniciales de la nueva generación gubernamental, en las urgencias referidas al desarrollo, a la exclusión, al empleo y a la reforma del Estado” (Santiago Pedraglio, diario Perú 21, 13/08/06).

Muchas de las propuestas que aquí plantearemos necesitan de medios económicos consecuentes, sin embargo, estos gastos parecen estar a la altura de las arcas del Perú. Según el Banco Central de Reserva, se estima que en 2007 el Perú crecerá más de 6%, habiendo crecido a ritmo acelerado desde hace ya un lustro. Así, para que no exista un riesgo de déficit durante la inversión social, deben de desplazarse las prioridades del gobierno, garantizando un Estado más social para recolectar a mediano o largo plazo (en el caso de la educación) los frutos de una nueva política basada en la oportunidad y la paz. Recordemos, en este sentido, que el Perú está en “la cola sudaméricana del avance social” con solo 8% de su PBI consagrado al gasto social, mientras que Bolivia o Colombia ocupan mas del 13% y Uruguay llega a casi 21% .

A) Combatir y erradicar la violencia estructural

1) Una reformulación de la estructura educativa

Consideramos que ésta es la medida más importante de todas contra la plaga de violadores y delincuentes que afrontan las tierras peruanas. No olvidemos, en este tema, que muchos de estos adultos que ahora tienen alrededor de treinta años y que violan, eran sólo niños de apenas diez años cuando Alan García tuvo la “tarea” de educarlos como buenos ciudadanos. ¿Qué se nos ha legados luego de su gobierno y los demás gobiernos que le han seguido? No respondamos que el resultado son violadores, porque sería muy fácil, y generalizaría la situación para con muchos ciudadanos que no lo son. Pero, digamos que algo falló en la educación, que los violadores, los cientos de padres que abandonan a sus familias, etc. son producto de la falta de educación, o son más bien producto de la mala educación/formación que se les ha dado. Es de esta manera que luego de un estudio llevado a cabo durante diez años, el Latinobarometro se expresa así en su informe: “Perú es uno de los países que mas preocupa en términos de su cultura cívica y sus actitudes hacia la democracia que han experimentado un retroceso en los últimos años”
Por ello, pensamos que hay que proceder a una reforma de la estructura curricular que implique una enseñanza eficaz de la educación cívica (no relegada a segundo plano como sucede hoy). El aumento de las horas por semana de esta materia; Que la estructura del curso exija la enseñanza de la Constitución y la visita de un personaje cívico durante el año (policía, juez, alcalde, regidor…). Por otro lado, se puede imaginar la fusión del curso de educación religiosa con uno de educación moral, que imparta un modelo de cultura ética que falta en el Perú, (el profesor impartiendo antiguamente la religión puede –bajo ciertos criterios- ser el mismo de educación moral si se le capacita).
También se deben de reactivar las inspecciones académicas a diversos niveles (nacional, regional, local). Alargar las funciones de la Oficina de Supervisión y Coordinación Regional para que se ocupe de controlar esporádicamente las escuelas a nivel local. Por otro lado, crear tests anónimos donde cada alumno pueda expresarse sobre el sistema educativo, (para evitar presiones, las respuestas a este test deberían de darse con “aspas” y no con escritura caligráficamente reconocible). Las veintiséis Direcciones Regionales de educación podrían hacerse cargo de la organización y recuperación de datos de este sondeo semestral. Vale la pena señalar aquí, que los alumnos pequeños o grandes también son nacionales y tienen voz aunque por la minoría no tengan voto. Y es posible que en la negligencia, o el hecho de hacer caso omiso a sus pedidos, esté uno de los fracasos del sistema educativo peruano.

2) La lucha contra la cultura machista

El periodista y escritor Mirko Lauer apunta que “la violación y asesinato de niños es parte de una frondosa patología de la vida en común en medio de la miseria, la lista es larga y compleja e incluye el abandono impune de los hogares… la cultura del machismo violento…” (La República p.6, 13/08/06). Por ello consideramos, que las soluciones al tema del machismo van de par con la educación, porque como nos lo explican la antropología los comportamientos de género no son naturales sino culturales. Por ende, el machismo también obedece a una estructura cultural que puede cambiar o que se puede formar desde pequeño.
No olvidemos que igualdad sexual implica ante todo igualdad social, por ello esta igualdad tiene que formar parte integrante de la política de Estado. Ello se entiende como más lugares para las mujeres en la función pública, el incentivo del Estado para las empresas privadas que sean modelos en paridad de género (sueldos, simetría en la planilla). Por último, la acción, no debe de ser aislada, pero deben contribuir también los medios de comunicación (multar las alusiones sexistas en la TV, la radio…). Crear campañas publicitarias de revalorización del rol y la imagen de la mujer en la sociedad. No sólo mostrando a la mujer en el rol de madre (tan conocido y pisoteado), pero además fomentar la imagen de la libertad femenina de la mujer obrera, empresaria, médico, política…

3) La Formación un programa que favorezca a los hogares en estado de abandono

Muchos conocedores de la sociedad están de acuerdo en decir que esta es una posible causa del alto numero de violadores sexuales estos últimos años en el Perú. En este argumento esta implicado el Alcalde de Surquillo Gustavo Sierra quien afirma que “el 100% de jóvenes inmersos en problemas de drogas, pandillaje y delincuencia proviene de familias mal estructuradas” (el Correo, 11/05/06). Por ello, y por seguir una lógica avanzada de lucha contra la estructura violenta que genera violencia, no podemos ignorar esta pista. Entonces habría que combatir el abandono de hogares y prestar auxilio en los casos de abandono. ¿Hasta cuando vamos a ver a niños vendiendo caramelos en los buses a horas de colegio para alimentar a sus hermanitos porque el o los padres los abandonaron? ¿Qué plan de ayuda general existe para asistir a la madre abandonada?
Esto implica, en primer lugar que se afirme la penalización (que existe hoy) de este acto. En segundo lugar, es imperativo informar a la policía sobre este delito y prevenirlos sobre las sanciones ligadas a la idea machista que consiste en no tomar las denuncias sobre violencias familiares o abandono de hogar.
Por último, y en los casos de pobreza declarada por un organismo social (asistenta social, hospital, escuela) prestar una ayuda económica directa a la familia destruida, un modelo como el plan “hambre cero” aplicado en Brasil por su Presidente Lula da Silva . Para información sepamos que este modelo se aplica en escala mas grande y social en países como Chile, Francia (con sus Allocations familiales), o México que cuenta con el programa Oportunidades .
Es posible que se afirme la falta de liquidez del Estado para afrontar tal gasto de ayuda directa. Pero pensamos que 8% para el gasto social es insuficiente. Por eso, se puede empezar desde ahora con los casos más graves como son los niños sin padres, a los cuales debería de darse prioridad con un estatus de hijos de la nación. Lo mismo debería de aplicase para con las madres abandonas en situaciones críticas. Recuerdo justamente haber encontrado una señora de alrededor de cincuenta años en Lima quien vendía caramelos en las calles y se desplazaba con una cojera muy pronunciada. Al preguntarle por la causa de ésta, me contó que era fruto de un accidente que sufrió al ser atropellada por un carro cuando pasaba de un bus a otro para vender sus caramelos. Imaginé que por su trabajo estaba de pie todo el día, dándome cuenta (luego de calcular rápidamente sus ganancias) que el sufrimiento y los años de vida que estaba perdiendo por el dolor valían apenas 150 soles para alimentar sola a sus dos hijos.

B) Comenzar con una verdadera reforma del Poder judicial

De todos los planes de reforma analizados, el más maduro y con más visión realista de éxito es el que planteó el ex presiente del Poder Judicial peruano, Dr. Hugo Sivina Hurtado, (que retomamos de nuestro artículo más arriba) esto se debe a que sus proposiciones son concisas, claras, directas y además, a que articula eficazmente los focos del problema en tres ejes centrales.

1) Devolver la independencia institucional a los jueces

Reestablecer la legitimidad de las instituciones débiles es tarea nacional, y esto debería ser una regla para todos los altos funcionarios con un cargo importante. Esto implica que los otros poderes del Estado no se inmiscuyan en los asuntos judiciales ni en los fallos de los jueces. Se estima en este sentido que aunque exista la libertad de expresión, ésta tiene sus limites donde empiezan las libertades del Poder Judicial, a saber el derecho a su independencia de los otros dos poderes del Estado (Véase en este sentido el desarrollo y los ejemplos puestos en el artículo dos puestos más arriba).

2) Empezar una real lucha anti-corrupción en el PJ (transparencia)

Lucha anticorrupción que no sólo implica un control interno de los movimientos, actividades y seguimiento de los casos y de las instancias, pero que también se entiende como un refuerzo en la formación de futuros magistrados de carrera. Quienes deben de ser preparados con un real afán ético. Por ello, sería interesante privilegiar aun más de lo que se hace hoy, el estudio de las Ciencias Humanas en las carreras de Derecho y concursos públicos para acceder a puestos del Poder Judicial. Sabemos, desde aquí, que el Derecho es fundamental para hacer carreras de este tipo, pero pensamos que no hay suficientes bases en filosofía, ética y educación moral como para realizar desde la formación que hay límites que no se pueden transgredir cuando se es juez.

3) Modernizar progresivamente e ininterrumpidamente la administración

Esta reforma es necesaria, para agilizar un Derecho Humano que es el de la justicia rápida y eficiente. Tengamos presente que en el Perú la justicia tarda demasiado. Por ello, el 65% de los peruanos consultados expresaba su descontento con la lentitud de la justicia (latinobarometro, 2005). La ciudadanía sondeada aquí no hace más que, clamar un derecho que no es únicamente el de los reos, pero que es el de todos. Para darnos una idea de la lentitud de los procesos penales tomemos en cuenta que sólo en Lima hay 19.110 reos de los cuales sólo 4880 han sido sentenciados. Viendo esto, es evidente que se necesitarán medios económicos consecuentes con la modernización y progreso judicial, pero esto responde a una necesidad que no solo se debe de interpretar como institucional, sino más bien como social. Hay que recalcar que desde la segunda mitad del régimen de Fujimori se vieron algunos progresos en las oficinas de los juzgados (computadoras remplazaron las maquinas de escribir, se informatizaron algunos datos del reo…). Pero esta reforma debe de continuar e ir en un proceso evolutivo constante que implemente las áreas de trabajo de utensilios necesarios (escritorios de talla adecuada, más sillas en las salas de espera, fotocopiadoras que sirvan…). Pero también que se implemente el ambiente de descanso de los funcionarios (máquinas de café, pintura en los muros, baños adecuadamente mantenidos…). Si hablamos de los juzgados provinciales, que son los más marginados, por la centralización del Estado en materia judicial, podemos desear incluso menos que esto, ya que ellos no tienen en muchas ocasiones ni siquiera agua en los baños, o vidrios en algunas ventanas. (Véase en este sentido el desarrollo y los ejemplos puestos en el artículo dos puestos más arriba)

C) Revisar las concepciones sobre el sistema penitenciario

1) Aumentar los medios financieros y la fiscalización en el INPE

El INPE o Instituto Nacional Penitenciario es un Organismo público y descentralizado del sector Justicia, rector del sistema penitenciario peruano, con personería Jurídica de derecho público y con autonomía económica, técnica, financiera y administrativa. Forma pliego presupuestario y se rige por el Código de Ejecución Penal y su Reglamento . Es importante señalar que aunque se ha comenzado ya con esta reforma trascendental para mejorar la vida en las prisiones, no parece haber las garantías de un buen manejo del Instituto por los múltiples casos, que van desde corrupción, madre de todos los tráficos (de drogas, beneficios) hasta las fugas de prisioneros , pasando por el maltrato a los familiares.

En esta óptica se debe de seguir con la reestructuración y reordenamiento del personal penitenciario, capacitándolos para evitar fugas por ejemplo. Capacitándolos también para canalizar la violencia gratuita contra un prisionero. Este tema de la violencia siendo muy importante para que el reo no repita lo que ha visto o vivido en la cárcel. Por ello, el despido de agentes penitenciarios violentos o corruptos debe de ser una norma fundamental y respetada ejemplarmente por el cuerpo del INPE.
Además, se debería de crear un ente fiscalizador de las acciones del INPE, con comunicación directa entre el INPE y el gobierno central a través del ministerio de Justicia. Las familias de los reclusos de largas penas (y que los visitan regularmente) podrían participar en encuestas sobre el funcionamiento de las cárceles. Lo cual sería útil para conocer las prioridades de reforma, debido a su experiencia en el sistema durante varios años.
Finalmente, se debe de aumentar los medios económicos a invertir en la seguridad (refuerzo de muros, rejas…), pero también, en la compra de herramientas para fabricar artesanías, compra de libros, cuadernos, implementación de aulas, y el pago de profesores de educación cívica entre otros.

2) Reconvertir la cárcel en un verdadero centro de reeducación

Contrariamente a lo que se afirma vulgarmente por los defensores de la pena capital, el decano del Consejo Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, Dr. Cesar Neyra apunta lo siguiente sobre los violadores: “Estos delincuentes pueden rehabilitarse a través de un trabajo psicológico cognitivo dirigido a modificar su conducta”. Mas tarde en su discurso el psicólogo aclara que actualmente “las condiciones de las cárceles peruanas no son las mas adecuadas para lograr estos fines” antes de proponer para estos delincuente el internamiento acompañado de un tratamiento en un centro especial para violadores, en donde aprenderían a comportarse socialmente y reaccionar sobre sus actos a través de una terapia o combinaciones de técnicas, como las dinámicas de grupo por ejemplo.

Esta idea no es en nada utópica e irrealizable, depende únicamente de un giro de en la política represiva (del Estado policial) que se esta llevando hoy . Recordemos que estamos hablando de menos tres mil trescientos internos que sólo representan el 10% de la población penitenciaria . Se debería entonces empezar por tratar a los violadores como violadores. Esto implica que se les trate a muchos de entre ellos como a enfermos mentales (véase los artículos posteriores relacionados con el tema) , y entonces serían necesarios los centros aislados especializados en tratamiento y reeducación para los violadores, con la participación de psicólogos, sociólogos, antropólogos... y de estudiantes en estas ramas para que se puedan especializar en el trato de este público. No se trata, con esta proposición, de darles un trato “de lujo”, porque sería siempre el INPE quien se ocuparía de esa prisión, con las mismas medidas de seguridad y tolerancia que se tiene para con los reos de otros penales. Desde esta perspectiva, el trato que se les daria seria según su condición, adecuando el tiempo pasado tras las rejas en tiempo que será útil para la sociedad, cuando estos individuos salgan libres y se reintegren. Pensemos que el deber del Estado no es solo encerrar al delincuente, pero tambien es de hacerle aprovechar el tiempo de encarcelamiento hacerlo conciente del acto delictivo, para reformarlos y terminar con el comportamiento antisocial.
Continuando con esta suposición de reforma, y si no tenemos un pensamiento misántropos o pesimista también se podría comenzar progresivamente a capacitarlos (realmente) a un oficio . Esto implica que las metas sean más ambiciosas de las que se tiene ahora . Y en un segundo tiempo, esta capacitación puede comportar clases donde se impartan cursos de lectura, aptitud numérica, pero sobretodo educación cívica, en la cual sean notados del 0 al 20. Si esta nota es sobresaliente, se podría tomar en cuenta por el Consejo técnico penitenciario para facilitarles o no los beneficios por “readaptación a la sociedad civil”.
Por último se pueden también optar por “los trabajos voluntarios de interés público” con delincuentes que muestren su buena conducta y que no se hayan visto implicados en casos de fuga o intención de fuga. Esta mano de obra podría ser explotada en beneficio del propio penal o de la sociedad a la cual han damnificado, y se traduciría por la construcción/reparación de pistas, la limpieza y recojo de basura (en los bordes del Lago Titicaca, en los lados de las carreteras…), ejecución de obras ecológicas (plantar árboles en zonas deforestadas, curar animales).
Finalmente, pensamos que estas medidas deben de ser tomadas en beneficio de la sociedad a la cual se reincorporará el reo, y en beneficio del derecho a la vida rechazando así los argumentos que no creen ya en la capacidad de cambio del Hombre.

 

NOTA: Si desea la bibliografía de este u otro de los tres artículos relacionados con el tema, sírvase dejar un mensaje al autor en la presente rública de comentarios.

Fundamento de los dos primeros capitulos del libro de la escuela de Harvard "Sí... de acuerdo ¿Cómo negociar sin ceder?"

Autores del libro: Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton

I El problema

1. No negocie con base en las posiciones Existen dos maneras de negociar, la dura y la suave. La negociación suave se basa en ser condescendiente con la otra parte y en evitar el enfrentamiento. La negociación dura pretende que los negociadores sean adversarios, que desconfíen los unos a los otros. Se cee que negociar desde una perspectiva suave puede ser ventajoso, haciendo vulnerable a quien juegue la versión dura. Sin embargo, negociar desde una versión dura puede intimidar a quien se muestre amistoso y suave en la negociación. Por ende, ninguna de estos dos tipos de negociaciones es eficaz ni seguro para llegar a un buen acuerdo. Es por ello, que existe una alternativa que consiste en cambiar el juego creando una segunda vía: el juego sobre el juego o meta-juego. Esta alternativa ha sido desarrollada por la Escuela de Harvard, y ha mostrado ser eficaz porque produce resultados eficientes y amistosos. El método de negociación de Harvard contempla principios, y está basado en cuatro puntos básicos:

1. Las personas: Hay que separarlas del problema, así se ataca el problema y no las personas, se evita la emotividad.
2. Los intereses: Se deben concentrar en los intereses y no en las posiciones. En una negociación basada en posiciones a veces se olvida lo que se quiere, no se vislumbran los verdaderos intereses de fondo.
3. Las opciones: Genere una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar. No hay que Inhibir la creatividad y hay que crear opciones de beneficio mutuo.
4. Criterios: Insista en que el resultado se base en criterios objetivos.

Para tomar una decisión en una negociación, basada en el método de Harvard, se deben sobrepasar las siguientes 3 etapas:

1. El análisis: Hay que identificar las opciones ya propuestas y los criterios ya sugeridos, como base del acuerdo.
2. La planeación: Se necesitan los mismos elementos una segunda vez, pero se generan ideas para decidir lo que se debe hacer.
3. La discusión: Cada parte debe entender los intereses de la otra.

II El Método

2. Separe las personas del problema. Entre negociadores, en lugar de atacarse entre las diferencias que vienen a ser los puntos a negociar, es bueno apreciar los aspectos que los unen, donde lo más representativo es la condición de ser humano de cada uno. Trate a su oponente como un colega, mas no, como un adversario. Tome en cuenta que los dos tienen emociones, preocupaciones y sobre todo intereses diversos y contrapuestos. Estos intereses son básicamente dos: uno que se basa en el fondo, en la sustancia, que es el resultado que se espera en la negociación; y dos, su relación con la otra parte “quedar bien”. Pero recordando que la relación se debe de separar del aspecto sustancial; enfrentándose directamente con el problema de las personas. Para ello es útil pensar en tres categorías de problemas de las personas, la percepción, la emoción y la comunicación. Dentro de la percepción hay que saber que el conflicto puede no ser la realidad objetiva, sino estar en la mente de las personas, (temores infundados, esperanza). Para poder comprender esto hay que ponerse en le lugar del otro, sintiendo la fuerza emocional que el otro siente. También se puede comprender no deduciendo intenciones del negociador adverso con base en nuestros temores y además uno puede contribuir a no exacerbar emociones evitando emitir juicios de valores y haciendo explicita las percepciones mutuas de manera franca y honesta. Hay que utilizar un lenguaje que esté en acorde con los valores mutuos positivos, más no un lenguaje que resalte las implicaciones negativas, como decir “usted pierde”. Dentro de las emociones para mejorar la relación con el interlocutor una vez más, es importante que se comprenda el sentimiento del otro, pero también el nuestro, ya que no siempre conocemos nuestros límites. Una manera de comprender al otro es indagar acerca de lo que producen las emociones. En el caso de que estas afloren lo bueno es hacerlas explicitas y reconocerlas como legítimas, permitiendo siempre que la otra parte maneje su ira o frustración, desahogándose. Así se minimizan aspectos explosivos y se dejan pocos residuos de aquellos aspectos inflamables dentro de una negociación. Pero, tengamos presente que el desahogo puede ser peligroso si conduce exageradamente a un estallido emocional. En este caso, existen algunas reglas (prestablecidas entre negociadores) que se pueden utilizar para que durante unos segundos o minutos uno pueda expresarse emocionalmente, respetando un turno para cada negociador.

Aqui, hay que recordar la importancia que representa dentro de las negociaciones los gestos simbólicos para suavizar los ánimos. Ya que sin comunicación no hay negociación, lo que no solamente consiste en hablar o en impresionar a los demás, sino más bien en intentar dirigirse con el otro negociador a un acuerdo mutuamente aceptable. Sin embargo, algunos problemas puede impedir la buena comunicación. Uno de ellos puede ser el hecho de ser mal entendido o mal interpretado, ya que con idiomas o culturas diferentes el significado de las palabras puede variar significativamente. Otro problema puede ser el no escuchar atentamente y por ello no entender o tergiversar la opinión del oponente. Una solución para mejorar esto es la reacción de buena fe. Lo cual quiere decir que no solo se debe escuchar al otro sino también confirmar lo que está diciendo, así como hablar uno mismo con el fin que se nos entienda el sentido de las frases. Esto generará un sentimiento de satisfacción y de ser comprendido por parte del oponente, así como también provocará una reacción una reconfortante atención de su parte si somos claros. Por otro lado, dentro de la comunicación es fundamental tener en cuenta el hecho de hablar por uno mismo antes de hablar sobre la otra parte. Ya que si tal es el caso se estaría pretendiendo que uno los conoce mejor que ellos mismos, e incluso nos podriamos enfrentar a un sentimiento de ataque, cuando lo que se quizo es expresar una opinión.

3. Concéntrese en los intereses no en las posiciones Una vez más veamos que es mas importante conciliar los intereses y no las posiciones, porque los intereses (necesidades, deseos, temores…) definen el problema y no así las personas o sus respectivas posiciones. En este sentido, es posible que tras tantas posiciones opuestas existan intereses compartidos, y por ello sería renunciar a estos posibles intereses compartidos si uno se atrinchera detrás de las posiciones. Pero todo esto merita que nos preguntemos: ¿Cómo se identifican los intereses? Comencemos preguntándonos cual es la razón de las cosas, el porque. Sin embargo, no debemos de perder de vista la pregunta de porque no, pensando así en la opción del otro. La discusión sobre los intereses es importante ya que se centra uno en el núcleo del asunto negociado, por ello es importante que los intereses sean vivos (específicos), claros y legítimos. Pero sin olvidar que los otros también tienen intereses y que estos son parte del problema. Se debe entonces contribuir con la comunicación hacia los intereses mirando siempre adelante y avanzando en la negociación y no estancándose o incluso retrocediendo con dialécticas que nada tienen que ver con el tema (tertulia, rememorar aspectos del pasado, etc.)Eso quiere decir que se debe de saber a donde se va y por ello es importante ir con un plan y un plan "B" para ser más flexible en caso que los otros negociantes no estén conformes con el plan "A", y además para ir mas sereno a la negociación sabiendo que existe otro plan de entendimiento posible. Por ultimo, es sumamente necesario no ser duro con las personas y los problemas o suave con ambos. Los mejor es no comprometerse con su posición pero comprometerse con los intereses. Esto quiere decir que la agresividad se debe emplear no contra las personas sino para resguardar los intereses. Entonces la escuela de Harvard propone es ser suave con las personas y duro con el problema.

4. Invente opciones de mutuo beneficio Diagnóstico Desde que uno empieza la negociación se debe de tomar en cuenta que se necesita una estrategia con varias opciones ya que esto nos permite múltiples posibilidades de éxito, como decíamos anteriormente. Aquí no hay que temer al hecho de inventar opciones de acuerdo, bajo la presión de que parezca ridículo. Además, parece lógico creer que una solución atractiva para uno sea atractiva para los intereses de la otra parte. Lo repetimos, uno no esta solo en la negociación y hay que considerar al otro como un colega. Remedio Inventar nuevas opciones creativas de solución (sin evaluarlas a priori) se necesitaría entonces separar esta invención de soluciones de la decisión final. La imaginación es creativa pero la selección es deductiva. El negociador debería inventar opciones solo o en conjunto, pero de todas formas tiene que reunirse con el otro para deducir soluciones, eso no lo puede hacer solo. En este proceso inventivo, la escuela de Harvard llama a la etapa creativa de soluciones bajo el nombre de tormenta de ideas. Dice que hay etapas a priori (selección de propósito, de personas que ayudan, de ambiente de trabajo), durante (aclarar reglas, registrar las ideas visualmente, sentarse uno al lado de otro) y a posteriori (señalar ideas prometedoras, inventar como mejorarlas, reservar tiempo para evaluar y decidir). No hay que descartar (en caso que el asunto no sea confidencial) que la tormenta de ideas se puede hacer en conjunto con los adversarios, ya que estos pueden aportar ideas que tengan en cuenta sus necesidades. También, la escuela recomienda ser inductivo y deductivo, partir de lo específico a lo general y viceversa. Multiplicando entonces todas las opciones que se tengan para conjugarlas creando un diagrama circular que lleve a una solución.A esto ayuda el hecho de rodearse de varios expertos con ojos diferentes sobre el problema y también inventar acuerdos de diferente intensidad para variar las posibilidades de consenso entre las partes, en caso de que una solución muy fuerte no marche existiría una mas débil (y así gradualmente) hasta encontrar la solución definitiva. Buscar el beneficio mutuo Casi nunca es cierto que uno obtenga más y el otro menos. Pero por el contrario casi siempre existe la posibilidad de ganancias conjuntas. Por definición la invención de una idea que tiene en cuanta los intereses de una parte como de la otra, es buena para uno pero también para el adversario forjándose el camino para una negociación exitosa. Aspecto a tomar en cuenta para llegar a plantear intereses comunes: Primeramente, los intereses comunes están latentes en cualquier negociación. Sin embargo puede ser que no sean inmediatamente obvios, hay que trabajar para identificarlos. En segundo lugar, los intereses comunes son oportunidades, es útil explicitarlos (porque no son milagros) y formularlos como objetivos. Por ultimo, hay que insistir en esos interés comunes para alcanzarlos llegando así a bases amistosas que permitan negociar el aspecto principal. En conclusión de este segmento, recordemos que siempre es importante saber lo que se quiere de una negociación o de una cosa en disputa ya que es posible que se puedan satisfacer ambas necesidades haciendo que no exista perdedor, sino solo ganadores. Haga que sea fácil para ellos decidir En primer lugar hay que tomar en cuenta lo anteriormente dicho para que les sea fácil decidir. Pero también esta el hecho de influir en un buen ambiente, en un buen trato, en la claridad de las propuestas y soluciones…

5. Insista en que los criterios sean objetivos Preguntémonos, ¿por qué la necesidad de usar criterios objetivos? La negociación basada en criterios objetivos produce acuerdos prudentes en forma amistosa y eficiente. Mientras mas criterios de amistas y respaldo científico existan, mas probable será el termino de la negociación con un acuerdo prudente y equitativo que incluso limite los costos de negociación (en tiempo y dinero). Pero cuestionemos también, ¿cómo se pueden identificar los criterios objetivos? Los criterios objetivos deben ser independientes de las voluntades partes, pero también tienen que ser legítimos y prácticos. Pero finalmente, no cedamos ante la presión. Así, esta puede adoptar muchas formas, soborno amenazas, manipulación o simplemente negarse a aceptar, en todos los casos la respuesta basada en principios es la misma. Por ello es fundamental perder que se expliquen las razones y sugerir criterios objetivos que pudieran aplicarse, negándose a aceptar una situación de presión.

NOTA: el texto expuesto aqui parafrasea ciertas líneas del libro y cita en muchas ocasiones al autor, por lo cual este blog no se atribuye ninguna propiedad intelectual sobre este artículo.

Crítica de la película Hotel Ruanda

Película canadiense, británica, italiana, y sudafricana, salida el 30 de marzo de 2005, fue realizada por Terry George, y cuenta la biografía del ruandés Paul Rusesabagina durante el genocidio de Ruanda en abril de 1994.

La trama de la cinta: Cuando la brutalidad se convierte en realidad

Poco después de la firma de un convenio de paz entre etnias ruandesas hutus y tutsis respaldado por la Organización de Naciones Unidas en el Hotel Mille Collines de Kigali, diferentes acciones empiezan a perturbar la tranquilidad del país. Soldados hutus instigan por radio a erradicar la invasión asesina de los tutsis. Paul Rusesabagina, el director del Mille Collines, propiedad de las aerolíneas belgas Sabena, un hutu, conocido y respetado por su solidaridad, su carisma y sus altas relaciones, se ve involucrado en el transcurso de los acontecimientos cuando amenazan a su esposa tutsi, a sus hijos y vecinos con la muerte. Logra sortear los primeros obstáculos sobornando a los militares, con la esperanza de que las fuerzas internacionales lleguen en cualquier momento para evitar la guerra civil, pero la situación se agrava. Tras el asesinato del presidente ruandés, comienzan las matanzas indiscriminadas de tutsis a manos de los soldados y ciudadanos hutus. Paul logra proteger a los suyos en el hotel, al que empiezan a llegar cientos de personas pidiendo auxilio. Mientras un joven camarógrafo y un reportero de la BBC, asisten al espectáculo dantesco y Paul hace uso de todos los recursos y sobornos posibles para mantener con vida a los tutsis refugiados en el hotel. Días más tarde, las fuerzas internacionales llegan a Ruanda, pero sólo para evacuar a los ciudadanos blancos y devolverlos a sus países de origen con órdenes de no intervención. Paul, armado de coraje, con la ayuda del coronel Oliver de la ONU (defraudado por el comportamiento internacional), logrará cobijar, protegiendo primero, y salvando después, la vida de miles de personas que confiaron en él. Se compromete consigo mismo a proteger a su mujer tutsi, Tatiana, a sus hijos y a los 1200 vecinos tutsis que, heridos y amenazados, llegan al hotel pidiendo auxilio y protección, cuando las potencias internacionales no ofrecen ayuda a los perseguidos. Finalmente, poco antes de sucumbir a la carencia de agua y comida, los refugiados del hotel llegan a cruzar las líneas de guerra hasta un lado del país donde los soldados tutsis en progresión habían alcanzado a combatir a los genocidas hutus.

África central: una historia contemporánea de conflicto basada en el racismo, individualismo y diferencias importadas de occidente

Desde la carrera de rivalidades por la conquista de África a finales del siglo XIX, las potencias europeas comenzaron a repartirse los territorios en este gran continente, apoderándose desde el mar de tierras y dominando etnias que vivían o convivían desde siglos bajo sus costumbres y con fronteras que les eran propias.
Así mientras los franceses y los ingleses competían por unir sus colonias, los países europeos menos poderosos como España, Italia o Bélgica, si bien deseaban extender su soberanía, no poseían numerosos enclaves como para unir sus colonias.
El destino de Ruanda (o la Tierra de las mil colinas) ha estado muy ligado a los conflictos que se vivían en Europa. De esta forma, podemos observar que en un principio fueron los alemanes quienes poseían este territorio junto con Burundi y Tanzania (a pesar de ser los belgas quienes ejercían influencia en Ruanda-Burundi), así luego de que los teutones perdieran la Primera Guerra Mundial en 1919, Ruanda y Burundi quedaron bajo la administración belga en calidad de mandato. Pero, como las guerras no terminaron ese año en Europa, los cambios para Ruanda tampoco terminaron allí. Es por esto que con la Segunda Guerra Mundial y su conclusión en 1945, los territorios de Burundi y Ruanda cambiaron nuevamente de manos, dejando de ser teóricamente belgas para ser administrados por el Consejo de Tutela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en calidad de fideicomisos. Pero los belgas continuaron a ejercer su autoridad bajo la promesa de preparar las áreas a la independencia y autogobierno.
Sin embargo, como se escucha decir en la película durante una conversación entre periodistas en el Hotel Mille Collines: durante la ocupación belga, estos crearon divisiones y rivalidades entre las etnias hutu y tutsi, dando el poder a los tutsi y luego a los hutu antes de retirarse apresuradamente del país. En un juego fatal desde el punto de vista de la ciencia política, en lugar de buscar la integración o en su defecto la retroalimentación entre culturas y etnias (diálogo intercultural), se buscó las diferencias para exacerbarlas, marcando en los documentos la pertenencia étnica por ejemplo . Quizás, de esta manera, desde un punto de vista maquiavélico, las potencias extranjeras hayan podido gobernar mejor ya que mantener infinitas dificultades entre los que colaboran y los que se desea oprimir ayuda a perpetuarse en un territorio (Maquiavelo, 1998).
No obstante, aunque los alemanes y belgas se hayan mantenido allí durante años sin mayores conflictos contra su poderío luego de su partida, se dejó un pueblo con poca preparación política y con mucho resentimiento mutuo, condiciones óptimas para la inestabilidad social y política.
De esta forma, podemos remontar en los años viendo que la monarquía tutsi que a pesar de haber sido confortada por los europeos, fue derrocada con la ayuda de los belgas por Grégoire Kayiband quién se convirtió en presidente a horas de proclamada la independencia de la República de Ruanda en 1962. Sin embargo, el país siendo inestable, necesitó de un poder ejecutivo fuerte que duró 20 años, luego de los cuales, un golpe de Estado, liderado por el propio ministro de defensa y primo de Kayiband, lo derrocó y mató de hambre en prisión. El golpista y nuevo presidente Juvénal Habyarimana, marcado como su predecesor por la institucionalización de las categorías administrativas étnicas que los belgas instauraron, propulsó el poder de los hutus e insertó cuotas étnicas en la enseñanza pública y en la administración a tal punto que el historiador Jean-Pierre Chrétien va hasta calificar el régimen del general Habyarimana como nazismo tropical .
A esto le sigue en 1990, la invasión tutsi del Frente Patriótico Ruandés que fue repelida con ayuda francesa hacia la frontera ugandesa. Firmándose, dos años mas tarde, el acuerdo de Arusha (Tanzania) que puso fin a la guerra civil pero que no pudo terminar con el rencor hutu-tutsi que siguió latente hasta el asesinato del General golpista, cuando su avión se desplomó en circunstancias que los hutus radicalizados atribuyeron a causas tutsis. A raiíz de esto , y como desenlace de tantos años de rivalidades se produjo una guerra tribal en donde no sólo se erradicó de manera racista a los tutsi, sino que además se saquearon los bienes de estos. Instalándose durante un tiempo, la anarquía en el país, matando a los que controlaban el poder empezando por el presidente y la Primera Ministra.
No solo se vivió incertidumbre política sino que también se organizó, a través del poder de los militares quienes controlaban el país, una sumisión-erradicación racial que se compara con los genocidios de nazis o de la Camboya de Pol Pot.

Los conceptos de paz y de anti paz según Hotel Ruanda

Comencemos por un concepto omnipresente en todas mentes de los personajes durante el film: la paz.
Veamos que en el Estado ruandés nunca existió paz en el sentido entero de la palabra, ya que la paz que nosotros conocemos como la ausencia de guerra no es más que la paz negativa (Galtung, 2003). La cual no implica una ausencia de problemas estructurales como la salud, el acceso a la educación y otros Derechos Económicos, Sociales y Culturales que aquejan y matan a Ruanda . En esta película no vemos más que un periodo inicial de paz negativa que se suple con la guerra, sin embargo en ningún momento hay siquiera un esbozo de lo que significa paz en su concepción integra, en su concepción positiva. Mostrándonos la pobreza y los conflictos armados, Hotel Ruanda, por sus imágenes y diálogos, hace que tengamos que deplorar dos guerras, en donde la miseria y asimetrías sociales parecen ser el escenario perfecto para un conflicto de tal amplitud como el que luego ocurre.

Pero veamos también el concepto interesante de educación para la paz, quien desgraciadamente no es un tema principal de la película pero que si influencia en la evolución de la personalidad de Paul durante el transcurso de la historia. Esto no implica solamente un aspecto de pedagogía directa que quizás esté implícita en la educación que Paul haya recibido. Sino que además, se encuentra en las acciones y vivencias experimentadas. En este sentido, en algunos momentos se ven escenas en donde existe este tipo de educación. Por ejemplo, los consejos y pedidos de la esposa de Paul quién lo induce a proteger, a indignarse contra la injusticia y a ayudar a los demás. También se ve de manera mas sutil cuando, “atrapados” en el hotel se enseña a los niños artes corporales, música, etc. Así, se les trata de dar una condición de vida tranquila con apariencia de bienestar y de paz en medio de la guerra, tratando de protegerlos de la educación para la anti-paz que sería dejarlos a la merced de los guerrilleros, de las armas, de la furia y rencor, etc.

Por otro lado la guerra es aquí sinónimo de genocidio para describir el tema principal. No obstante, como decíamos anteriormente, existen múltiples guerras en este país (la pobreza, las asimetrías, la corrupción, el rencor y finalmente el enfrentamiento armado). Pero, parece ser que esto que debería de indignar a la humanidad entera es considerado para algunos (lo veremos más adelante) como un evento que solo provoca o beneficio o neutralidad para algunos. Así, para la alta jerarquía militar ruandesa, los vendedores de armas y para la prensa extranjera es una bendición tener una guerra ya que sus economías pueden potenciarse, unos vendiendo muerte y otros mostrándola.
Pero ya más cerca del concepto, la guerra es una de las más viejas formas de relación entre humanos con el propósito de imponerse y controlar algo: una caverna, un área de caza, un señorío o un Estado, y así, entendiendo la progresión de las sociedades occidentales. Sin embargo, ¿que nos puede llevar a determinar cuando estamos en presencia de una guerra o no? Según el instituto sueco Paz Internacional, la guerra es todo aquel conflicto armado que cumple dos requisitos: 1- Enfrentar al menos una fuerza militar, ya sea contra otro u otros ejércitos o contra una fuerza insurgente. 2- Contar al menos mil personas muertas. En Ruanda este fue definitivamente el caso.
El genocidio, por otro lado, muy ligado a la guerra aquí, es el tema de fondo de Hotel Ruanda, ya que aunque no está en boca de los personajes principales es lo que parece ser mientras avanza la historia. Además de esto, es lo que pudo determinarse por los actos cometidos y también de manera cuantitativa. Entonces ¿Cómo se determina lo que es un genocidio? Según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso:

• La lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
• La matanza de miembros del grupo;
• El sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
• Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
• Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

En el caso ruandés, nuestro testimonio audio visual nos permite observar que en esa situación existieron todas estas formas de genocidio: desde impedir que la raza tutsi se desarrolle matando a los niños; hasta el sometimiento intencional de hutus contra tutsis y viceversa con intensiones de destrucción física; pasando por el desplazamiento forzado de hutus y tutsis, etc. Por ello, el genocidio no podemos entenderlo por la característica principal de él que es la matanza directa pero también por los actos anteriores y posteriores a dichas matanzas directas.
En este sentido, el concepto de genocidio está muy ligado a la evolución de los tribunales penales que previenen las matanzas grupales. Así, el Acuerdo o Carta de Londres de 8 de agosto de 1945, que estableció el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, definió como "crímenes contra la humanidad" los asesinatos y otras agresiones contra cualquier población civil o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos . Esto cristalizó en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la AG de la ONU en su resolución 260 A (III), en1948. La definición de genocidio plasmada en la Convención de 1948 evolucionó, siendo acogida en el artículo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, de 1993, el artículo 2 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 1994, y el artículo 6 del Estatuto de Roma de 1998, por el que se creó la Corte Penal Internacional.
Además un hito interesante del caso ruandés con respecto a la definición del concepto de genocidio es que durante los procesos del Tribunal Ad Hoc para Ruanda, ocurrió, en el caso Akayesu, la primera condena internacional por genocidio y por violencia sexual “pasiva” como actos genocidas acusando culpable de violación sexual a Akayesu por no haber impedido ni detenido este acto en su calidad de oficial, y no por haberla cometido personalmente.
Además el tribunal consideró que la violación constituía tortura y que, dadas las circunstancias, la violación generalizada, como parte de unas "medidas dirigidas a impedir nacimientos dentro del grupo", constituía un acto de genocidio.

El Hotel Mille Collines y la comunidad internacional: razones del oasis en pleno desierto

Es cierto que cuando estalla la guerra civil, el hotel no es atacado porque existen varias particularidades que lo hacen intocable. En primer lugar está el hecho que es capital extranjero y que en un principio no son estos los blancos de la violencia. También, se debe de agradecer la participación de la ONU quienes protegían el recinto y además la colaboración por medio del soborno de altos mandos militares hutus (a pesar de saber de la existencia de tutsis dentro del hotel). Sin embargo, lo que otorga primordialmente una garantía de vida a todos los que se encuentran en el hotel es la presencia de extranjeros, hasta donde podemos ver, todos blancos.
Ellos son el seguro de vida de los tutsis, ya que desde un punto de vista puramente político, si se masacraran a tantos extranjeros occidentales, la opinión internacional se sentiría quizás más apegada al drama e presionarían para una intervención.
Para corroborar esto, basta con acordarnos de dos ejemplos recientes:
En primer lugar, los atentados del 11 de septiembre, vistos en el Mundo como una catástrofe universal, miles de muertos en pleno suplicio, etc. No obstante, por el interés de la prensa en un segmento occidental frente a toda la población mundial, se cubrió este acontecimiento y las miles de muertes como el mayor de los actos criminales, cambiando medidas de seguridad, instaurando una unilateralidad mundial, legitimando guerras en Oriente… Pero este ataque, aunque manchado de sangre y deplorable, nunca fue de magnitud tal como para justificar otras miles de muertes en las guerras de Afganistán e Irak. Aquí, no cabe comparación pero se puede constatar que cuando fallecieron niños en Somalia por la guerra que los estadounidenses llevaron a cabo, cuando los afganos morían en manos de las milicias financiadas por capitales del gobierno de Carter, nadie les dio tanta cobertura ni tanta importancia a nivel de opinión o solidaridad como si ocurrió con el único ataque en territorio estadounidense. En Francia, por ejemplo, se decretaron minutos de silencio nacionales, un día de luto, las banderas a media asta en todos los edificios públicos y en ciertas ciudades sonaban himnos del país y de Estados Unidos en solidaridad con este ataque. No obstante, nunca ocurrió algo parecido por el genocidio de Ruanda, la intervención en Irak (a pesar de estar en contra), o incluso los atentados de Madrid.
Un segundo ejemplo, si se quiere ser más reciente, es el tsunami ocurrido en el océano Índico en diciembre de 2004, allí miles perdieron la vida, pero entre ellos se hallaban europeos y norteamericanos que durante sus vacaciones navideñas encontraron la muerte. Las imágenes de occidentales muertos en la arena aún con sus trajes de baño fueron posiblemente tan impactantes en el mundo occidental que la ayuda llegó hasta de forma excesiva . Pero cuando el turno de las catástrofes le tocó a las montañas de Pakistán, solo diez meses más tarde, dejando más de 30000 muertos, ni la prensa cubrió este hecho, ni la ayuda llegó como cuando ocurrió el tsunami. Es cierto que Pakistán no era una zona de turismo, ni de establecimiento de capitales hoteleros como Tailandia o el oeste de Indonesia, tampoco habían fallecido miles de occidentales, sino que eran todos orientales, y es por ello que la ayuda fue magra a pesar de que el gobierno pedía ayuda .
En este sentido, posiblemente los hutus al no matar a los occidentales, se resguardaron de la indignación de la comunidad internacional para que estos no intervengan.

No fue la ignorancia sobre la masacre sino la falta de voluntad la que impidió la intervención: del idealismo humanista ilustrado por "la paz" encarnada en Paul, a la realidad de los intereses geopolíticos

Paul, el protagonista es un ejecutivo, tiene un buen estatus social en su país y aunque conoce los problemas de su país (porque se protege) no parece querer intervenir en asuntos que no sean de su incumbencia personal o familiar para solucionarlos. De esta forma lo vemos, en una actitud de diferencia con el chofer de su auto, que aunque no es pedante si es algo que de hecho él tiene y los demás hutus empleados no tienen: “la clase”. Esta clase, hace que él pueda relacionarse con altos mandos militares, y con extranjeros muy influyentes, pero siempre en perspectiva de favorecer a su familia (acordémonos de la conversación que tiene con su esposa en la primera noche de los disturbios).

Es así como en el transcurso de la película lo vemos evolucionar, pasando de ser un tipo casi individualista que sólo aboga por su familia cuando lo sacan de su casa, hasta ser un hombre que prefiere quedarse con los tutsi en lugar de ir y salvarse junto con su familia.

Pero Paul en sus momentos solidarios o individualistas siempre confió en los valores de la gente y sobretodo en el humanismo, por ello podemos arriesgarnos a decir que era una persona que parecía estar educada con principios de paz. Es por esta razón, que lo vemos queriendo congraciarse con diversos personajes importantes ya que él cree, que así como él lo hizo, ellos le prestarían ayuda pacíficamente en caso de problema. Pero además cree, de la misma forma que Candido creía vivir en el mejor de los mundos, que la comunidad internacional intervendría si sólo supiera lo que ocurría en Ruanda. Es allí, que dos eventos intervienen para llevarlo a la dura realidad.

Primero el periodista de la BBC filma, a pesar de entrar en conflicto con su colega que prefiere cuidar su vida en lugar arriesgarla en beneficio de la información real, matanzas a pocos metros del hotel, lo cual daría a conocer al Mundo entero la amplitud del problema y los crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio ruandés, lo cuál a criterio de Paul debía ser sancionado por lógica, e incluso si nos ponemos a ver esto desde el derecho internacional, iría contra un derecho imperativo que meritaría una intervención.

Pero, luego de ser agradecido, el periodista dice a Paul que nada sucederá y que la indignación no ocurrirá, posiblemente porque los occidentales no se identificarán con ello, o porque Ruanda no es estratégica. Pero eso parece ser un choque emocional para Paul quien parece creer que el periodista es muy negativo.

Entonces llegan los militares franceses, por lógica de igualdad entre seres humanos serían los salvadores, pero no es así, sólo socorren a los occidentales como si en cuestión de vidas o humanidad pudiera haber diferencias de nacionalidad o de color de piel. El caso es que le dan la razón al periodista y no intervienen para parar la muerte de negros pero si para evitar la de blancos.

El segundo acontecimiento, es la intervención del presidente de SABENA quien luego de conocer la situación que vive Paul y los tutsi, es conmovido e indignado, usa de sus contactos para dar a conocer el problema urgente que viven los refugiados. Pero, la respuesta no es sorprendente, sólo hay un retiro provisorio de los militares que ocupan el hotel, y aunque se dio a conocer la situación a los líderes de Bélgica y Francia, estos no mostraron interés en intervenir en este pequeño país que presentaría más perdidas para sus tropas y arcas que ganancias estratégicas o beneficios económicos.

Es solo allí, cuando se derrumban los ideales de Paul y se da cuenta que está solo en el Mundo contra un Estado genocida, que se organiza solo sin contar más con la ayuda exterior pensando en resistir o morir. Su instinto de supervivencia lo empuja a fingir y a escapar lo más que pueda, pero sabe que sin ayuda el último de los caminos siendo el techo de su hotel, solo quedaría como opción saltar y es lo que le transmite a su esposa… es así como sus esperanzas cada vez son menores, deseando pelear hasta el final pero sabiendo que la muerte, esta vez, sí está cerca.

El rol de uncuarto poder en manos equivocadas: ¿Los medios de comunicación contemporáneos comunican, educan o manipulan?

No sólo está el hecho de que los medios de comunicación informen o comuniquen como su nombre lo indica, sino que parece que por el poder que se les ha concedido grandes medios económicos, legitimación popular, monopolios de información a las grandes cadenas, etc. Los medios de comunicación son capaces de llevar horror y morbo sin conmover a la opinión. Cierto es que desde el punto de vista mercantil, ellos venden sueños en los programas de entretenimiento así como venden información buena y mala en los noticieros. Pero la ética profesional y el humanismo no querrían sólo que ellos vendan estas imágenes o las presenten, sino que además sensibilicen a aquellos que las ven, que les den más que una imagen, un sentir. La expresión libre en los países occidentales es quizás demasiado libre, tanto así que incurre contra la libertad y en los derechos individuales (derecho a la vida) de los ruandeses quienes aún muertos prestaban sus imágenes para narrar el horror vivido pero que los intermediarios de esta narración no supieron poner de relieve. Y ello porque nadie los puede culpar por no haber denunciado el genocidio, nadie los puede condenar por no haber educado en materia de paz: es que son libres.

Como lo hemos visto anteriormente líneas atrás, cuando algunos eventos chocan con la sensibilidad  de la persona, cuando el sentimiento de pertenencia ha sido tocado, existe una reacción positiva, como el caso de las ayudas después del tsunami. Es decir, cuando nos decimos “pude haber sido yo” reaccionamos y cuando vemos la diferencia y decimos que eso pasa lejos, sólo nos quedan los segundos mientras pasan la imagen para decirnos “qué pena” y nada más.

Cierto es que de por sí, cada uno debería guardar esa capacidad de indignarse por un suceso de esa envergadura. Cada ser humano anticonformista y educado para y por la paz debería no conformarse con sólo ver esas imágenes, sino hacer algo para luchar contra aquello que considera injusto para la humanidad entera, aunque sea negro y africano (para retomar las palabras del Coronel Oliver. ¿Pero quién organiza si no es el Estado? ¿Quién educa para la paz si no es el Estado? En respuesta a esto acordémonos que en países de democracia el poder es siempre del pueblo y que la opinión pública maneja a gobiernos. Con un poder popular sensibilizado y organizado por los medios de comunicación se hubiera podido solucionar en algo el problema, pero en el Mundo neoliberal esto no es posible porque vender la imagen es más importante y menos engorroso que sensibilizar a la audiencia.

Pero para ser complaciente con algún economista o politólogo ortodoxo, no vayamos tan lejos. Sólo partamos del supuesto que la educación y la sensibilización no se puede hacer, porque no es el rol de una empresa de comunicación y además esto podría provocar incómodos disturbios políticos internos en el país donde se difunde la información. Pero aún así, ¿no existen analistas internacionales, juristas, periodistas políticos en los medios de comunicación para enfrentar a los ministros, a los parlamentarios, a los Generales con sus responsabilidades? Esto no se hizo, se limitaron todos a pasar sólo la información dejando que día a día muriera gente por la indiferencia. Por ello, cada periodista que calló, cada informante que escondió sentimientos, cada medio de comunicación colaboró moralmente con el genocidio. 

Pero veamos también al otro medio de comunicación que aquí juega un rol fundamental para la comisión del genocidio: la radio RTL de Ruanda.  Pienso que ésta está en tan malas manos como lo están muchos de los medios de comunicación occidentales. Cuando la radio RTL conminaba directamente a matar y a perseguir a los tutsi. Los demás medios de comunicación (occidentales) los dejaban morir, entonces ¿se puede decir que es mejor dejar morir o conminar a matar? 

Lo cierto es que la modernidad debería justamente de haber servido desde los ideales y las teorías de nuestros científicos como Graham Bell, Albert Einstein o Isaac Newton, para agilizar soluciones, para evitar muertes, más no para crear insensibles, conformistas e indiferentes[1].

Los indiferentes y los solidarios: ¿Quién es quien a la hora del peligro?  

Durante la Segunda Guerra Mundial hubo en Europa colaboracionistas con el régimen nazi y también gente que resistió combatiéndolos. Estos últimos y sus descendientes el día de hoy son aplaudidos y reconocidos. Pero son pocos los que dicen: “yo si hubiera la misma guerra sería resistente”. No lo dicen porqué de manera común alguien podría responder o pensar (como es seguramente más el caso) que esas son cosas que no se pueden saber hasta cuando uno se ve confrontado con la situación. Eso quizás lo sepan popularmente por el legado social que les dejó la guerra, sabiendo que durante el conflicto fueron pocos los que resistieron activamente frente a la cantidad que colaboró y a los que querían pasar desapercibidos. 

Lo mismo es en este caso ruandés. Muchos hutus que no eran asesinos, encontrándose con machetes gratuitos entre las manos y con legitimidad nacional para matar a los tutsis lo hicieron, convirtiéndose así en colaboradores del genocidio o en genocidas. Pero también sin saberlo, personas como Paul, aunque no tenían armas para combatir a los genocidas, luchó pacíficamente por la vida de su familia y de desconocidos convirtiéndose en un resistente.

No obstante, observamos que por una gran falta de solidaridad todos los occidentales blancos abandonaron el hotel en la primera oportunidad que tuvieron para irse. Es más, desde los primeros disturbios, se les veía pugnar entre ellos incluso para ser los primeros en irse, nunca se les vio retribuir en algo al país o a los ruandeses que los cobijaron durante su estadía. Parece como si se hubieran servido de la gente, aprovechando de la situación cuando estaba bien, pero abandonando cuando las cosas no iban bien. Y es probable que no tuvieran ganas de resistir o de morir, lo cual se comprende, pero sabiendo que eran el seguro de vida de los ruandeses que los habían protegido, ni uno solo pensó en quedarse por su propia voluntad… ni el cura, ni el periodista de la BBC, nadie se quedó en solidaridad con ellos a la hora del peligro.

Los únicos que tuvieron el valor de quedarse solidariamente arriesgándose fueron Paul quien no se fue cuando tuvo la oportunidad, mostrando una cualidad humana que occidentales y muchos de nosotros occidentalizados del Tercer Mundo hemos perdido: la solidaridad.  Y también el coronel Oliver de la ONU quien no se sabe si por su labor o por su convicción personal se quedó apoyándolos hasta el último instante. Lo cierto es que el coronel fue una persona que se involucró personalmente en el conflicto, presionando para que los ruandeses sean salvados, pero sin aplicar violencia en respuesta a la que él sí recibía.

El papel de los Estados de Occidente y el de la misión de la ONU en materia de mantenimiento y educación para la paz  

Sería iluso pensar que la ONU en algún momento tuvo la voluntad de solucionar el problema de masacre que sucedía en Ruanda. El coronel Oliver por más buena voluntad que haya tenido dijo en una declaración de prensa: “el papel de la ONU  no es el de hacer la paz, es el de mantenerla”. Esto quiere decir que en un país en guerra la ONU no tiene más nada que hacer, y en teoría esto es lo que hicieron todos los países del Mundo: vieron la guerra y sacaron a sus ciudadanos y sus intereses desligándose de Ruanda alejándose lo más lejos que pudieron. Lo cuál quiere decir que basados en esta teoría, no se puede hacer nada cuando un Estado regresa por motivos graves a eras cavernarias o incluso animales matándose sólo por ser de otro bando.

Aceptamos que la ONU que no es un Estado ni un ente soberano, depende no sólo del Consejo de Seguridad, sino que depende sobretodo de Occidente, de Estados Unidos, del Reino Unido, países que por cierto, querían que la misión de la ONU terminara luego de iniciado el conflicto, dejando a Ruanda sola frente a sus problemas. De manera muy respetuosa del derecho internacional los países quisieron respetar el derecho de los pueblos a decidir sobre ellos, también prefirieron que se respete ante todo el principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado soberano. Pero lo que extraña aquí es que sea una de las únicas ocasiones en que esto ocurría, ya que Occidente interviene por doquier bajo cualquier pretexto en países tan distintos y variados como Cuba, Argelia, Vietnam, Somalia, El Salvador, Siria, Afganistán, Costa de Marfil, etc.

No entendemos entonces porque esta vez sí se respetó la soberanía de un Estado. Sabiendo además que estos principios no debían de haber primado frente a un derecho imperativo como es el de los crímenes de lesa humanidad.

Entonces a la pregunta ¿influenciaron los Estados o la ONU en educar para la paz? podemos responder con seguridad que no directamente ya que no hubieron planes de educación ni reconciliación estructural antes del conflicto. Pero tampoco indirectamente ni por el ejemplo, ni por su accionar, ya que respectivamente, avalaron con su abandono a los hutus asesinos y no cumplieron con su rol de aseguradores de la paz estando en el Consejo de Seguridad de la ONU , por ello estos Estados se convierten en los más grandes colaboradores morales del genocidio ruandés.

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Anexos                                                                                                                                          
1)

Familiares suecos y alemanes de las víctimas del tsunami del 26 de diciembre de 2004 se abrazan o colocan orquídeas sobre las aguas de la playa Andaman, en el balneario de Khao Lak (Tailandia) Detrás un tailandés hace lo propio pero no es lo que interesa al fotógrafo.

Foto: Adrees Latif / REUTERS

2) Tecnología para “rastrear” un genocidio CNN Expansión.com (México, 7/11/07) 

Hoy se dio la noticia de que “Google-earth” junto con el Museo (estadounidense) del Holocausto unirán fuerzas para mapear la zona de Darfur, en Sudán, con el fin de registrar las atrocidades cometidas en ese lugar; un proyecto que además servirá para localizar ‘online’ otras zonas “rojas” e intentar así, prevenir los conflictos.

“En Google, creemos que la tecnología puede ser un catalizador para la educación y la acción", dijo Elliot Schrage, vicepresidente de Google, en un comunicado”

La iniciativa -y por supuesto-, sobre todo la intención, me parecen plausibles. Sin embargo, voy a pecar de pesimista (o de incrédula) por cuanto al hecho de que sea (aquí y ahora) la tecnología quien nos “humanice”.

¿Qué sirve entonces hoy en día para concientizarnos? ¿Imágenes?   

Aquí hay unas cuantas, (que no sé si el Google-earth, podrá rastrear) tomadas del sitio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- ,pero la búsqueda (también en Google) te arroja una cantidad aproximada de 233 mil fotografías, a cual más de impresionantes…

Niño Hutu fotografiado por occidentales ¿ganas de denunciar o de ganar dinero?

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[1] Véase el anexo N°2 en el cual se aprecian las recientes y posibles evoluciones de la tecnología para prevenir genocidios (¿y/o para ganar más dinero con la muerte ajena?)

Consecuencias jurídicas de la edificación de un muro en el territorio palestino ocupado

Análisis de la Opinión de la CIJ del 9 julio del 2004

Después del final de la guerra de Kippour y de la firma del tratado de paz entre Israel y Egipto, el conflicto israelo-arabe fue visto mas como un conflicto israelo-palestino. En este sentido, Cisjordania y la banda de Gaza, quienes están habitadas por mas de un millón y medio de palestinos, fueron ocupadas, después de la anexión impuesta unilateralmente por Israel en 1967. Esta ocupación provocó conflictos entre las dos poblaciones y generó la movilización de fuerzas armadas hebreas y de guerrillas civiles del lado palestino. Así, desde la última intifada, o guerra de piedras, las ofensivas palestinas hacia territorio israeli se multiplicaron, y los atentados kamikases dirigidos a los polos comerciales y económicos israelies aumentaron. Es en este contexto que el Estado hebreo decidió de construir un muro como solución a la inseguridad que le inspiraba su vecindad con el territorio palestino, de esta forma la construcción dividiría a Israel de los territorios ocupados sobretodo en Cisjordania. En effecto, para los israelies, es una forma eficaz para controlar la frontera y para evitar o prevenir la afluencia de kamikases u otras formas de terrorismo provenientes de Palestina. Por su parte, la autoridad palestina ve en este muro una suerte de nueva imposición fronteriza, ya que el trazado del muro no respeta los tratados conluidos con Israel en el pasado. Pero tambien, por usurpar territorios privados e ir en contra de los civiles palestinos asentados en las zonas limítrofes, por lo cual, la autoridad palestina demanda la reparación de todos los daños y perjuicios provocados a la nación palestina por la construcción de este muro.

De esta forma, el pedido se elevó hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU), y el ocho de diciembre de 2003, el Secretario General de dicha organización comunicó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la decisión adoptada por la Asamblea General, en su décimo período extraordinario de sesiones de emergencia, de solicitar a la CIJ, en virtud del artículo 65 de su Estatuto, que emitiera con urgencia una opinión consultiva sobre la siguiente cuestión:

"¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la construcción del muro que levanta Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, según se describe en el informe del Secretario General, teniendo en cuenta las normas y principios de derecho internacional, en particular el IV Convenio de Ginebra de 1949 y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General?"

Mediante una providencia, la Corte fijó el 30 de enero de 2004 como la fecha límite para la recepción de las exposiciones escritas que podían presentarse con respecto a esta cuestión, y estableció que en fecha del 23 de febrero de 2004 se iniciarían las audiencias públicas, en el curso de las cuales podrían efectuarse exposiciones orales independientemente de que los Estados y las organizaciones autorizadas hubiesen o no presentado exposiciones escritas.

La CIJ[1] determinó, por unanimidad de sus quince magistrados, que tenía jurisdicción para emitir la opinión consultiva solicitada, y, por catorce votos contra uno (voto del magistrado Buergenthal), decidió dar cumplimiento a la solicitud de opinión consultiva. Finalmente, emitió su opinión consultiva con fecha del 9 de julio de 2004, y el 20 del mismo mes la Asamblea General de la ONU adoptó la opinión de la Corte con una importante mayoría.

El presente análisis de este pronunciamiento de la CIJ tiene por ello una singular importancia, no solo desde el punto de vista del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos o sobre el derecho a la legitima defenza aquí invocados, sino tambien sobre el aporte de precisiones por parte de la Corte en materia de derecho aplicable en caso de ocupación militar, en particular el IV Convenio de Ginebra de 1949 y el IV Convenio de La Haya de 1907, así como los instrumentos de derechos humanos. La índole de las normas específicas aplicables y los derechos y obligaciones que ellas imponen a la Potencia ocupante también son objeto del pronunciamiento de la Corte, como lo es la identificación de las obligaciones violadas por la Potencia ocupante en el caso en cuestión y las consecuencias jurídicas de esas violaciones para la Potencia ocupante, los otros Estados y las organizaciones internacionales. Esto, sin olvidar el reconocimiento explicito que aquí se da a la costumbre como fuente del derecho internacional.

Así, apreciando el carácter tradicional de la costumbre, observamos que está constituída por un elemento material y otro psicológico. Sin embargo, según los elementos disponibles en esta Opinión de la CIJ, los magistrados van más allá de la observación de estas dos condiciones y piden a Israel que tome en cuenta otros elementos para crear derecho (por costumbre) entre Israel y la autoridad palestina.

Sobre estos puntos es entonces conveniente preguntarnos: ¿Cuál es el derecho que se debe de aplicar en el contexto israelo palestino para fundamentar una opinión sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro entre los dos territorios? ¿Cuáles son los intereses jurídicos de esta Opinión de la Corte para los terceros Estados y para el derecho internacional?

A continuación responderemos a estas interrogantes en cuatro segmentos en los cuales veremos como la Corte ha llevado a cabo su Opinión. Así, en un título preliminar, retomaremos las aclaraciones y el pronunciamiento de la CIJ para este caso. Luego, en un primer tiempo observaremos cual es el derecho aplicable en este contexto; más adelante, en un segundo título, apreciaremos cuales son las prohibiciones que el derecho aplicable trae contra la construcción del muro. Después, en una tercera parte, veremos las conclusiones de los magistrados en cuanto a las consecuencias jurídicas de esta edificación. Y finalmente, analizaremos el carácter de costumbre que la Corte ha retenido.

Titulo Preliminar: Aclaraciones preliminares y el pronunciamiento de la Corte

La CIJ precisa antetodo que el término “muro” no debe de entenderse en su estricto sentido físico y que además exsiten otros vocablos como valla o barrera que fueron usados para aludir a la construcción. Sin embargo, la CIJ adoptará el vocablo “muro” retomado de la Asamblea General de la ONU para designar dicha construcción.

Además, la Corte aclaró que su pronunciamiento solo abarcaría las partes del muro construídas en territorio ocupado, más no en el propio territorio israelí; así como la forma de construirlo; la confiscación de terrenos y la destrucción de inmuebles.

Luego de estas precisiones, observemos el orden y la respuesta de la CIJ:

A. La construcción del muro que está elevando Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, y su régimen conexo, son contrarios al derecho internacional;

B. Israel tiene la obligación de poner fin a sus violaciones del derecho internacional; tiene la obligación de detener de inmediato las obras de construcción del muro que está elevando en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, desmantelar de inmediato la estructura allí situada, y derogar o dejar sin efecto de inmediato todos los actos legislativos y reglamentarios con ella relacionados, de conformidad con el párrafo 151 de la presente opinión;

C. Israel tiene la obligación de reparar todos los daños y perjuicios causados por la construcción del muro en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores;

D. Todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de la situación creada por dicha construcción; todos los Estados partes en el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, tienen además la obligación, dentro del respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, de hacer que Israel respete el derecho internacional humanitario incorporado en dicho Convenio.

E. La Organización de las Naciones Unidas, y en especial la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, deberían considerar, teniendo debidamente en cuenta la presente opinión consultiva, qué medidas adicionales son necesarias para poner fin a la situación ilegal resultante de la construcción del muro y el régimen conexo.

Titulo Primero: La violación de las normas y principios del derecho internacional y de los derechos humanos contra la nación palestina

La CIJ determinará primero cual es el derecho aplicable a este caso para poner concluir sobre las consecuencias jurídicas sobre las cuales ha sido consultada. En este sentido tomará en cuenta tres fuentes: El derecho internacional general; el derecho humanitario y los derechos humanos.

En cuanto al derecho internacional general, se basarán sobretodo en algunos principios fundamentales de la ONU (la Carta, resoluciones adoptadas…), así determinarán basicamente dos ejes principales:

· La prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza "contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas" (párrafo 4 del artículo 2), y su corolario que entraña la ilegalidad de la adquisición territorial resultante de la amenaza o del uso de la fuerza, principio afirmado sobre todo en la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General. La Corte recuerda que, en el caso de Nicaragua[2], había afirmado el carácter de derecho consuetudinario de estos principios: "Los principios sobre el uso de la fuerza incorporados en la Carta reflejan el derecho internacional consuetudinario; lo mismo es cierto de su corolario que entraña la ilegalidad de la adquisición territorial resultante de la amenaza o el uso de la fuerza".

· El segundo principio identificado por la Corte es el del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos o derecho a la libre determinación, principio consagrado por la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General: "Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive de su derecho a la libre determinación (...) a los pueblos". La Corte recuerda que este principio también se reafirma en el artículo primero común a los dos Pactos sobre los derechos humanos: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación". En este artículo se precisa además que: "Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso (es el caso de Israel con palestina), promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho...".

La CIJ deja sentado por último que este derecho de libre determinación de los pueblos es ahora un derecho erga omnes.

Así, la Corte empalma estableciendo el carácter de territorio ocupado según el derecho humanitario y por ello invoca el artículo 42 de la Convención de la Haya que estipula que: “se considera un territorio como ocupado cuando se encuentra de hecho colocado bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación no se extiende más que a los territorios donde dicha autoridad se halla establecida (…)”. Sin embargo, Israel no es firmante en dicha convención y a priori, las disposiciones que allí se encuentran no la atañen. No obstante, luego de las conclusiones del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, las disposiciones de la Convención de la Haya de 1907 adquirieron un carácter consuetudinario, a lo cual la Corte se pliega y añade que su jurisprudencia ha llegado a la misma conclusión en lo concerneinte a las obligaciones de los beligerantes en las operaciones armadas. Pero, según la tesis sostenida por Israel, este convenio no se aplica al territorio palestino y argumenta “el no reconocimiento de la soberanía del territorio antes de su anexión por Jordania y Egipto, y deduciendo de ello su no condición de territorio de una Alta Parte Contratante (Soberana) en virtud del Convenio[3]”.

Por lo cual la Corte resalta la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra[4] con los convenios de la Haya, destacándo el primer párrafo del artículo 2 (que determina que el Convenio se aplica en caso de conflicto armado entre dos partes contractantes), con lo cual se entiende que los Convenios que Israel tiende a no reconocer, deben de ser reconocidos ya que palestina es parte del Convenio. Además se pone de relieve el trabajo de interpretacion del Comité Internacional de la Cruz Roja[5] quien siempre destacó la aplicabilidad de la IV Convención de Ginebra en los territorios palestinos desde su ocupación. Y añade que el derecho interno israelí reconoció, en un fallo del 30 de mayo de 2004 emitido por el Tribunal Supremo de ese país, las dos Convenciones (de Ginebra y de la Haya).

Se puede concluir entonces la aplicabilidad de los citados Convenios entre Israel y la autoridad palestina, con lo cual entran en aplicación los artículos correspondientes a estos tratados que preveen: el trato humanitario de las personas protegidas; las prohibiciones de ciertos actos y sobretodo, que es lo que más nos interesa aquí: la prohibición de destruir bienes muebles o inmuebles en territorios ocupados (artículo 53 del Convenio de Ginebra).

En cuanto a los derechos humanos, Israel también cuestiona la apicabilidad de los Convenios internacionales de los que es Parte, ya que según la tesis en la que se basa el Estado hebreo, los DDHH están destinados a proteger a los ciudadanos de sus propios gobiernos en tiempos de paz, a diferencia del derecho humanitario que se aplica en situación de conflicto.

En este contexto la CIJ precisa que en el sentido de su jurisprudencia[6], aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Israel hace alusión, se haya creado para ser aplicado en tiempos de paz, en las cuestiones relativas a la privación ilegal de la vida en las hostilidades estos derechos y protecciones se mantienen (excepto cuando se aplica el art. 4 del Pacto si existe algún peligro público).

Con lo cual la Corte establece claramente la aplicación de los DDHH en todas las circunstancias, y su aplicación conjunta, y sobretodo, complementaria con el derecho humanitario en las situaciones de conflicto armado (ABI-SAAB R, 1986).

Titulo segundo: La edificación del muro y su régimen conexo: prohibiciones según el derecho aplicable

Como lo anunciabamos ya en la introducción, el problema que señala la CIJ y la autoridad palestina, nace esencialmente del trazado decidido para la construcción del muro ya que se incluye de manera arbitraria a una gran parte de los asentamientos israelies que se ubican dentro de tierras palestinas de manera a pretender incluirlos (de hecho) a territorio Israelí[7], agrandándo así su territorio. Además de esto, la construcción fomenta, según la Corte, el desplazamiento de personas del lado palestino (sobretodo de las “zonas cerradas[8]”) y altera la composición demográfica del territorio ocupado.

También, desde el punto de vista material, la creación del muro se ha hecho confiscando propiedades y destruyendo bienes inmuebles en oposición directa con el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra[9] y con los artículos 46 y 52 del Reglamento de la Haya que enunciábamos anteriormente. Todo esto, provoca además por efecto colateral, la restricción a la libre circulación de los palestinos quienes no acceden a territorio Israeli; no pueden acceder a lugares sagrados; no pueden acceder a territorios palestinos ubicados en la zona cerrada y quienes ven sus vías de comunicación entrecortadas por la sinuosa construcción del muro. Esto último es reconocido por la Corte Internacional de Justicia como una violación al párrafo 1 del artículo 12 del pacto Internacional de derechos Civíles y Políticos: “derecho a circular libremente” y tambien como una violación al derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, etc.

Pero basándonos en el conflicto de fondo sobre la frontera, aunque Israel sostiene que el muro tiene un carácter temporal y que su construcción solo responde a un interés de seguridad, la CIJ muestra su inquietud sobre el hecho que esta edificación podría influenciar en el futuro trazado fronterizo entre Israel y Palestina, ya que se crea una situación material que equivale según la Corte a una anexión de facto.

Por otra parte, la Corte tambien sostiene que según el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra, queda prohibida la destrucción de inmuebles y que la única excepción establecida es la relativa a la absoluta necesidad a causa de la operaciones bélicas. No obstante, los Magistrados de la CIJ muestran su excepticismo con respecto a la absoluta necesidad de las destrucciones llevadas a cabo por Israel. También muestra no estar convencida de que el trazado que por el que se optó fuera el mejor para salvaguardar la seguridad dentro del territorio israelí y la Corte conluye sobre este tema diciendo que las medidas tomadas por el Estado hebreo no pueden sustentarse alegándo la seguridad nacional o la necesidad militar. Ya que Israel sostiene efectivamente que emplea su derecho a la legítima defensa.

Aún así, la Corte descarta está invocación ya que según el artículo 51 de la Carta de la ONU la legítima defensa puede ser alegada solo en caso de amenaza externa, y en el presente caso la amenaza provendría del territorio palestino ocupado, lo que significa que dicha amenaza proviene del interior del territorio sobre el cual Israel ejerce su dominio.

En cuanto al estado de necesidad que Israel podría eventualmente invocar, la Corte aclara que según la jurisprudencia de su institución, el estado de necesidad solo puede ser consentido “en casos excepcionales” y que “solo se puede invocar en ciertas condiciones estrictamente definidas que deben satisfaserse acumulativamente” añadiendo que “el Estado interesado no es único juez de si se han cumplido esas condiciones”

Por consiguiente La Corte concluye que Israel viola el derecho internacional por no poder invocar ni el estado de necesidad, ni la legitima defensa para sustentar la edificación del muro y su regimen conexo.

Título tercero: Las consecuencias jurídicas de la construcción del muro para Israel y para los otros sujetos de derecho internacional

Como acabamos de enunciarlo, la edificación del muro y su régimen conexo presentan un carácter ilegal según el derecho internacional aplicable. Por ende, este Estado debe de responsabilizarse por los actos ilegales cometidos y está en la obligación de:

- Respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación

- Detener la construcción del muro y dejar sin efecto los textos que forman el régimen conexo a esta edificación

- Reparar los daños causados e indemnizar a los terceros por los perjuicios provocados debido a la construcción del muro.

Asímismo, la Corte se pronunció también sobre las consecuencias de esta construcción para los Estados terceros y para los demás sujetos del derecho intenacional como la ONU ya que según alegan los Magistrados, algunas de las obligaciones de Israel son erga omnes, por lo cual todos los sujetos intenacionales están sometidos. Estas obligaciones básicamente son según la CIJ:

- La obligación de respeto del derecho del pueblo palestino a la libre determinación y velar por que Israel cumpla también con esta condición[10]

- La obligación de respeto del derecho humanitario, aún cuando los Estados no hayan ratificado los Convenios correspondientes, ya que constituyen principios “imperativos” de derecho internacional consuetudinario[11]

- La obligación para los demás Estados de no reconocer la situación ilegal que nace de la construcción; no prestar ayuda para el mantenimeinto de tal situación y obrar para que el Estado hebreo respete el derecho humanitario

Sin embargo, dos Magistrados, entre ellos la magistrada Higgins señalaron a posteriori, que no siguieron la logíca defendida por la Corte en lo que respecta a este tema de las obligaciones erga omnes y a sus consecuancias frente a los terceros Estados. Así, la Magistrada señala: “Debo admitir que he tenido considerables dificultades para comprender por qué una violación de una obligación erga omnes por parte de un Estado debería necesariamente desembocar en una obligación para terceros Estados (…)”

De esta forma, según la doctora Rosemary Abi-Saab del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, es el carácter imperativo de las reglas violadas, la que debería reflejar la importancia de los valores e intereses sociales que ellas protegen. Esto, explicaría mejor las obligaciones que dichas reglas imponen a los terceros Estados, en caso de violación, para que la situación sea conforme con el derecho internacional.

Título cuarto: precisiones de la Corte en cuanto a la formación de la costumbre y los criterios de oposabilidad hacia un Estado

Cuando se habla de costumbre en derecho intenacional, existen dos escuelas que discrepan sobre la naturaleza de la costumbre, la primera es la voluntarista (quien sostiene que solo nace costumbre por la voluntad o aceptación tacita del Estado), y la segunda escuela, objetivista (quien ve en esta práctica la expresión de una necesidad social que incita a los Estados a reaccionar de una cierta manera). Es por ello, que según lo que hemos visto hasta aquí, podemos pensar que la CIJ dio su Opinión basada en esta última escuela, oponiendo a Israel costumbres que ella no reconoce (“la Corte estima que las disposiciones (…) han adquirido un carácter de costumbre”)

De esta forma, recordamos que la formación de la costumbre depende de dos elementos que deben de conjugarse para formarla. En primer lugar un criterio real, y no solo la pretención, sino más bien demostrada por la constancia y uniformidad de su práctica (Véase caso CIJ Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua). Cabe señalar, que estas prácticas pueden desarrollarse en un lapso de tiempo corto cuando la práctica es certera y consistente . En un segundo tiempo, se añade a este citerio, un elemento psicológico más conocido con el nombre de Opinio Juris. Este muestra la convicción del carácter obligatorio de la práctica (lo que excluye, por ejemplo, al protocolo). Se asigna entonces a cada Estado, la libertad de manifestar su opinio juris, no obstante, si este no es el caso, una Institución internacional puede suplir al Estado en esta acción. En el caso de Israel, esto es justamente lo que ocurre, y es la Corte en la presente Opinión Consultiva, quien va a recordar la costumbre oponiéndola a todo Estado y por ende al mismo Israel.

También, la Corte muestra que así como el jus cogens se impone a los Estados por su aspecto fundamental, ciertas reglas del derecho humanitario, por su carácter fundamental para la humanidad, deben de por sí imponerse a todo Estado, independientemente de si forman o no parte de los Convenio de la Haya, de Ginebra, etc. La Corte, considerando esto, “impone” la regla del derecho pareciendo ir mas allá de las prerogativas de un Estado soberano, mostrándonos un aspecto de la evolución del derecho internacional que “impone” (aún de manera discreta pero con mucha claridad) una voluntad de aplicación de las costumbres fundamentales. A partir de allí, podemos pensar, como lo habíamos enunciado en un comienzo, que la escuela objectivista influenció ciertamente esta evolución.

Por otro lado, esta “fuerte incitación” a respetar la costumbre, aún cuando el Estado no es voluntarista, puede ser también vista como una crítica de parte de los Magistrados de la Corte hacia la teoría tradicional de formación de la costumbre.

En este sentido, podemos pensar que con esta Opinión se confirma un refuerzo del papel jugado por los jueces internacionales. Por ello, el doctor Pierre Marie Dupuis alega que no podemos dejarnos impresionar por la aparente unanimidad de los componentes de la costumbre, y por esta razón es el juez internacional quien tiene un rol determinante en la formación o revelación de la costumbre. En este caso, la jurisprudencia dictada por los Magistrados hace constar que son ellos quienes consacran jurídica y oficialemente la costumbre como fuente de derechos para palestina. E incluso, es posible dar una fecha que determina el nacimiento de la costumbre, de esta forma, constatamos en el presente caso que la Corte da una fecha para la costumbre sobre los derechos y deberes de los beligerantes en la conducción de operaciones militares, señalándo que en la Opinión Consultiva del 8 de julio de 1996 las disposiciones de la Haya adquirieron el carácter de costumbre. Constatamos así que en ciertos casos el Estado soberano depende de una opinión exterior supranacional, siendo el juez internacional quien tiene este papel entre sus manos. Pero, como afirma el jurista francés Michel Virally, aunque la identificación de las normas de costumbre puedan nacer del poder de las juridicciones internacionales, no se puede transgredir un límite después del cual caerían en la arbitrariedad.

En cuanto a las obligaciones creadas por la costumbre existente entre Israel y los territorios ocupados, la Corte trató de crear derecho o afirmar derecho no reconocido por Israel. Así, la CIJ llega a la conclusión según precedimientos consuesudinarios, que la reparación puede proceder por la ilegalidad de los actos de construcción frente a las normas de derecho internacional entre las cuales destacan las fuentes escritas pero tambien las adaptaciones hechas por la costumbre y la jurisprudencia. Llendo entonces más allá de la opinio juris de Israel en lo que concierne la indemnización, pero creando derecho entre el Estado judío y la autoridad palestina, por que se presume que Israel como todos los demás Estados están obligados por la costumbre, ya que se les presume haber consentido a su formación.

Conclusión

Con esta Opinión, la Corte afirma en primer lugar su reconocimiento y voluntad para enunciar el derecho en una rama en donde las reglas que sean del derecho humanitario o de los derechos humanos, no se aplican siempre por los Estados aún cuando la lógica (jurídica o ética) hacen presumir que las obligaciones son fundamentales para la humanidad. En este sentido, es cierto que la Corte ya se había expresado anteriormente en su jurisprudencia sobre estos temas, sin embargo, observamos que la afirmación de estos principios parece ser uniforme y constante en el tiempo, y además que se expresa con mucha claridad impidiendo cualquier ambigüidad.

Asimismo, la originalidad de este texto radica en el rol de los jueces quienes dejan entrever un “deseo” de instaurar una suerte de supranacionalidad en lo que concierne las obligaciones erga omnes y el derecho imperativo, sugiriendo claramente a los Estados el respeto de estas normas a pesar de que puedan existir algunos paliativos o alegaciones.

También, en cuanto a la costumbre, la CIJ ha demostrado estar dispuesta a dejar el carácter tradicional de formación de esta, cuando la opinio juris de un Estado no es expuesta o parece equivoca. Así, se confirma en primer lugar, el refuerzo de la institucion jurídica internacional, y en segundo lugar, la evolución menos rígida, en cuanto a la creación de reglas de derecho.

No obstante, hay que anotar que la Corte no expresa categóricamente su rechazo al ciclo trágico de violencia perpetrada por los dos bandos contra las poblaciones civiles, ciclo que constituye un elemento importante y fundamental para poder opinar sobre el presente caso.

Bibliografía

ABI-SAAB R, Le droit humanitaire et les conflits internes" (1986) Paris: Pédone

AJCHENBAUM Y, Israel Palestine Une terre, du sang, des larmes (2002) Paris : Flamarion

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA (CIJ), Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Opinión consultiva, 9 de julio de 2004

CIJ, Caso Tímor oriental (Portugal c/ Australia), Opinión Consultiva, 9 de julio de 1995

CIJ, Caso del Canal de Corfú (Reino Unido c/ Albania), sentencia de fondo, 9 de abril de 1949, CIJ Rec. 1948, p. 4

CIJ, Licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares, Opinión consultiva, 8 de julio de 1996

CIJ, Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua c/ Estados Unidos de América) sentencia de fondo, 27 de junio de 1986, CIJ Rec. 1986, p. 14

DUPUIS P-M, Droit international public (1998) Paris : Dalloz

PALESTINE SOLIDAIRE, Conséquences juridiques de la construction d’un mur en territoire palestinien occupé (2004) Retrieved : August 12, 2007, from :http://palestine-solidarite.org/ressourses.rapport_CIJ.090704.htm

SCELLE G, Manuel de droit international public (1948) Paris : Domat-Montchrestien.

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[1] La Corte estaba compuesta por : Sr. Shi, Presidente; Sr. Ranjeva, vice‑presidente; Señores: Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra‑Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al‑Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma y Tomka.

[2] CIJ, Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua contra Estados Unidos de América) (en adelante, el Caso de Nicaragua), sentencia de fondo, 27 de junio de 1986, CIJ Rec. 1986

[3] Véase en este sentido el párrafo 3 del anexo I del informe del Secretario General: “Resumen de la posición jurídica del Gobierno de Israel”

[4] IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, Comentario, Ginebra, CICR, 1956, Vol. IV

[5] Declaración CICR del 5 de diciembre de 2001.

[6] Véase en este sentido, Caso expuesto a la CIJ sobre la Licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares

[7] Cisjordania cuenta con 144 colonias judias oficiales y algunas otras colonias “salvajes” donde vivent más de 170 000 colonos (Le Monde, 2002)

[8] Zona cerrada: termino que proviene de la creación de un nuevo régimen administrativo en octubre de 2003 que acompaña la construcción del muro, esta zona se situa entre la línea verde y el muro, su acceso es imposible o limitado incluso para los residentes de dicha “zona cerrada”.

[9] Este artículo prohibe "que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas".

 

[10] La CIJ señala que su jurisprudencia ya había tocado ese tema en el caso de Tímor Oriental (Portugal contra Australia) del 30 de julio de 1995, concediendo el carácter erga omnes al derecho de libre determinación de los pueblos.

[11] Ver en este sentido el caso de Nicaragua contra Estados Unidos de América; el caso del Canal de Corfú; y la Opinión consultiva sobre la Liceitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares.

palestina

derechos humanos

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Corte Internacional de Justicia

El Peru de Fujimori: la ultima dictadura de Sudamerica

El régimen dictatorial llevado a cabo por Alberto Fujimori durante los anos noventa ha sido lavado por el olvido de algunos jovenes peruanos y por el desdén de una parte de la clase politica dispuesta a abandonar los valores republicanos por mantener una cierta continuidad en el sistema economico. Sin embargo es indispensable tener en cuenta que la moralidad de un Estado no se puede intercambiar bajo ningun pretexto ni bajo ninguna condicion. Estas lineas son un "recordatorio" de las razones de la llegada de los Fujimori al Poder y de como estos pervirtieron a la politica peruana hasta formar un régimen dictatorial:

 

El final de la aventura militar de los años setenta:

 

Durante gran parte del siglo veinte, el Perú fue controlado o amenazado por las instituciones militares. En efecto, estas tomaban el poder, se infiltraban en él o lo influenciaban cuando les venía en gana y cuando sus intereses estaban en juego. En este sentido, la última vez que los militares confiscaron el poder a los civiles fue en 1968 cuando el General Velasco Alvarado dio un golpe de Estado acusando al presidente liberal Fernando Belaúnde de aprovecharse personalmente de las riquezas petroleras del Perú. A su turno, Velasco Alvarado será puesto de lado el 29 de agosto de 1975 por una junta de jefes de cinco regiones militares, y será reemplazado por el que era su propio ministro: El general Remigio Morales Bermudes, poniendo fin a la experiencia de “socialización revolucionaria” de Velasco Alvarado.

No obstante, los militares nunca simpatizaron con las teorías democráticas, por lo cual el General Morales-Bermudes, declaraba en mayo de 1976 que la democracia estaba ligada a una fórmula “históricamente atrasada que nunca ha respondido a la realidad nacional en la medida que es importada de otras realidades socio-políticas y de otro continente”. Esto demuestra el grado de comprensión democrática con la cual los regimenes armados legitimaban su poderío, su autoritarismo y su injerencia dictatorial en los asuntos civiles.

Pero en 1978, frente a una crisis económica que generó una insurgencia social (y su respectiva represión manu militari), Morales-Bermudes se resignó a devolverle el Perú a los peruanos. Democráticamente se le dio a la nación una Constitución en 1979 luego de haber convocado a una Asamblea constituyente, y en 1980 fue elegido como Presidente el centro-derechista Fernando Belaúnde. Dos problemas consecuentes a los gobiernos militares marcarían el quinquenio de su gobierno: El primero es el arrastre de la crisis económica legada por su predecesor, con una deuda externa que aumentaba y una inflación galopante. En cuanto al segundo problema del terrorismo, este vino con el regreso a la democracia, ya que la desmilitarización del Estado condujo al tristemente célebre movimiento terrorista “sendero luminoso” a iniciar la lucha armada con una esperanza de impunidad.

 

La catástrofe económica de los ochenta:

 

En 1985, luego de cinco años de democracia derechista Belaundista, el Perú se encontraba desamparado, y a un paso de las urnas un candidato de izquierda y joven encarnaba el cambio de situación que todos buscaban. Es así como el social demócrata Alan García Pérez del tradicional partido político APRA[1] es elegido presidente de la República a sus treinta y cinco años. Sin embargo las esperanzas, su mandato será calificado de desastre económico y social. Destruyendo, por consiguiente, la imagen de su partido y de todos los partidos tradicionales. Al final de su gobierno, García, heredero de una economía mal llevada dejó al país en la bancarrota, aislando al Perú del Fondo Monetario Internacional, de la comunidad internacional y creando una situación interna e inflación que superaba los dos millones setecientos mil por ciento. Frente a esta situación, los grupos terroristas habían aprovechado la situación para captar más adeptos a sus ideologías entre los más desfavorecidos, desatando una guerra civil que ha provocado aproximadamente veinticinco mil muertos[2] y desaparecidos. Por otro lado, en la región amazónica del Perú, los narcotraficantes, convertidos en narcoterroristas, habían llevado al Perú a convertirse en el primer exportador de cocaína del Mundo. Por su parte, la capital Lima, con sus ocho millones de habitantes, nunca se pareció tanto al sector pobre de Calcuta. La falta de agua potable, de luz, de medicamentos, de trabajo, de infraestructuras, la penuria en productos de primera necesidad... Había creado una delincuencia dispuesta a todo para recuperar ilegalmente lo que sería imposible de conseguir por la vía legal. La sociedad urbana estaba dividida, por un lado, las clases alta y la moribunda clase media vivían con el temor del terrorismo y de la delincuencia. Por otro lado, en zonas periféricas de la capital vivían, separados por muros o por la lejanía, los pobres. Las clases desfavorecidas del Perú, gran mayoría de migrantes de la montaña en búsqueda de paz o bienestar en la capital, a los que se les permitió de lograr como único objetivo la fundación de clases socio económicas más bajas que la clase baja existente. Ésta es la situación el día mismo de las elecciones de 1990 donde el candidato de la derecha liberal, Mario Vargas Llosa, es derrotado por el casi desconocido pero carismático candidato llamado “chinito Fujimori”.

 

La llegada al poder de Fujimori y el cambio de los noventa:

 

Descendiente de una familia japonesa emigrada al Perú en 1933, Alberto Fujimori toma el mando de Presidente del Perú a sus cincuenta y un años. Ingeniero agrónomo de profesión y primero de su promoción en la universidad agraria de Lima, seguirá algunos estudios en Estrasburgo (Francia) y se convertirá en el rector de su universidad. Más tarde, asumirá la función de presidente de la asociación de rectores entre 1987 y 1989. Su partido, fundado por él mismo, con la ayuda de la comunidad japonesa y de algunos influyentes evangelistas, será llamado Cambio 90. Fujimori venderá incluso sus bienes para financiar su campaña electoral ya que no tenía el respaldo de grandes grupos económicos ni de partidos políticos. Su movimiento es independiente, sin raíces ni ideologías y por ende con lealtades políticas frágiles y aún a construir como lo afirma el director del centro de información del campesinado de Piura, profesor Bruno Revesz. La construcción de su política y sus alianzas serán hechas con nuevos actores creados por el mismo Fujimori o gracias al fujimorismo. De esta manera, su partido Cambio 90 formará alianza con una nueva agrupación denominada Nueva mayoría, compuesta por personas muy ligadas a su propio partido. En resumidas cuentas esta estrategia de “falsa alianza”, que bien hubiera podido formar un partido único con Cambio 90, quería mostrar que Fujimori no estaba solo en el combate por el cambio. Sin ser electo, esta patraña política fue la primera mentira del fujimorismo.

Luego de su elección el ex Presidente se atacará con éxito a la inflación llevándola de un ritmo de 400 % en el mes de agosto de 1990 a una estabilidad inflacionaria de 10% en octubre del mismo año. Utilizando una medida neoliberal perfecta desde el punto de vista económico: el “fujishock” Así elevando la inflación a cifras astronómicas en un solo día terminaría con la demanda económica y estabilizaría la inflación en solo algunas semanas. Desde el punto de vista social evidentemente esto fue una catástrofe por la devaluación del dinero tan abrupta, que provocó no solo un inicio de hambruna, sino también el aumento de la mortalidad infantil.

Fujimori optará también por la lucha contra el cáncer peruano del terrorismo desde su llegada al poder. El 17 de enero de 1991, el Parlamento peruano votará la ley 25 327 que autorizaba al poder ejecutivo a tener poderes legislativos en materia de inversiones desempleo y pacificación. Este último tema teniendo una singular importancia, ya que entre 1980 y 1992 el movimiento maoísta “sendero luminoso” y sus colegas terroristas del movimiento guevarista M.R.T.A (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), habían provocado muerte y daños materiales por millones de dólares contribuyendo a la destrucción de la infraestructura. Con una preocupación de pacificación o de justificación para atacarse hacia las entidades estatales, Fujimori elabora una serie de decretos-ley que reorganizan todo el aparato represivo del Estado. El Parlamento, estimando que el Presidente no ha respetado las condiciones de la ley que lo habilitaban a legislar, anuló los decretos respectivos en febrero de 1992. En efecto, la reorganización del sistema represivo que Fujimori había previsto no pasaba por el refuerzo de las autoridades civiles como se había entendido con todos los partidos políticos (que no querían conceder poderes a los militares), esta concertación había tenido lugar en debates previos y era una condición para adoptar la ley 25 327.

 

El renacimiento del totalitarismo:

 

En abril de 1992, dos meses después de la anulación por parte del Parlamento, el ingeniero anuncia la disolución de esta institución del Estado y en lugar de convocar a elecciones legislativas convoca a elecciones para crear una nueva Constitución: es lo que se llama un autogolpe. La consecuencia inmediata es el aumento impresionante del poder militar. Igualmente, y según el análisis del profesor en el Instituto de ciencias políticas de Aix-en-Provence (Francia), Olivier Dabène, el poder del servicio de inteligencia es puesto en el mismo rango que el propio poder presidencial, en una jerarquía en la cual estos dos dominan a las fuerzas armadas. Para legitimar este autogolpe y la subida al poder del servicio de inteligencia con el aval de Fujimori, se procederá a la captura del líder terrorista Abimael Guzmán que ya estaba seguido desde hace varios meses, y que bien hubiera podido ser arrestado antes del autogolpe.

El mes de abril de 1992 marcará entonces el final de la era democrática del Presidente e inaugurará un período de más de ocho años donde la concentración autoritaria del poder estará en manos de Fujimori y de su asesor, el jefe del servicio de inteligencia, Vladimiro Montesinos.

 

Pero antes de ir más lejos sobre este tema, sería conveniente de saber cuáles fueron las razones de la llegada a la presidencia de Fujimori, y ¿por qué se confió extrañamente tanto poder a su asesor? Por otro lado, también sería lógico de preguntarse ¿por qué sólo ocho años después se operó la caída de este régimen? Y por último, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a la restauración de la democracia?

 

A continuación trataremos de resolver estas interrogantes analizando en primer lugar las causas sociales y políticas que llevaron al poder y que degeneraron a Fujimori.( I ).

En un segundo tiempo y después de una lógica cronología estudiaremos algunas de las razones que llevaron a la restauración democrática y a lo que se refleja actualmente en la sociedad peruana. ( II ).

 

I / Las causas de la llegada al poder de Fujimori y la degeneración de un apolítico:

 

En esta sección procederemos a un análisis de las diferentes razones que se conjugaron y que dieron como resultado la victoria de un apolítico frente a la ineficacia del régimen de los partidos tradicionales ( A ). En un segundo tiempo, veremos cómo y por qué se operó este cambio que los peruanos esperaban, degenerando y provocando el final de una era democrática ( B ).

 

A / Un sistema político tradicional ineficaz:

 

Si el sistema político de los años ochenta se había mostrado ineficaz es porque los partidos de tradición no habían sabido solucionar los problemas más graves del Perú ( 1 ). De esta manera, Fujimori dándose una imagen en ruptura con este sistema quería encarnar una nueva era apolítica de prosperidad ( 2 ).

 

1 ) El cansancio de los partidos tradicionales y la impotencia de estos a manejar la política interna del Perú:

 

Como lo hemos relatado anteriormente, al final de los años setenta una restauración de la democracia se opera, llevando a la victoria presidencial a un partido de tradición de centro- derecha, cinco años después un cambio se opera dándole esta vez la victoria a un partido de tendencia opuesta (social-demócrata). No obstante, si bien el peruano espera una transformación de los objetivos del Estado para solucionar una situación interna que se agrava, este cambio de Presidente se da en el marco del sistema de partidos tradicionales. Siendo la segunda y última oportunidad acordada a éstos antes de la entrada en el campo político de un hombre contrario a los procedimientos de estos grupos políticos.

Durante la década de los ochenta, también llamada “década perdida”, dos problemas mayores fueron la causa del desastre que se vivió en el Perú, teniendo como principales protagonistas (que el pueblo confunde con culpables) a los partidos. Estos son problemas fueron el terrorismo y la crisis económica.

En cuanto a los terroristas, éstos se aprovecharon de la reconciliación con la democracia en 1980 para restablecer la lucha armada en mayo de ese año. Una estrategia ventajosa para los guerrilleros, ya que los civiles que tienen en sus manos el poder rehusan en la medida de lo posible toda intervención de los militares en los asuntos capitales del Estado. Y como los militares son distanciados (al comienzo) de los terroristas, estos últimos pueden así conquistar, de manera irreversible, las regiones más alejadas y pobres del Perú. Es únicamente siete meses después de los primeros ataques terroristas, y solo cuando estos se aproximaban de Lima, que el Presidente de la República dio poderes a los militares para combatir el terrorismo, lo que provocó automáticamente un aumento de violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, terrorismo no solo se aprovechó de la frágil situación política, pero también benefició de una geografía y de una vegetación adecuadas para quedar casi siempre en la clandestinidad. Por último, no hay que olvidar que la causa más importante del terrorismo es la pobreza y el sentimiento de abandono por parte del Estado centralizado en la capital. Es de esta forma que los terroristas captaban a sus adeptos, muchas veces obligando a los campesinos a unirse a su lucha y conjugando esta obligación con un resentimiento hacia los limeños o los políticos que concentraban el poder y las riquezas. De esta manera, incluso los militares no creían que la solución fuese de aumentarles el poder pero sabían (como hombres de terreno que eran) que la solución era la erradicación de la pobreza. Así, en 1984 el comandante de la zona de Ayacucho, general Huamán Centeno decía, en una entrevista de S. Bourque y K. Warren para el Latin American reseach review: “Aquí la solución no es militar, porque si tal fuese el caso, ya hubiera resuelto el problema en algunos minutos(...) pero esta no es la solución. Lo que pasa es que tenemos que tratar con seres Humanos en pueblos perdidos que claman su miseria desde hace 160 años y nadie los ha escuchado. Nosotros sufrimos ahora las consecuencias”. Por consecuente, lo que agravo aún más el terrorismo fue la economía peruana de los ochenta, que detallaremos a continuación, aumentando así la cantidad de pobres y humillando a las clases campesinas

En cuanto a la economía, no hay que olvidar que cuando el gobierno militar le devuelvió la democracia al Perú, es porque la situación económica era catastrófica: Enorme déficit del presupuesto nacional, una masa monetaria que no cesaba de aumentar para financiar las industrias públicas que a su vez no generaban ningún beneficio... Desde su entrada al poder en 1980, el gobierno de F. Belaúnde trata de rescatar al país de la crisis instaurando una serie de medidas para liberalizar una economía y un comercio exterior poco integrados en la esfera internacional. Pero la industria peruana, incapaz de resistir al cambio drástico en la política económica (de proteccionista a liberal), cede ante los productos importados por falta de preparación y concertación con el gobierno. Esto provoca un aumento de más de 80% de las importaciones y por ende un aumento del déficit de la balanza comercial. Para salir de este problema, un cambio de planes se opera en 1983, así las tasas de importación se elevan (para favorecer al mercado interno), el precio del petróleo también se incrementa y la moneda se devalúa. El resultado será un generoso excedente en la balanza comercial, pero también una inflación de mas de 110% (debido a la devaluación provocada), un aumento de 8.4 a 11millares de dólares de deuda externa, y una destrucción del poder adquisitivo en un mercado interno moribundo después del cierre de numerosas industrias. El Perú, desnudo frente a la crisis económica mundial no hace mas que hundirse en su propia inflación, y es de esta manera que el Presidente izquierdista, Alan García, toma las riendas del Estado.

En el primer día de su mandato la deuda externa absorbía 60% de los beneficios de las exportaciones, siendo razonable según la concepción del presidente García de imponer al Fondo Monetario Internacional (FMI) un límite de pago estimado a 10% del beneficio de las exportaciones. Desde el punto de vista del FMI, esta no era la solución al problema, y poco a poco esta institución perdió confianza en el Perú dejándolo a la merced de la miseria. Por otro lado, el cobre, la plata y el zinc, que son unos de los productos más exportados por el Perú, han bajado de precio en los mercados internacionales, y aunque la producción minera haya aumentado, el beneficio generado por la exportación de estos productos ha bajado de un tercio entre comienzos y mediados de los años ochenta. Frente a esta hecatombe económica el Presidente opta por la política del “borrón y cuenta nueva”, creando en 1986 una nueva divisa monetaria: El Inti. A partir de esa fecha se fijan los precios de los productos de primera necesidad, los salarios y la inversión pública son aumentados, se reducen los impuestos y el precio de la energía. Todas estas medidas buscaban el aumento del poder adquisitivo, del comercio y por consecuencia una reactivación de la industria peruana. Incluso un plan quinquenal, de inspiración soviética de los años cuarenta, debía de cuadrar todo el sistema económico mejorando la calidad de vida de los más pobres. Pero una vez más, los resultados son ligeros: un crecimiento de 8% en 1986 y una inflación reducida de mitad. Pero como contrapartida a este avance y por segunda vez desde 1982, a nadie se le ocurrió preparar a los industriales a una demanda interna que se preveía creciente (debido al aumento de los salarios), y por consecuencia, el Perú vivirá una penuria alimentaria que lo llevará a aumentar sus importaciones de 35%. Finalmente, la situación termina agravándose más a causa de la dependencia a la exportación petrolera, y esto debido a un desplome de 55% del precio del barril de crudo. El resultado es automático en la balanza comercial y de pagos provocando así un déficit de más de 1.5 millares de dólares. En 1987 la deuda pasa los 20 millares y el FMI ya ha decidido de no acordar más préstamos; Mientras que, por su parte, los capitales extranjeros se alejan del Perú por miedo de una nacionalización masiva y debido a los riesgos de la economía del país.

A finales del año 1988, ¡el PNB baja de 25%, y el nivel de vida se degrada en al menos 40% y de manera tal que ha provocado una disminución de 15% de las importaciones! En 1989, poco antes de terminar su mandato, la inflación sin precedentes llega a un ritmo de 2300% por mes, el descontento general y las huelgas que paralizan al país obligan a García a jugar la carta de la liberalización tal como lo hizo el general Morales-Bermudez antes de dejar el mando e inaugurar una nueva era política.

 

2 ) La imagen de Fujimori en ruptura con la política de los partidos:

 

Ante todo este alboroto socio económico, la imagen de todo político era poco apreciada por la opinión pública, ya que durante diez años los dos ejes principales del sistema político del Perú no habían sabido resolver los problemas del país y habían empeorado la situación. Fujimori por su parte beneficiaba de una imagen “fresca” porque pocos lo conocían, encarnaba el hombre no politizado y por ende independiente. Sus intenciones eran claras (la propaganda resumía todo en tres palabras “honestidad, tecnología y trabajo”), y su campaña se centraba mas en las ideas y en la imagen popular que en la confrontación personal contra sus competidores. Todo esto, se conjugaba evidentemente con el cambio y la ruptura con los partidos que los peruanos buscaban, ya que aquel contrato social que se había pasado con ellos en 1979 (firma de la Constitución) no había dado sus frutos.

Fujimori aparece entonces en 1990 como el salvador frente a su rival: el escritor Mario Vargas Llosa quien proponía de manera franca un “choc” económico para salvar el sistema de la crisis. Pero si bien, este último era también un nuevo llegado en política y beneficiaba del respeto de millones de ciudadanos, no parecía ser el que encarnaba de manera más auténtica su independencia de la clase política de antaño.

Entre los allegados de Fujimori todos eran nuevos y pertenecían a una comunidad de descendientes de japoneses que resaltaban aún más esa impresión de cambio. Con Vargas Llosa, la diferencia era flagrante ya que sus nuevas figuras por mas nuevas que fuesen representaban, para el elector, al blanco adinerado e ignorante de la miseria o al criollo “palabrero” y demagogo.

Por otro lado, las referencias al Japón de Fujimori en sus discursos de candidato alimentarían, según la profesora en asuntos latinoamericanos en la universidad Paris III Dra. Demélas-Bohy, la idea que existiría una estrecha relación peruano japonesa, y que estos últimos estarían dispuestos a ayudar al Perú, llevándolo hacia las vías del éxito asiático. Esta tesis se ve reconfortada si se tiene en cuenta de la desconfianza que el ciudadano tenia para con sus representantes tradicionales y del cambio de mentalidades de la sociedad peruana (menos nacionalista) desde el final del régimen militar.

 

B / El precio del cambio o el trueque con la democracia:

 

Toda voluntad de cambio sin medir las consecuencias tiene un precio, así pasar sin preparación de un régimen liberal hacia un régimen socialista (como en 1985) dio como resultado una hecatombe económica porque se quiso re-fundar un sistema que existía desde poco. Fujimori desde su llegada a la Presidencia sabrá que el poder en la República es compartido, pero que para salir del hoyo complicado de los procedimientos políticos y hacer avanzar al país, deberá sacrificar lo creado y convertirse a su turno en fundador de una nueva era pervirtiendo el poder de manera totalitaria (1) antes de verse controlado en su misma tela de araña por un segundo hombre hambriento de poder (2).

 

1) Fujimori y la perversión del poder:

 

El filósofo francés Montesquieu decía que: “aquel que tiene el poder tiende a abusar de él”. Es por eso que, según una vieja concepción de la democracia, que viene desde la antigua Roma, y que fue imitada por los ingleses y calcada por los estadounidenses, existen una serie de mecanismos en el Estado que tienden a limitar el poder y a repartirlo para evitar los abusos. De esta manera, en el Estado hay tres poderes que deben siempre de permanecer independientes uno del otro, dos nos interesan aquí: el ejecutivo (Presidente y ministros), y el legislativo (parlamentarios). En democracia y según una y otra Constitución, en el Perú los ministros se reparten las carteras según temas específicos, pero el que los nombra es el Presidente de la República ya que este es él quien representa al pueblo que lo ha elegido. La consecuencia inmediata es que los ministros siguen la tendencia y la política del Presidente. Por su parte el poder legislativo se ocupa de hacer las leyes y representa a todas las voces del pueblo ya que en su seno confluyen los partidos más importantes, la concertación con los ministros (y por ende con el Presidente) es importante para llevar a cabo una acción que solo puede ser conjunta en democracia. Por esta razón, cuando la mayoría en el legislativo es del mismo partido que el Presidente la negociación es más rápida, pero cuando el Presidente no obtiene la mayoría un acuerdo es necesario con otro(s) partido(s) para llevar a cabo una acción. Finalmente, y simplificando este tema, el legislativo tiene una arma contra un poder ejecutivo que no les conviene, así los parlamentarios pueden destituir de manera Constitucional a los ministros dando un mensaje de descontento al Presidente quien nombrará un nuevo gabinete. Pero el parlamento no abusa de esta arma ya que aquel mecanismo tiene su contrapartida en el poder ejecutivo y más específicamente en manos del Presidente, quien puede disolver el poder legislativo y convocar a elecciones cambiando así a los parlamentarios.

Según esta concepción, el mejor aliado de un Presidente democrático debe de ser el parlamento, pero después de las elecciones de 1990 donde dos tercios de la población - mas allá de votar por Fujimori o por Vargas Llosa – votó contra los partidos y el sistema tradicional, iba a provocar un futuro corto circuito entre el poder ejecutivo y legislativo.

En efecto, como lo hemos detallado anteriormente, el 5 de abril de 1992 Fujimori decide disolver el poder legislativo utilizando sus prerrogativas constitucionales de jefe de Estado. Pero el entonces Presidente no se limita a este punto, y seguramente por miedo de perder las elecciones legislativas que se anunciaban luego de la disolución, decidió cerrar anticonstitucionalmente la cámara de diputados y senadores con la ayuda de las fuerzas armadas y de convocar a elecciones para elegir un congreso que tendrá como misión de crear una nueva Constitución. Es a partir de esta fecha que Fujimori comienza a gobernar a la imagen de un conquistador de la época de la colonización, ya que no solo busca fundar por enésima vez el sistema peruano, pero también aumenta el poder Presidencial y lo centraliza aún más, provocando lo que muchos entes democráticos calificarán de dictadura enmascarada en democracia. Por su parte, los ciudadanos saben que este mecanismo no es correcto y que Fujimori, normalmente garante de la Constitución, está creando un sistema a su imagen totalitaria. Pero muchas razones reprimen la voz del pueblo, la primera es el miedo de los militares que ocupan las calles y los alrededores de los edificios públicos, el temor de las fuerzas armadas libertinas no ha abandonado aún la memoria de los peruanos desde la era militar. En segundo lugar, el peruano ve en este cierre del legislativo un castigo hacia los parlamentarios tradicionales y a los partidos que representan, por esta razón, el pueblo está dispuesto a ceder provisoriamente sus instituciones a cambio de avances en materia de terrorismo y economía. En esta lógica, a algunos les vuelve esta nostalgia del “hombre fuerte” en el poder capaz de resolver los problemas que los hombres políticos no han sabido manejar; En cierto sentido, este es un problema al que muchos países de Latinoamérica se ven confrontados, ya que en tiempos de dictadura las acciones del Estado solían ser más rápidas y en democracia fueron más lentas porque la voluntad tenía que ser común. Así, en octubre de1996, en una encuesta del Latinobarómetro, se estima que en el Perú, al igual que en América Latina, más de 65% de la población está poco o nada satisfecha con la democracia (el mejor resultado es presentado por Uruguay con “solo” 47% de descontentos).

El Perú, luego de la captura del líder terrorista Abimael Guzmán, cinco meses después del autogolpe, para legitimar el nuevo régimen, comenzó a creer a ojos cerrados que el sistema fujimorista antidemocrático y totalitario daba efectivamente sus frutos. Lo que es cierto es que Fujimori, como buen populista que fue durante su mandato, le dio al pueblo lo que quería, castigando a los partidos, avanzando en materia de terrorismo y economía. Pero su estrategia de utilizar y aumentar el poder a entes sin poderes constitucionales, como el servicio de inteligencia, iba a reservarle una consecuencia inesperada.

 

2 ) La aparición de un segundo hombre en el seno del poder:

 

Luego del autogolpe, la democracia fue confiscada, la constitución fue cambiada, y las instituciones fueron controladas por personas de confianza. El poder Presidencial era supremo ante otro ente del Estado, e incluso el parlamento estaba bajo su control gracias al tráfico de influencias o a la corrupción que se organizaba discretamente. El poder judicial por su parte se esforzaba, seguramente por la primera vez en su historia, en ser una institución independiente, pero las presiones políticas y la corrupción en su seno eran tales que les era imposible de mantener un Estado de derecho digno de una República.

Una sola institución quedaba a ser sometida: Las fuerzas armadas, que desde la independencia del Perú no habían sido controladas lo serán bajo el régimen de Fujimori gracias al aparato de influencia de su asesor del servicio de inteligencia (Vladimiro Montesinos).

Fujimori se impone, desde su llegada al poder, a los militares, y no tardará en confiscarles los privilegios absolutos que estos se habían atribuido: Devolución de los botines de guerra recuperados a los narcotraficantes, restauración del poder civil en zonas ocupadas por militares y terroristas. Y sobretodo, el retiro a la alta jerarquía del beneficio de nombrar a su jefe según una regla primus inter pares. Según el editorial del diario peruano El Expreso del 9 de mayo de 1992: “durante decenios, la nominación de los comandantes en jefe de cada una de las fuerzas armadas dependía de un escalafón interno y, eventualmente, de una asamblea de estos oficiales que designaba al primero de entre ellos. Este era luego nombrado, sin discusión alguna, por los civiles que ejercían el poder político”.

El asesor Montesinos va a jugar aquí un papel principal, utilizando sus influencias, extorsionando (porque filmaba a todos sus invitados en situaciones comprometedoras), y corrompiendo a las fuerzas armadas para reformarlas y someterlas al poder Presidencial. Fujimori, para recompensar tanta “lealtad” y por el hecho de hacer discretamente el trabajo sucio del nuevo régimen, dio al servicio de inteligencia poderes de decisión y un presupuesto completamente autónomo y secreto. El nombre de “servicio de inteligencia nacional” cubriría de esta manera toda investigación bajo el pretexto de la seguridad nacional. Más tarde, el asesor se servirá de este aparato del Estado para llevar a cabo una serie de tráficos ilícitos al interior y exterior del Perú, amasando una gran cantidad de dinero sucio y tratando con mafias internacionales. Por consecuencia, si volvemos a tomar en cuenta esta frase de Montesquieu que dice “todo aquel que tiene el poder tiende a abusar de él” nos damos cuenta que el asesor se aprovechó del cheque en blanco que el irresponsable Presidente le firmó, abusando del poder que se le había acordado.

Sin embargo todo esto no hubiera sido posible sin el aval de la CIA quien protegía la acción de Montesinos, por ser uno de sus informadores privilegiados. Protección que le será retirada después de que el Departamento de Estado estadounidense se diera cuenta que Montesinos jugaba con dos barajas, comportándose como espía para Washington, pero a su vez vendiendo armas a las FARC que los estadounidenses combatían con el Plan Colombia. Basándonos en una publicación del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la universidad Sorbona de Paris: Fujimori, su asesor, y sus cómplices, funcionaban como una “camarilla de mafiosi” que contaba con el apoyo de los Estados Unidos y de organismos financieros internacionales. Estos últimos se aprovechaban así de la situación de un Perú frágil, centralizado y sin alternancia política. Fue solo cuando esta camarilla traicionó a Washington que todo el régimen comenzó a desplomarse.

 

 

II / Las razones de la restauración democrática:

 

Después de haber vivido diez años bajo un régimen autoritario y mafioso, la coalición fujimorista se descompuso a raíz de escándalos de corrupción puestos a la luz por la publicación de los videos comprometedores que Montesinos acumuló durante una década. Por su parte, Fujimori fue destituido por incapacidad moral después de haberse fugado al Japón. Durante un año y bajo el respeto de los principios constitucionales, un gobierno provisorio tomó las riendas del Estado, convocando a elecciones presidenciales y viendo (re) aparecer antiguas y nuevas alternativas políticas (A) que crearon a sus vez un despertar generalizado de la sociedad civil (B).

 

A / Una nueva alternativa política:

 

Poco antes de la caída del régimen, Fujimori organizó elecciones Presidenciales en las cuales proponía su persona a un tercer mandato de cinco años. Este proceso electoral fue la ocasión, para muchos observadores imparciales y detractores de Fujimori, de demostrar que este Presidente no era mas que un autoritario y que las elecciones estaban manejadas con la ayuda del asesor Montesinos ( 1 ). Por otro lado, estos comicios sirvieron también como vitrina de algunas nuevas alternativas políticas que convencieron (a pesar de la manipulación) a una parte de la población ( 2 ).

 

1 ) El papel jugado por la Organización de Estados Americanos (OEA):

 

A pesar de algunos llamados a la inconstitucionalidad por parte de la oposición, en el año 2000, Fujimori va a decidir de presentarse por tercera vez consecutiva a las elecciones presidenciales para perpetuarse en el poder cubriéndose detrás de una democracia controlada, a la imagen de decenas de dictadores como Sadam Hussein en Irak, Loukachenko en Bielorrusia, etc.

Para una minoría de peruanos preocupados por los valores democráticos, este régimen se perfilaba más y más a una dictadura; Pero también, y sobre todo, para la comunidad internacional, quien beneficiaba de una educación cívica democrática y que no sufría del adoctrinamiento informativo que pesaba en el Perú.

En el año 2000, para ningún analista en asuntos políticos era un secreto que en el Perú la democracia estaba “enferma”, el problema era saber cómo se podía demostrar esta tesis con pruebas concretas. Y si bien las pruebas concretas no existían aún, hasta el descubrimiento de los videos del asesor, la presunción de violaciones de los derechos constitucionales de los peruanos fue demasiado grande para los observadores de la OEA.

El papel jugado por esta organización fue el siguiente: Eduardo Stein, jefe de la misión de observadores de la OEA, (y ex ministro guatemalteco) llegó al Perú para observar los comicios, lo que no inquietaba a la cúpula en el poder ya que se sabían cubiertos por los estadounidences y también por un principio de derecho internacional que impide a otros países de entrometerse en los asuntos internos de un Estado independiente. Pero Stein, fue más allá de su trabajo, y exponiendo el Perú a una crisis diplomática, se comportó como un inspector, “denunciando” la legitimidad de la victoria de Fujimori, y teniendo como argumento principal la diferencia entre el porcentaje obtenido, y el que reflejaba las encuestas. En efecto, esto era lo único que se le podía reprochar al régimen ya que la manipulación de los medios de comunicación, el espionaje de candidatos, el control del software que contaba los votos (...), eran únicamente fuertes presunciones sin pruebas. Más tarde, luego de una primera vuelta donde la victoria de Fujimori era contestada por muchos, y antes de la segunda vuelta, Stein decidió de irse del Perú en signo de protesta. Por su parte, el candidato opositor, Alejandro Toledo, se retiró de la contienda convocando más tarde a una manifestación revolucionaria llamada “Marcha de los Cuatro Suyos”.

Finalmente, el órgano plenario de la OEA se reunió en Windsor, Canadá, para tratar con urgencia el caso peruano, pero después de negociar sobre los puntos críticos del tema, México, Brasil y Venezuela se opusieron a obligar al Perú a convocar a nuevas elecciones.

En apariencia esto resumía a “nada” las intenciones de Stein y de la clase política democrática del Perú; Sin embargo, todo este trabajo sirvió al menos a legitimar la lucha interna por la libertad (encabezada por Toledo), sembrando así los primeros granos contra el totalitarismo.

 

2 ) El éxito de la crítica toledista o la personificación de una nueva alternativa política:

 

El economista Alejandro Toledo, candidato presidencial poco conocido en 1995, supo convertirse, en pocos meses, en el máximo opositor del régimen fujimorista. Durante la campaña presidencial del 2000, mientras que el aparato del servicio de inteligencia y los medios de comunicación controlados atacaban a los candidatos más “peligrosos” para Fujimori; Toledo, que nunca había tenido un cargo público de confianza en el Perú, estaba aún al margen de la campaña de desprestigio que pesaba sobre los demás. De esta forma, este último continuó a subir en las encuestas, llegando así a obtener un segundo lugar, detrás de Fujimori, y situándose de esta forma, en la cabeza de la oposición contra el Presidente.

De esta manera, el candidato Toledo supo canalizar todas las voces de la oposición, resumiéndolas en una sola y llamando a una alternancia política que sólo podría ver la luz si se terminaba con la era fujimorista. En este sentido, Toledo, valiéndose del descontento de una parte de la población y aprovechándose de sus orígenes humildes e indígenas para convencer (de indio a indio) al electorado más alejado, trajo en su discurso el refuerzo de las instituciones democráticas como solución a los problemas que quedaban por resolver.

En un primer tiempo este fue su tema de predilección para contrariar al grupo fujimorista, ya que en este punto todas las agrupaciones políticas que se sumaron a él estaban de acuerdo. Para estas agrupaciones, Toledo representaba entonces un caballo de Troya en el que podían confiar para restablecer la alternancia política y aspirar, a corto o a mediano plazo, al poder sin toledismo.

[Por esta razón, después de la fuga de Fujimori, Toledo utilizará argumentos que lo demarcarán de los otros políticos que se habían sumado a él, para ganar no sólo la democracia pero también para llegar, al fin, al sillón presidencial]

Sin embargo, el candidato Toledo sabía que si quería tener una chance de ser presidente algún día, tenía que ir más lejos en sus planes y atreverse a hacer lo que pocos políticos se habían atrevido a hacer hasta entonces. De esta forma, renuncia a debatir de temas electorales de igual a igual con Fujimori, y lo denuncia ante el pueblo y ante la comunidad internacional (respaldado por la OEA), tachándolo de antidemocrático y de totalitario. Así, Toledo quiere encarnar la referencia democrática del Perú y convertirse en el nuevo hombre del cambio. No un cambio del régimen de los partidos hacia un independiente, como lo había hecho Fujimori en su tiempo, pero un cambio de un régimen centralista y autoritario hacia una era de reconciliación democrática.

Más tarde, Toledo convocará a una gigantesca marcha nacional (la denominada Marcha de los Cuatro Suyos en honor a las regiones del antiguo imperio incaico) que movilizará a decenas de miles de personas desde diferentes puntos del país hacia la capital, para manifestar contra Fujimori el día de la toma de su tercer mando como Presidente. Esta manifestación de la voluntad popular será duramente reprimida por la policía y degenerará a raíz de las hábiles provocaciones de estos últimos para con los manifestantes, dando de esta manera, una imagen de manifestantes salvajes y anarquistas.

Luego de este triste episodio, los peruanos están divididos: Por un lado los partidarios del cambio se han reconfortado en su lucha o han reaccionado al llamado de Toledo y a la actitud de la OEA. Y por otro lado, los partidarios de Fujimori, que piensan que en el Perú un cambio sería un regreso a la ”anarquía” de los ochenta. Y otros que estiman que Fujimori vive una crisis como las que se vivía actualmente en Venezuela, Colombia o Ecuador sin fundamento otro que el descontento por la pobreza.

No obstante, una gran parte de los peruanos vivían poco interesados por la situación, ya que el control de los medios de comunicación era tal (la totalidad de los siete canales de televisión...), que la población, como adormecida, no reaccionaba o no comprendía la magnitud de las denuncias se acumulaban contra Fujimori (violación de los Derechos Humanos, corrupción, elecciones manipuladas...)

 

B / El despertar de la sociedad civil:

 

Son los civiles en el Perú quienes decidieron el momento de la caída de la dictadura, ya que sin su movilización ninguna acción hubiera tenido éxito. El despertar como lo llamamos aquí, vino con la generalización de la libertad de prensa que acaparó la atención de gran parte de la población ( 1 ). Sin olvidar que los motores de la democratización fueron también las nuevas generaciones inspirando al Perú el ejemplo de las grandes democracias del Mundo ( 2 ).

 

1 ) La generalización de la libertad de información:

 

Después de un período de control de las informaciones por parte del servicio de inteligencia, y un periodo de corrupción masiva de los periodistas y los barones de los medios de comunicación, la realidad salta a la luz gracias a una sustracción concertada de los archivos del jefe del servicio de inteligencia. En efecto, durante la era fujimorista, el aparato del Estado necesitaba el apoyo de los medios de comunicación para legitimar sus acciones autoritarias y para adoctrinar a la población. Los servicios del asesor eran de gran utilidad durante los periodos más difíciles de la dictadura ya que en ciertos momentos no todos los dirigentes de los medios de comunicación estaban de acuerdo con los métodos fujimoristas. Estos responsables de capitales privados, buscaban por un lado mantenerse alejados de un régimen demasiado autoritario, pero también, querían disfrutar de la libertad de informar que la caída del régimen militar les había ofrecido. Por esta razón, cuando los dueños de las cadenas de comunicación no querían colaborar, el jefe del servicio de inteligencia los corrompía. El dueño a su vez, se comprometía a cambiar la línea editorial de su medio de comunicación, optando por un apoyo sin reservas hacia Fujimori. Por ello, los medios de comunicación controlados ya no investigaban sobre la coyuntura, ya no discrepaban, y el trabajo informativo se limitaba a tratar de temas de segundo plano, de anécdotas, de informaciones policiales, e incluso se ocupaba de alimentar mitos sin base científica. En cuanto a los dirigentes que no querían someterse, eran puestos de lado con artimañas políticas y jurídicas que reflejaba la falta de Estado de Derecho en el Perú. Así, se dejaba el lugar a los accionistas minoritarios, que con el aval del gobierno, tomaban el poder de los medios difíciles a someter. Ganándose ilegalmente los favores de estos accionistas minoritarios, el aparato de inteligencia de la dictadura controló de esta manera la totalidad de las cadenas televisivas y numerosas cadenas radiales y de prensa escrita.

Años más tarde, con la publicación de los videos del jefe del servicio de inteligencia, se mostró lo que sucedía realmente en esta pieza de teatro montada para distraer la atención de los peruanos: En efecto, la gran mayoría había recibido directamente dinero público para fundar nuevos medios de comunicación (por supuesto pro Fujimori) o para invertirlos y agrandar la empresa difusora de comunicación.

En todo caso toda esta manipulación que duró más de ocho años fue la que provocó por su propio peso la caída del régimen ya que por falta de alternativa televisiva la demanda de comunicación opositora era creciente. Por esta razón, algunos meses antes de la caída del régimen, algunas empresas de comunicación fueron creadas con miras a denunciar la dictadura captando así una parte de la población hacia la “resistencia”, y acelerando de esta manera la caída del régimen. Pero, la presión económica y política que pesaba sobre ellos era tal que algunos abandonaron y otros se vieron resueltos a continuar pero con un publico restringido. Por ejemplo, una nueva cadena televisiva “resistente” fue creada (el canal 8), pero sabiendo que el Estado no les acordaría un sitio en ondas hertz y que sus medios económicos eran magros, esta cadena decidió de transmitir por el cable, manteniéndose así independiente de la publicidad del Estado que alimentaba indirectamente las tesorerías de los canales corrompidos. Por cierto, fue justamente en este medio de comunicación donde se produjo la primera publicación de los videos del asesor siendo transmitida en simultáneo por internet (peru.com) mostrando que el progreso de la tecnología fue también un ente de ayuda para la aceleración de la caída de Fujimori.

Con la fuga de este al Japón, cambios espectaculares se operaron en la política interna del Perú, y luego de restablecer el Estado de Derecho, se procedió a la eliminación de la subordinación que se tenía para con la prensa, devolviendo el derecho de estar informado y de informar a los ciudadanos en acuerdo con las disposiciones de la Declaración de los Derechos Humanos. Por último, cabe recalcar que esta generalización de la libertad de información provocó, por sus revelaciones, reacciones por parte de la población, y dio nuevas herramientas informativas para que los electores conozcan a sus candidatos, creando así una opinión pública más informada que antes. Pero si la situación ha progresado, debe mejorar aún para llegar a índices de real independencia informativa. Por ello, en un estudio sobre la libertad de la prensa realizado por Reporteros sin fronteras en 2004, se muestra el vergonzoso puesto alcanzado por los reporteros peruanos: 123avos sobre 167; justo delante de Haití (el país más precario de América) en el puesto 125, por su parte Chile es 42avo, mientras que Francia alcanza el decimonoveno lugar y los estadounidenses llegan al puesto 22.

 

2) El nacimiento de una generación de inspiración democrática y lo que sucede hoy con el resto de la población:

 

Poco antes de la fuga del ex Presidente Fujimori, hay que constatar que en los diez años en los que ocupó el poder, una nueva generación de peruanos tuvo tiempo de llegar a la mayoría de edad, por ello estos nuevos ciudadanos eran una clave para el éxito de la caída del régimen. Si bien es cierto que no todos los jóvenes peruanos tenían (y aún es el caso hoy) la posibilidad de acceder a los medios modernos como el cable, el internet... Algunos que si podían permitírselo supieron comparar y repudiar a su debido momento un sistema que no se podía asimilar a la democracia. En primer lugar, comparando la información interna del Perú con la información externa sobre el Perú, se podía ver un bosquejo de lo que representaba este sistema autoritario para los peruanos y de cómo la información era manipulada. El aislamiento de la información independiente tuvo entonces un límite que fue el avance tecnológico al cual pocos pueden oponerse (por más autoritarios que sean), y que generó por consiguiente un leve crecimiento de los opositores al régimen.

Por otro lado, las empresas privadas que anduvieron satisfechas por la actitud de Fujimori en el plano de la economía, se vieron unos años después, resueltas a pedir (indirectamente) al gobierno reformas de “segunda generación” que consistían básicamente en la transparencia de las decisiones públicas y jurídicas. De esta manera, los privados querían independizar la economía de la coyuntura política peruana para volverla más competitiva y con menos riesgos a nivel internacional, favoreciendo así la venida de inversiones extranjeras.

Actualmente, el Perú es un país en serias vías de desarrollo social y económico (+5%), pero al igual que con la libertad de prensa, el país tiene que hacer progresos para abolir la corrupción que corroe lentamente la frágil democracia, en este sentido la ONG Transparency International revela que el Perú obtuvo en 2004 una nota de 3.5 sobre 10 puntos, señalando que queda mucho trabajo para aprobar el examen. Finalmente, es cierto que la última generación está más hermanada con la democracia, pero según encuestas recientes 35% de la población ignora lo que significa esta palabra. Y esto porque la educación es todavía muy precaria y la pobreza latente (47% de los peruanos son pobres de los cuales 20% en estado de indigencia) cediendo así el paso a sentimientos revolucionarios recientes, llamados “etnocaceristas[3]” que preconizan el ultra nacionalismo y que piden el regreso de un gobierno imponente como solución a todos los males.

 

Conclusión:

 

El autoritarismo y la dictadura en el Perú fueron modos de vida y de gobierno aceptados durante generaciones por la población. Es sólo desde hace algunos años que el peruano ha podido gozar de la democracia, confundiéndola con la causa de los males del país y sintiéndose entonces más protegido con un régimen autoritario. Este, es fruto de la pobreza y de la falta de educación que reina aún en las zonas alejadas de la capital. La solución a este problema no es otra que la descentralización del país y la aplicación de una política social  inclusiva y sostenible para con los más pobres, poniendo de lado el populismo y la demagogia tan odiada por las clases desfavorecidas. Sin embargo, hoy en el 2011 a puertas de nuevas elecciones presidenciales, ninguna persona fiel a la humanidad, a los intereses republicanos y con capacidad de entendimiento ético debe apoyar la candidatura de los Fujimori. Esto seria sinonimo de nuestro retrazo a nivel cultural y humano, etiquetandonos a nostros mismos como una nacion que sin entender las lecciones del pasado vuelve a repetir los errores en el presente.

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[1] Alianza Para la Revolución Americana fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre

[2] Según el informe final de la Comisión de la Verdad que comenzó a investigar en el 2001 los estragos del terrorismo

[3] Nombre inspirado del Oficial militar de reconocida trayectoria: Andres A. Caceres quien luchó en la guerra de 1875 contra Chile convirtiéndose en un héroe nacional por su valentía y nacionalismo

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El fenómeno neoliberal de penalización del Estado en occidente y sus repercusiones contra los derechos ciudadanos

“La excesiva generosidad de las políticas de ayuda a los más necesitados, sería responsable del crecimiento de la pobreza en América: ella recompensa la inactividad e introduce el regeneramiento moral de las clases políticas”. Esta es la idea que Charles Murray, politólogo estadounidense, cerebro del pensamiento liberal de la seguridad se emplea a defender.

Es así como en un ensayo político-sociológico, de 1999, titulado Las prisiones de la miseria, el profesor Loic Wacquant trata de demostrar los efectos que han engendrado este tipo de corrientes de pensamiento en el seno de la política estadounidense, política se extendió luego hacia Europa occidental propagándose enseguida al resto del mundo.

Este autor, doctor en sociología de la universidad de Chicago se desempeña actualmente como profesor en la universidad de California-Berkeley y es investigador en el centro de sociología europea en París. Colabora en el mensual Le Monde diplomatique y sus trabajos tratan sobre la desigualdad urbana, las políticas penales, la participación ciudadana, la violencia y el cuerpo. Entre sus obras contamos con Cuerpos y almas, Carnets etnográficos de un aprendiz boxeador y Castigar a los pobres, etc.

Por ello, este autor será el que más aportes nos dará en el siguiente ensayo que le vamos a presentar.

Condiciones de vida infrahumanas en la carcel negra en el Aïun

En el aspecto histórico y coyuntural de los Estados Unidos en la década de los setentas, luego del giro político racial que llevó a Ronald Reagan a la Casa Blanca, los Estados Unidos se emplearon a remplazar su semi-Estado providencia por un Estado policial y penitenciario, en el seno del cual, la criminalidad de la pobreza y el encierro de las categorías desheredadas fueron los ejes de la “política social” hacia los más pobres. Esta política de seguridad llamada, Law and order, que se desarrolló a partir de 1970, fue primero una réplica contra los desordenes sociales de los años 60, sobre todo en los avances del movimiento de reivindicación negra por la participación ciudadana. La derecha americana lanzó entonces un vasto proyecto de rearme intelectual implementando a los muy conocidos Thinks tanks. Esta instituciones de consejo en políticas públicas van a servir de rampa ideológica para la guerra contre el Estado providencia. En este sentido, se aplicaron diversas teorías relativas a la criminalidad, sobre todo la de la “tolerancia cero” en Nueva York, esta tiende a querer que los pobres sean considerados como el origen de la delincuencia. Para remediar este fenómeno, el Estado disminuyó entonces el presupuesto de ayuda social hacia los más pobres y obligó a los que beneficiaban aún de estas ayudas a trabajar en los empleos precarios. De hecho, los Estados Unidos transformaron la política social del país, y una vez ganada la batalla del “menos Estado social”, los institutos comenzaron a ocuparse de la batalla del “más Estado” policial y penal. La aplicación de esta teoría cuya represión colateral resultó severa, sobre todo gracias al aumento del presupuesto policial en Nueva York, no dio pruebas de su efectividad. Es por ello que si comparamos las estadísticas de tasas de delincuencia en la Nueva York policial de la época, con respeto a otras ciudades que no respetaban la tolerancia cero, constataremos que no hay diferencias. Sin embargo, aunque comenzó a ser cuestionada en Estados Unidos, la teoría de la tolerancia cero empezó a aplicarse en el mundo y notablemente en Europa.

En 1999, en el momento de la aparición del ensayo de Wacquant, estas teorías de seguridad estaban ganando terreno en Europa occidental. Es así como Tony Blair, siguiendo la política represiva de Margaret Thatcher, contribuyó al desarrollo de la penalización. Del otro lado de la Mancha, el gobierno socialista de Lionel Jospin, en un grado menor, propagó estas ideas en el seno de la política francesa. No obstante, este cambio de política de seguridad, al final de la década de los noventas, no tuvo gran relación con la pretendida explosión de la delincuencia de los jóvenes, ni con las famosas violencias urbanas que invadieron a los medios de comunicación desde hacía algunos años. Este giro en la política tiene, sin embargo, mucho que ver con la generalización del salario precario y la instalación de un régimen político que permitirá su imposición. De hecho, en Europa, los gobiernos volcaron sus trabajos por las vías estadounidenses privatizando las prisiones y lanzándose en una escalada penal. El encarcelamiento se volvió el arma absoluta para luchar contra los desordenes urbanos y sociales, golpeando primero a las clases más desfavorecidas. Sin embargo esto no arregló ningún problema sino más bien se transformó en un instrumento de pauperización y de marginalización.

Investigando sobre esta penalización liberal, los comentarios se extienden largamente sobre el ejemplo de los Estados Unidos ya que es aquí de donde partieron todas las ilusiones. En este sentido, se ponen de relieve las fallas y los peligros de un sistema que privatiza “la industria” de la prisión, que hace proliferar la idea de prisión con meta lucrativa, la colaboración entre los diferentes archivos de información, el resguardo asfixiante de una población donde los errores no llegan siempre al nivel del delito, además de expandir la violencia abierta de las tropas policiales, el racismo, la injusticia penal y judicial contra las minorías étnicas, etc. Paralelamente emergió un discurso que comenzó a ganar horizontes y que consistía a hacerle la guerra a la criminalidad organizando una cruzada contra la delincuencia moral. En efecto, se ha demostrado que la finalidad primera no fue más la seguridad y la reinserción sino el encierro de la miseria (Wacquant L, 2004). Es por esta razón que las líneas directrices de la política estadounidense se opusieron a principios fundamentales del derecho penal así como a las prerrogativas regalianas del Estado providencia.

Por un lado, entonces, el principio de la tolerancia cero favoreció y favorece la penalización del Estado en la medida en que incita a una represión exponencial contra la pequeña delincuencia, la cual, según el espíritu de los políticos favorables a esta doctrina, está en constante aumento. Por otro lado, aplicando este principio, los jueces, comportándose como verdaderos técnicos de la penalización liberal, interpretaron la ley de manera más represiva hacia las infracciones menores cometidas por las clases desfavorecidas y por las minorías étnicas.[1]En efecto, estas clases sociales son el blanco privilegiado de las dichas medidas de seguridad contribuyendo a su marginalización, se disminuyen así las oportunidades de inserción de estas personas, abandonándolas a su suerte en el círculo vicioso de la miseria.

Con la privatización de las prisiones se creó un abismo entre los prisioneros en función de sus orígenes sociales. Así, según la celebre formula de B. Aubusson de Cavarlay que resume el funcionamiento de la justicia francesa: “La multa es burguesa, la prisión con libertad condicional es popular y la prisión efectiva es del proletario”. Aunque esta formula corresponda hace algunas décadas, es más cierta hoy cuando el desempleo se ha vuelta un problema de masa, y más verídica aún en un continente como el latinoamericano en donde las asimetrías sociales son las más grandes del mundo.

Deberíamos entonces preguntarnos en qué medida la aplicación de las teorías penalistas y de seguridad estadounidenses, aparecidas en la segunda mitad del siglo XX, cuestiona al sistema penal y social occidental y cuáles son sus consecuencias para con los ciudadanos.

I) El refuerzo de la penalización del Estado y el uso abusivo de los recursos ciudadanos

A) El nacimiento de una nueva teoría de corte neoliberal

Charles Murray, de quien ya hablamos en las primeras líneas, nos es presentado por diversas fuentes como el teorizador de una nueva forma de penalización en el mundo ganando terreno sobre la escena política internacional y conquistando el pensamiento de muchos ciudadanos y de sus gobernantes en diversos países.

Sin embargo, aunque la tesis de penalización del Estado fue ingeniada por Murray, ésta fue orquestada, publicitada y extendida más allá de las fronteras estadounidenses por el muy conservador y reaganiano Manhattan Institut, quién otorgó los fondos necesarios para la investigación de Murray y para una mediatización sin precedentes. Así, las ideas represivas y racistas de Murray ganaron terreno en los círculos más selectos de la política y la vida social norteamericanas, para luego anclarse en el gobierno estadounidense y transformarse en la referencia para luchar contra todos los males de la sociedad. En un segundo tiempo, los Estados europeos se aliaron a este imperativo de restablecimiento del orden republicano después de haberse convertido al libre mercado y a la necesidad del “menos Estado” (entiéndase menos Estado social). Por ello, como veremos más adelante, la lucha contra «la delincuencia y la inmigración” ha sido una de las consignas de ultraderechistas europeos como Jean-Marie Le Pen en Francia o Edmund Stoiber en Alemania[2], aunque al otro lado del Atlántico, hay conceptualmente cierta similitud entre la xenofobia de la ultraderecha europea y los criterios clasistas de su contraparte latinoamericana, pues en ambos casos se trata de una lucha contra los sectores más marginados de la sociedad.

No obstante, este clasismo no impidió que la obsoleta teoría de penalización se importe a Latinoamérica. De esta forma, una de las versiones extremas de la lucha contra la delincuencia llevada a cabo con criterios clasistas condujo a la creación de escuadrones de la muerte, como en Honduras, donde los dramáticos abusos contra las llamadas maras o pandillas, cuyo exterminio proclamó en julio de 2003 el presidente Ricardo Maduro, al señalar que quedaban prohibidas las «maras criminales» en el país. Así, de 1998 a enero de 2003 han sido muertos 1 927 muchachos y 235 muchachas en Honduras. “Cada semana, escuadrones de la muerte llegan con sus carros a los lugares más pobres de las grandes ciudades y ejecutan a jóvenes delincuentes, o a veces a inocentes quienes ni pertenecen a una mara. Esos escuadrones actúan en total impunidad: ninguna investigación es hecha sobre los asesinos, ya que las autoridades hondureñas les consideran como una limpieza social”. (Sevenier G, 2003). Asimismo, de acuerdo con un trabajo de Amnistía Internacional publicado en 1996, entre los escuadrones de la muerte y grupos armados ilegales que operan en El Salvador se contaban la Organización Maximiliano Hernández Martínez contra el Crimen (que operaba también bajo el nombre de Domingo Monterrosa y la Unión Guerrera Blanca), otro grupo similar, Sombra Negra sería responsable de la muerte, desde diciembre de 1994 hasta abril de 1995, de 17 personas, supuestamente criminales.

En este sentido, sucesor de algunos escuadrones de la muerte, el partido derechista ARENA tiene, de acuerdo con una encuesta difundida en 2003 por la Universidad Centroamericana, una imagen de combatir más eficazmente la inseguridad pública, pero no de esforzarse por erradicar la pobreza. Es natural de la misma manera que gobiernos como los de Pinochet o Franco hayan sido elogiados por la ultraderecha local e internacional como grandes defensores de la seguridad pública. (González E, 2004). Es por ello, que el interés mundial sobre esta teoría, merece un análisis de los elementos que la conforman y un estudio de las repercusiones contra los derechos ciudadanos y los DDHH.

La teoría del “vidrio roto” y de la “tolerancia cero”

Como enunciábamos anteriormente la penalización del Estado tiene su fuente en las teorías del “vidrio roto” y de la “tolerancia cero” que explicaremos a continuación.

La “tolerancia cero” es definida por la doctrina civil como la represión de los comportamientos criminales y sub-criminales como los insultos, el ensuciar paredes, el botar deshechos en las vías públicas... con el fin de impedir que comportamientos criminales más graves se desarrollen. Se piensa en este sentido, que impidiendo estos comportamientos, se estaría reaccionando en previsión de un hecho irreparable evitando, en el ideal de esta teoría, incluso que el pensamiento criminal tenga lugar, se busca entonces la ciudadanía perfecta, sin errores, sin incivilidades y mucho menos crímenes. Esto entra en relación con la teoría del “vidrio roto”, que tiende a civilizar el espacio público para mejorar la calidad de vida, preparando el terreno para luchar más fácilmente contra la criminalidad depurando de la sociedad todo comportamiento peligroso.

Según la corriente de pensamiento que guía al jurista, estas teorías pueden ser calificadas o de lucha necesaria contra los comportamientos anti-sociales, o bien de exceso en la penalización de las normas que atañe contra ciertas libertades individuales. Ciertas corrientes dicen incluso, que este tipo de medidas, seguras y eficaces en un comienzo, tienen un efecto contrario a mediano y, a fortiori, a largo plazo. Esta inversión paradigmática se explica con una simple formula que consiste en evitar un exceso de la penalización y de la prevención para evitar que los sujetos “a riesgo” que no tendrían ya nada que perder, cometan infracciones más graves.

Es por esto que lo mejor sería reaccionar penalmente con anticipación, pero no excesivamente como sostiene Murray. En este sentido, este último trata de defender su doctrina con estadísticas, mostrando la eficacia de su pensamiento, pero lo que no puede justificar son los abusos que el sistema que defiende comete contra las clases desfavorecidas. Sobre este punto, quizás una justificación pueda saltar a la vista, ella se encuentra en el libro de Murray, The Bell Curve, donde sostiene que el coeficiente intelectual y el origen de las personas determina su predisposición a convertirse en criminales. Es en cierta medida un regreso a las teorías que afirmaban que el criminal por naturaleza podía existir. Sobre este punto nos preguntamos entonces cuáles son los límites de esta corriente de pensamiento y si la penalización según Murray es un instrumento de defensa o puede ser considerado como un instrumento de abuso hacia los derechos ciudadanos.

La penalización según Murray: ¿instrumento de defensa o abuso?

Según el jurista Benoit Chabert, el derecho penal debe de ser un recurso utilizado por el Estado para luchar contra el fenómeno criminal, pero aunque sea una manifestación humana fundada sobre un elemento intencional no existen más precisiones sobre los límites de este, lo que deja lugar a una determinación arbitraria de cual fenómeno va a ser considerado como criminal y cual será la pena que se aplique. Por este hecho, existen muchos factores de crimen tales como la pasión (el crimen de Julian Sorel del libreo El rojo y el negro de Stendhal), la necesidad o incluso la fractura social así como la imprudencia. Pero aquí, Murray nos invita a tomar en cuenta un nuevo factor del crimen: el origen étnico social y el coeficiente intelectual.

Esta nueva aproximación tiende a ser considerada como el estudio del hombre en su propensión a cometer una infracción y tiende también a querer ubicarse a la par de otras ciencias criminales. Además, sabiendo que el progreso de las ciencias tiene una influencia directa sobre el legislador que conduce la profilaxis social en función de los avances científicos, la teoría de penalización tiene como aliada a la mediatización positiva de los progresos científicos. Por otro lado, la teoría de penalización y de seguridad ciudadana que plantea Murray se muestra elitista y racista: “las elites cognitivas desprecian lo simple y adoran lo complejo (…) los jóvenes negros quienes son esencialmente bárbaros” (Murray Ch, 1984). Pero además para no creer que la marginalización no viene solamente de Murray, podemos citar al ex primer ministro británico, Tony Blair, que motivando su adhesión a la tolerancia cero dijo: “(…) es importante saber que no toleramos más las infracciones menores. El principio de base aquí es decir que, sí, es justo ser intolerante hacia los indigentes”. La importancia de la crítica se sitúa entonces sobre este punto ya que aunque la penalización avance o retroceda según los progresos científicos, no es correcto considerar que las teorías de Murray estén basadas en datos científicos, sino que más bien estas teorías buscan parecer a un método científico utilizando el peso mediático, la influencia política y la extensión territorial de las ideas. Es por ello que se puede considerar a este paradigma con poco fundamento científico y débilmente comprometido con el progreso de la sociedad en su conjunto. E incluso, podemos añadir, sin miedo a equivocarnos y según la lógica de la teoría y las propias palabras de los que la aplican, que los derechos ciudadanos son quebrantados por la lógica liberal de seguridad de Murray (derecho a la buena reputación y a la intimidad personal, derecho a la inviolabilidad del domicilio y comunicaciones y sobre todo a la igualdad ante la ley, entre otros derechos[3]). Esto significa entonces que las prioridades, en muchas ocasiones constitucionales, del Estado para con los derechos ciudadanos han debido de acomodarse frente a una supuesta defensa de la criminalidad e incivilidad.

B) Un cambio en las prioridades del Estado

No solamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que vio la luz después de la revolución francesa, es la que creó una prioridad de Estado de los derechos ciudadanos sino complementariamente son todas y cada una de las Constituciones de los Estados occidentales quienes garantizan el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Este es entonces a priori el rol fundamental de los Estados occidentales[4] para con sus ciudadanos. No obstante, desde el comienzo de la política de seguridad y de la teoría de la tolerancia cero en la década de los setentas, en Estado Unidos, el presupuesto carcelario no cesó de aumentar con el fin de poder aplicar esta teoría. Otros Estados emplearon estos mismos medios para tratar de llegar a un régimen de seguridad. Es así como el número de policías, de personal de justicia y de guardianes de la paz (como se les denomina en algunos países europeos) creció fuertemente. Sin embargo para asegurar el aumento de estos presupuestos se necesita dinero y los Estados Unidos fueron los primeros en encontrar la solución, disminuyendo los presupuestos en otros campos como el de la salud, la educación y algunos otros sectores sociales. Pero esto no bastó y se llegó entonces al abandono de uno de los deberes del Estado que es el de administrar las prisiones, y por ello éstas fueron privatizadas.

Un aumento en el presupuesto carcelario en detrimento del presupuesto social

Con el fin de responder a la aplicación de la teoría de la tolerancia cero, el Estado tiene que aumentar su presupuesto carcelario, sin embargo para mantener su economía debe necesariamente hacerlo en detrimento del sector social. Para justificar tal decisión el Manhattan Institute consagró medios económicos para fabricar ideas que sirvieran a la nueva derecha americana de Reagan. Con un presupuesto de más de cinco millones de dólares, ofreció treinta mil dólares a Charles Murray para escribir Losing Ground: American social policy 1950-1980 que sirvió entonces de Biblia en la cruzada contra el Estado providencia. Este libro dio una garantía a la enérgica política de desentendimiento social llevada a cabo por el gobierno republicano. De esta forma, “la excesiva generosidad de las políticas de ayuda a los más necesitados sería responsable del aumento de la pobreza en América: ella recompensa la inactividad e introduce la degeneración moral de las clases populares, sobre todo esas uniones ilegítimas que son la causa última de todos los males de las sociedades modernas entre ellos las violencias urbanas (…)” (Murray, Ch, 1984). En este sentido, Charles Murray sigue las ideas de Georges Gilder para quien la fuente de la miseria en América se encuentra en la anarquía familiar y en las ayudas sociales por cuanto el efecto es pervertir el deseo de trabajar. Murray en The Bell Curve trata sobre le tema del racismo sabio, que defiende las desigualdades raciales y de clases, explica en este libro que mucha gente tiene tendencia a pensar que los criminales son personas que vienen de las barriadas de la ciudad. El afirma entonces esta idea basándose en el hecho de que en estos barrios reside de manera desproporcionada la gente con baja capacidad cognitiva. Para este autor, todas la patologías sociales que golpean a la sociedad estadounidense tienen su fuente en la distribución del coeficiente intelectual. Es por esto que el Estado debería lógicamente prohibirse de intervenir en la vida social para tratar de reducir las desigualdades fundadas en la naturaleza, bajo el riesgo de agravar los males perpetuando “las perversiones del ideal igualitario aparecidas con la revolución francesa, ya que aunque sean jacobinas o leninistas, las tiranías igualitarias son peores que las inhumanitarias: ellas son inhumanas” (Murray, Ch. 1984). De este modo, los EEUU pasaron de ser un Estado maternal a un Estado paternal que otorga a los pobres el marco director que debería permitirles de vivir de manera constructiva reduciendo así la carga que imponen al resto de la sociedad.

Es con esta demostración, sin coherencia social ni de derechos humanos, que los Estados Unidos disminuyeron su presupuesto social para aumentar el de la seguridad sobre todo en la ciudad de Nueva York por ser considerada como la vitrina mundial de la tolerancia cero. Es en efecto en esta ciudad que el alcalde Rudolph Giuliani, inspirado por las teorías de Murray, modificó la organización de la policía para luchar contra la delincuencia sin mayor éxito[5]. En cinco años, la ciudad aumentó su presupuesto policial de cuarenta por ciento para llegar a los 2,6 millares de dólares al año, casi cuatro veces más que los créditos de los hospitales públicos. En cuanto a los servicios sociales de la ciudad, éstos se vieron amputar un tercio de su presupuesto durante el mismo período cuando Giuliani se desempeñaba como alcalde.

Desde Nueva York la doctrina de la tolerancia cero se propagó al otro lado del océano atlántico, siendo Inglaterra el primer país europeo en haberla puesto en marcha. Por ello podemos creer, que por ser éste un país con muchas semejanzas con los EEUU y estar incrustado en Europa, fue el terreno de aclimatación de estas políticas previo a su extensión a Europa. De este modo, a comienzos de diciembre de 1998, cuando el gobierno francés de Lionel Jospin estaba por negociar públicamente un gran cambio en la represión que preparaba desde hacía unos meses, la americanóloga Sophie Body-Gendrot preparaba el terreno recomendando la puesta en marcha de una tolerancia cero a la francesa. Afirmaba que la fuerza estatal francesa reduciría la transformación de las mentalidades y que había que instaurar una gestión más próxima a los problemas con un alza en los efectivos policiales y en las brigadas de policía para menores. Sin embargo, la teoría debía ser aplicada desde el solo punto de vista de la seguridad: esto quiere decir que el presupuesto social no debía conocer disminución alguna. El equipo gubernamental de Jospin se vio entonces en una posición estratégica para normalizar la gestión policial y carcelaria de la miseria y trató de justificar el crecimiento del Estado penal a través de una “nueva ética de pena necesaria”.

Los Estados europeos se convirtieron a este imperativo de restablecimiento del orden después de haberse convertido a la necesidad del “menos Estado” (social)[6]. En Francia, la expansión del aparato policial y penal fue igualmente importante ya que estaba previsto crearse treinta y cinco mil empleos en la vigilancia de los excluidos del mundo del trabajo. Además, se crearon contratos locales de seguridad destinados a las ciudades que fueron puestos de realce por los Think Tanks.

Estas teorías comenzaron a ser aplicadas también en otros países europeos, en el mismo momento cuando comenzaron a ser cuestionadas en Estados Unidos. En efecto, según los resultados mostrados las tasas de delincuencia, la tasa de crímenes, etc. fue la misma durante la aplicación de esta teoría.

Para poder aplicar estas teorías manteniendo una economía sana o al menos estable, el solo hecho de eliminar el presupuesto social no bastó para cubrir las diferentes reorganizaciones del sistema penal y por ello se recurrió a la privatización de las prisiones.

La privatización de las cárceles: un abandono en los deberes del Estado

Por llevar a cabo estas políticas, el número de prisioneros estuvo en constante aumento, y aunque la tasa de delincuencia se haya aligerado muy levemente desde el comienzo de la aplicación de la teoría, había que construir nuevas cárceles; Se encontró entonces una solución: que el capital privado las financie. En los años anteriores a esto la disminución de los presupuestos sociales hizo que la pobreza y la miseria se instalaran cada vez más en el exterior pero igualmente en el interior de las cárceles. De esta forma los reclusos ya no tuvieron posibilidad de practicar deporte, de seguir una formación para reinsertarse, no había espacio en las bibliotecas e incluso en muchas ocasiones, por la sobrepoblación, no había acceso a médico y los detenidos eran transferidos a hospitales en caso de problemas. También este crecimiento hizo que los reos se hacinen en sus celdas y los Estados no llegaron a seguir el ritmo en las construcciones. Es por eso que los gobiernos que se sucedieron privatizaron este sector. Hubo, a partir de ahí, una explosión en el mercado económico carcelario (marcas de cárceles, empresas de salud penitenciaria, de construcción, de tecnologías, identificación y vigilancia de reos…). Desde 1983, casi trescientas mil personas fueron puestas en estas prisiones privadas y esta cifra continua aumentando[7]. En 1986, fue aprobada una misión de estudios por Sir Edgard Gardiner, quien era entonces presidente de la comisión de asuntos internos en EEUU. Desde las privatizaciones el Estado se desentendió de un peso consecuente ya que cada prisionero costaba veintidós mil dólares al año y con el número de detenidos en la época, si el medio carcelario entero fuera una empresa sería el tercer empleador de los Estados Unidos. No obstante si este método parece eficaz desde un punto de vista económico, ya que la facturación de la marca número uno de cárceles de los Estados Unidos es de más de cuatrocientos millones de dólares, aparecieron graves consecuencias al nivel social.

En primer lugar, moralmente, esta política puede parecer éticamente condenable ya que las compañías privadas así como muchas otras personas sacan provecho del castigo al prójimo. De esta manera, algunas de estas compañías tienen capital en bolsa y traen muchos beneficios a sus accionarios cuando al mismo tiempo la situación de los reos va degradándose ya que estos deben pagar la celda, su comida y sus gastos administrativos cuando algunos de éstos no tienen los recursos, algunos se ven obligados a prostituirse. Los prisioneros tienen a veces la posibilidad de trabajar pero para sociedades privadas que se aprovechan de su situación y los explotan. La privatización de las prisiones, finalmente, amplia la miseria ya bien avanzada en este entorno en beneficio personas que nunca la conocieron y que seguramente no la conocerán. Además, la implantación de penitenciarios se afirmó como una potente herramienta de desarrollo económico ya que el encarcelamiento trajo nuevos empleos estables, comercio permanente y rentas fiscales regulares. Así, las zonas rurales en decadencia no ahorran esfuerzos para atraer a estos centros de reclusión.

En segundo lugar, otro de los aspectos de esta privatización es la organización de foros, salones del encarcelamiento que permiten de descubrir nuevas herramientas para la vigilancia de los internos. Más de setecientas marcas aprovechan hoy la inflación carcelaria debido a la aplicación de la tolerancia cero.

Desde hace más de veinte años, esta política de privatización llegó a Europa. En Inglaterra, existen ya una decena de prisiones privadas, en Francia el “plan 13 000”, elaborado por el gobierno, previo que se creen prisiones semi-privadas. Vemos entonces que el mundo carcelario es considerado hoy como una actividad económica próspera no sólo para el Estado quien se beneficia de las rentas sino también para las colectividades locales (municipios, regiones) y para la ciudadanía en general que participa por conveniencia económica a favor de esta penalización, comprando acciones o trabajando para este tipo de empresas. Aquí llegamos entonces a un triunfo más que ideológico, económico, de la penalización del Estado, teniendo como mejor argumento, al beneficio individual, argumento que desde la caída del muro de Berlín ha triunfado rotundamente en los países occidentales. Parece ser que con todos estos millones y los grandes movimientos de dinero se ha llegado a comprar a la opinión pública para que escoja, independientemente de la política, si la penalización del Estado les conviene o no por su seguridad pero también por su beneficio económico.

II) Las derivas resultando del encarcelamiento masivo

A) Un cambio de objetivo desfavorable para con los ciudadanos

La prisión ha estado reservada a priori y desde siempre a los condenados considerados como peligrosos y que podrían desfavorecer a la sociedad quedando en libertad. A pesar de la voluntad de los Estados en permitirles la reinserción, esto siempre ha causado dificultades sociales. Hoy con la penalización del Estado y el refuerzo de la represión, la reinserción parece más que nunca imposible. En efecto, por un lado las cárceles acogen más y más personas provenientes de la inmigración, sin que podamos explicar objetivamente este problema, y por otro lado su estadía en los centro de reclusión los excluye aún más de la sociedad.

Una desviación del principio de personalización de las penas

La teoría de la tolerancia cero conlleva problemas en cuanto a su legitimidad y sus consecuencias sobre los ciudadanos, en particular frente a una cierta categoría de ellos. Así, los gobiernos estadounidenses, en los años setentas, y luego europeos en las décadas siguientes, justificaron esta política represiva invocando un alza en la delincuencia entre los jóvenes, los desfavorecidos, pero también entre los inmigrantes. No obstante, parece que este argumento levanta dudas ya que, por ejemplo en Europa, cuando la penalización del Estado era defendida, casi ninguna estadística permitía confirmar esta acción más que en otros períodos. Este hecho nos hacer creer que con la explosión mediática, los medios de comunicación pudieron haber participado en estas tomas de posiciones de la opinión pública y de los gobernantes. Sin embargo, siendo este un problema muy puntiagudo y técnico entre los medios de comunicación y la opinión pública, no estudiaremos esto aquí.

Los estudios nos muestran hoy que la inflación en el encarcelamiento ha crecido fuertemente[8], pero este aumento no se debe a un alza en la criminalidad sino más bien al desarrollo de la represión que fue engendrado por la nueva corriente neoliberal que estudiamos anteriormente. Según ciertos autores como Loic Wacquant, esta represión aguda se explica principalmente por una voluntad de asegurar la separación entre una categoría indeseable, percibida como amenaza y entre los ciudadanos vulnerables al comportamiento de los primeros. En efecto, las cifras parecen ir en este sentido y estudios muestran que existe una taza de encarcelamiento más y más fuerte entre los inmigrantes y entre los pobres[9]. Estas personas no solamente se ven confrontadas a la policía por ser consideradas como marginales o delincuentes, sino que también constatamos una discriminación racial de nivel pronunciado en las sentencias[10]; De esta forma, vemos que con respeto a una misma infracción la justicia recurre de manera más fácil a la prisión efectiva cuando el imputado no posee un documento que lo acredite como ciudadano: es decir, cuando es extranjero. Al mismo tiempo, un imputado aumenta sus probabilidades de ser puesto en prisión preventiva cuando no tiene empleo ya que es más propensa a la prisión efectiva que a la pena alternativa o a la multa[11]. Esta constatación alarmante utiliza el principio de personalización de la pena para fines contrarios que los previstos en sus orígenes. En este sentido, cuando el jurista Beccaria lanzó esta idea, lo hizo en un espíritu favorable hacia los delincuentes, ya que debía permitir una atenuación de la pena en ciertas hipótesis. Como cada persona tenía una personalidad diferente, Beccaria quería dejar una segunda oportunidad a los que mostrarían su voluntad de retomar el camino de la rectitud. No obstante hoy, esta diferenciación de las penas juega en disfavor de los ciudadanos porque conduce al “ennegrecimiento” del medio carcelario y a un aumento de los detenidos marginalizados en el mundo del trabajo. En Francia, por ejemplo, los estudios muestran un alargamiento de las penas hacia los inmigrantes así como hacia las clases populares. Esta es una aplicación contraria al principio, previamente citado, ya que se clasifican las personas según su origen y no con respeto a su comportamiento[12]. Loic Wacquant explica esta constatación diciendo que es más fácil proceder a arrestos en los barrios socialmente desorganizados (generalmente obreros) que en los barrios prósperos y organizados (arquitectónicamente, socialmente, políticamente).

Por otro lado, esta utilización abusiva del principio engendra igualmente consecuencias graves ya que conduce a la ilegalidad y la criminalidad entre los inmigrantes. Ya que, con la filosofía neoliberal de penalización del Estado, la prisión ya no tiene como efecto el de prevenir o tratar a los delincuentes en vista de su reinserción a la sociedad, sino que ahora la filosofía de esta teoría de seguridad tiende a aislar a los grupos percibidos como peligrosos y neutralizar a sus miembros. De esta forma, si la prisión ataca en prioridad a las clases desfavorecidas y a las poblaciones excluidas de la sociedad la ciudadanía, ella las lleva hacia un círculo vicioso que les quita toda posibilidad de salir de él. En el Estado de Nueva York, las estadísticas revelan que hay más jóvenes negros y encerrados tras los barrotes que estudiantes de origen africano inscritos en la State University of New York, esto mismo se aplica con respecto a los latinos.[13] (Gangi R, Shiraldi V, Ziedenberg J, 1998). Comprendemos entonces el fondo de la política de penalización del Estado: la prisión se transforma en el gueto en el cual se interna a las fracciones infra-proletarias, negras, extranjeras; Por lo cual, a estas personas se les puede llamar “clientes naturales” del encierro.

La prisión: fuente de exclusión social

Cuando el detenido sale de prisión, tiene pocas oportunidades de esperar un empleo interesante desde el punto de vista intelectual y financiero. No podrán llegar a más que empleos sin calificación que lo mantendrán en barrios desfavorecidos y bajo la amenaza permanente de la delincuencia y de la justicia. En efecto, el otro aspecto nefasto de la penalización del Estado, siendo la privatización de las prisiones, al detenido se le suprimió todas las actividades ligadas a la reinserción y la formación profesional. Y cuando excepcionalmente el reo pudo trabajar este dinero no le sirvió para su reinserción sino para pagar su estadía y los gastos administrativos de la cárcel privada.

Todo esto demuestra que los Estados abandonando la política social para remplazarla por el todo penal han logrado que el problema social de exclusión aumente. En este sentido, dos autores franceses, Bauer y Raufer, trataron de justificar estos métodos en su libro Violences et inséurités urbaines pero constatamos que en este texto su fundamento está basado más en constataciones personales y en sus posiciones que esconden algo más profundo: el racismo.

Si la prisión es una fuente de exclusión social cuando el detenido ha terminado su pena, las condiciones en las cuales vive al interior son una prueba suplementaria del abandono total del Estado para con sus obligaciones de respeto de los derechos fundamentales.

B) Una desaparición creciente de los Derechos Humanos

Si, como lo hemos visto, la prisión atenta contra las libertades ciudadanas, contribuye también al proceso de estigmatización provocado por el sistema judicial.

La nueva aplicación de la violencia de Estado: ¿Un ejemplo para el mundo?

Amparándonos en el Derecho internacional, sabemos que sólo los Estados tienen jurídicamente la facultad en tomar la libertad de un sujeto para encerrarlo por causa de sus actos. En este sentido, ni un Hombre, ni una empresa, ni siquiera un Organismo Internacional tiene la capacidad para encarcelar a alguien. Sólo el Estado soberano y reconocido por la comunidad internacional puede, en principio, ser el único quien se atribuya jurídicamente esta prerrogativa violenta sin ser molestado.

Decimos aquí violenta porque con la pena de cárcel, dentro de lo que hemos explicado como penalización neoliberal del Estado, se está generando un tipo de violencia llamada estructural.

Según la concepción del noruego Johan Galtung, fundador del International Peace Research Institute, la violencia puede ser de dos tipos: Por un lado, la violencia directa, que es lo que conocemos clásicamente como violencia física y psicológica (aquí, podemos detectar al autor de esta violencia). Por otro lado, la violencia estructural que es aquella que emana de una estructura y donde el autor no es identificable.

Galtung apunta además que la violencia estructural es la raíz de la violencia directa y supone que sin violencia estructural no hay violencia directa.

Esto querría decir que el comportamiento delictivo no es natural, y por ende, que los delitos corresponderían a causas venidas de la estructura cultural en la que vivimos. Llámense en este sentido, a la pobreza, la falta de libertad de expresión, la falta de educación, el hambre, la frustración social y sexual… No se trata aquí de disculpar a los delincuentes como víctimas de un sistema, sino más bien, de entender las posibles causas que llevan a generar estos actos. Y en conclusión, tratar de buscar soluciones a los problemas estructurales en lugar de atacarse sólo al problema individual.

De esta manera, el abogado y ex ministro de justicia Francés[14] Roger Badinter, piensa que los delincuentes tal y como se han comportado, son una forma de desgracia, y que no nos protegemos de la desgracia, encerrando (si es cruelmente) o matando a los que sólo son los instrumentos. Badinter, quien ha visto morir a sus clientes en la guillotina, quien ha defendido no lo indefendible pero simplemente vidas, nos da aquí una lección de lo que debe de ser una reforma. Una reforma no debe de atacarse a los que solo son “los instrumentos” de la desgracia sino más bien que, con un criterio global, se debería de atacar a la desgracia social en concreto o al problema estructural, según Galtung lo entendería.

No entraremos aquí en las muchas causales estructurales de la violencia generada por los delincuentes, pero podemos imaginar algunas que son propias a la falta de recursos económicos, a la discriminación social y a la falta de educación cívica, ética y moral. Por ello, estas deben de afrontarse como problemas de fondo por los gobiernos, para no verse confrontados al fracaso global del sistema de seguridad ciudadana, o a las mejoras en seguridad solo en los barrios pudientes (lo que crea guetos de paz rodeados por guetos de violencia urbana)[15] o incluso, en el peor de los casos, a una agravación de la situación acentuando la delincuencia por el crecimiento de los resentimientos sociales, la eliminación de políticas sociales que integren al ciudadano, la perpetua falta de acceso a los bienes y servicios, la no asimilación de los inmigrantes, etc.

Los atentados a las libertades fundamentales

La cárcel es el eslabón indispensable de una política que trata la peligrosidad y las asimetrías sociales con la segregación espacial y la inmovilidad dolosa. En consecuencia, la utopía penitenciaria no es más hoy día que el “panóptico[16]” lugar de visibilidad, de transparencia y de vigilancia que tanto inspiró a Michel Foucault, sino más bien un Pelican Bay[17]. Por las medidas aplicadas en esta cárcel podemos constatar que los centros de reclusión estadounidenses se han desligado de la protección hacia las libertades individuales.

Así mismo las cárceles europeas también han tenido la tendencia a ignorar estas mismas libertades. En vista de las conclusiones para Francia del Comité para la Preservación de la Tortura y de las Penas o tratos inhumanos de 1993: “Las condiciones de detención ultrajantes constatadas en los centros de reclusión de Bomette en Marsella, donde las celdas de diez metros cuadrados concebidas para un solo reo acogen a cuatro despreciando las reglas de higiene y de derechos humanos más elementales”. Las condiciones de detención son contrarias en Francia al artículo 716 del Código de Procedimiento Penal quien prevé el encarcelamiento individual. Yendo contra este derecho, el encarcelamiento masivo no hace más que acelerar la deshumanización del individuo: estas condiciones ilegales de detención, tratamientos brutales, insultos racistas, humillaciones de los familiares visitantes y otras violencias cotidianas, vienen a amplificar la violación de las libertades individuales para los reos y de los derechos ciudadanos para las familias de los reos. Ya que, recordémoslo, los prisioneros pierden por razones que no desarrollaremos aquí, su estatus de ciudadano.

Pero, además de las denuncias de las condiciones de vida en las prisiones, el Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o tratos inhumanos denunció a otros países europeos por malos tratos a los imputados durante su arresto (golpes, insultos, privación de alimentos, privación de medicamentos, presión psicológica). Lo mismo fue constatado en los campos de reclusión para “extranjeros indeseables”, aquellos que están por ser expulsados y que son recluidos en prisiones cercanas a los aeropuertos europeos o en los mismos recintos aéreos. Cuando esta ubicación ocurre, el centro de reclusión puede ser considerado como territorio internacional, y por este hecho no se aplica el Derecho del país. Únicamente se aplican las convenciones internacionales vinculantes de Derechos Humanos y el Derecho imperativo, sin embargo nadie está habilitado para asegurar la aplicación de estos textos para con los extranjeros detenidos. En el caso del centro de retensión del aeropuerto Charles de Gaulle de Paris, solo la Cruz Roja (como Organización Internacional) puede hacer ingresar personal civil, y bajo condición de estricta reserva, esto quiere decir que no pueden relatar lo visto dentro de este centro de reclusión, lo cual levanta las dudas sobre la humanidad de los tratos con los que se acoge a los indocumentados.

En los que respecta al acoso de la ciudadanía, frente a los controles de identidad masivos que la policía nacional parisina realizaba contra supuestos ilegales u otros sospechosos, el Consejo Constitucional decidió, el 5 de agosto de 1993, que: “los controles de identidad generalizados y sin razón concreta son incompatibles con las libertades individuales” y por ende, con los derechos ciudadanos.

Sin embargo seguimos viendo en occidente, a los jueces, fiscales y abogados defensores sentir la falta y la necesidad de estudios antropológicos o psicológicos que hubieran podido evitar la confrontación con reincidentes una y otra vez durante sus carreras. Pero cuando analizamos (descomponiendo) todos los elementos de la pena de prisión que muchos de los reincidentes han efectuado nos percatamos que aparte de perder su libertad, la humillación, las agresiones sexuales, y el robo bajo amenaza formaron parte de su cotidianidad durante su estadía en la cárcel. Entonces como exigir un cambio de actitud si la prisión creada para reeducar y reinsertar en la sociedad no ha cumplido con su rol.

Veamos en este sentido que aparte de repetir (por costumbre o placer) actos delictivos vistos dentro de la prisión, se incita al reo a perder sus valores perdiendo su identidad. Así, en los centros más modernos de la teoría de penalización del Estado (como Pellican Bay), los reos no conocen el tiempo del día ni de la noche, en ésta y muchas otras prisiones, se les asigna un número, además de perder toda imagen de sí mismo por no haber espejos. De esta manera, se alienta la perdida de las raíces, de la identidad, y con ella se alienta también la perdida de los pocos o muchos valores que aún sobrevivían en el reo.

El encierro, en estas condiciones defendidas por los teóricos neoliberales, va entonces más allá de la perdida de la libertad, es una muerte civil que impide la aplicación de los derechos cívicos, pero que contrariamente a las Constituciones occidentales (sobretodo en las democracias avanzadas) y a los textos defensores de los DDHH somete a los reos a sufrimiento innecesario (violencia física, psicológica y social), a privaciones de la autonomía (de los bienes, las relaciones sexuales, relaciones sociales con familia/amigos), a violación de la intimidad (hacinamiento, controles intempestivos). Todo esto es un potente factor de depresión entre los reclusos quienes en muchos casos tienden al suicidio[18] , ¿quizás sea ésta una forma de destruirlos en beneficio de la sociedad? ¿O tal vez sea una forma de aplicación de la pena de muerte? ¿Posiblemente sea también la manera más prudente en el siglo XXI de hacer aceptar la tortura? En todo caso lo que es cierto es que la meta de reinserción y reeducación parece más difícil de alcanzar penalizando al Estado de esta forma.

CONCLUSION

Institución fundada para servir pacíficamente a la sociedad en la reforma de los individuos irrespetuosos de la ley, la cárcel se ha alejado de sus ya utópicos objetivos de base, por la nueva idea de penalización importada de los más selectos grupos conservadores de los Estados Unidos. Así, la socialmente latente oposición entre incluidos y excluidos de la ciudadanía se ha visto apoyada por esta nueva penología, neutralizando a los excluidos y considerándolos como de alto riesgo e incapaces de ser conducidos por las ayudas sociales, que al fin y al cabo tienden a desaparecer dentro de la lógica neoliberal de la economía.

Sin embargo, fuera del aspecto carcelario, se observa también una repercusión importante en la participación ciudadana, ya que la teoría aquí presentada, valiéndose de medios económicos fuertes, del lobby, y de la comunicación de masa, puede llegar a cambiar (si no lo ha hecho ya) los modelos mentales de la opinión pública con respecto a la inseguridad, a la inmigración y al pequeño delincuente. Beneficiando así, la comisión de acciones policiales exageradas, las violaciones a los Derechos Humanos y el rearme de los partidos clasistas y de ultraderecha en América latina y Europa respectivamente.

BIBLIOGRAFIA

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Wacquant L, Les prisons de la misère, Ed. Raisons d’agir 2004 Paris

ANEXOS

Anexo N°1:

Diferencial de encarcelación en EEUU entre negros y blancos (latinos incluidos)

En número de detenidos por 100 000 adultos

	1985	1990	1995
Negros	3 544	5 365	6 926
Blancos	528	718	919
Diferencia	3 016	4 647	6 007
Ratio	6,7	7,4	7,5

Fuente: Bureau of Justice Statistics, correctional population in the United States, 1995, Washington, Government Printing Office, 1997.

Anexo N°2 :

Inflación carcelaria en la Unión Europea entre 1983 y 1997

	1983	1990	1997	Crecimiento
Francia	39 086	47 449	54 442	39%
Italia	41 413	32 588	49 477	20%
España	14 659	32 902	42 827	192%
Portugal	6 093	9 059	14 634	140%
Holanda	4 000	6 662	13 618	240%
Bélgica	6 524	6 525	8 342	28%
Grecia	3 736	4 786	5 577	49%
Suecia	4 422	4 895	5 221	18%
Dinamarca	3 120	3 243	3 299	6%
Irlanda	1 466	2 114	2 433	66%
Inglaterra y País de Galles	43 415	50 106	61 940	43%

Fuente: Pierre Tournier, Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe, Enquête 1997, Estrasburgo Consejo de Europa, 1999.

Anexo N°3 :

Sobre-encarcelamiento de extranjeros en la Unión Europea

Estados	% de extranjeros entre el total de reos
Grecia	39
Bélgica	38
Alemania	34
Holanda	32
Austria	27
Francia	26
Suecia	26
Italia	22
España	19
Dinamarca	14

Fuente: Pierre Tournier, Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe, Enquête 1997, Estrasburgo Consejo de Europa, 1999.

Anexo N°4 :

Numero de espacios en las cárceles privadas de los Estados Unidos

Año 1983	0
Año 1988	4 630
Año 1993	32 555
Año 1998	132 572
Año 2001	276 655

Fuente: Private Adult Correccional Facility Census: Twelth Edition, Gainesville, Center for Studies in Criminology and Law, University of Florida 1999.

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[1] Véase en este sentido el anexo número uno.

[2] Dirigente de la Unión Social Cristiana, y primer ministro de Baviera es llamado “la esperanza católica” y conocido por sus ideas ultra-conservadoras.

[3] Muchos de estos derechos ciudadanos tienen valor constitucional, por ejemplo, el artículo 2-2 de la Constitución del Perú proclama: “la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económico (…)”. De igual modo el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 indica que: “La ley debe establecer sólo penas estrictamente y evidentemente necesarias (…)”.

[4] Obviemos aquí a las Constituciones de los países soviéticos que garantizaban en primer lugar los derechos sociales más que las libertades individuales.

[5] En 1993, año en que Giuliani asumió como alcalde de Nueva York, la ciudad ocupaba el puesto 87 sobre 189 ciudades publicadas sobre la escala de la criminalidad del FBI. En 1999, se situaba alrededor del puesto 140.

[6] Véase el anexo número dos con respeto al aumento en el número de reos en la Unión Europea.

[7] Repórtese en este sentido al anexo cuarto que recapitula el aumento numerario de los reos puestos a cumplir su pena en un centro penitenciario privado.

[8] Tómese como referencia, entre otros estudios al anexo número dos.

[9] Repórtese al anexo número tres.

[10] Con respeto a la discriminación racial esta citación de Gerhard Schroder durante su campaña electoral de julio de 1997 nos muestra lo latente del racismo en la ciudadanía alemana: “Los polacos son particularmente activos en el robo organizado de autos; la prostitución es dominada por la mafia rusa, los criminales de la droga vienen seguido del sudeste de Europa o de África negra (…) hacia estos criminales extranjeros que atrapamos, para él que viola nuestro derecho a la hospitalidad, hay solo una solución: afuera y rápido” (Le Monde, 28/01/99).

[11] En Francia la proporción de reos desempleados en el momento de su condena era de 26% (cuando la tasa de desempleo es de 9%). En la región sureña, de Provence-Alpes-Cote-d’Azur, la mitad de los reos eran desempleados al momento de su condena (Jean JP, 1999).

[12] Repórtese al anexo numero tres.

[13] En 1998, por ejemplo, la comunidad latina en prisión estatal era de 22 400 reos en comparación a 17 800 estudiantes. Los afro-americanos contaban con 34 800 reos contra 27 900 estudiantes.

[14] Quien luchó y logró desde su puesto la abolición de la pena de muerte en Francia bajo la presidencia del socialista Francois Mitterand. El 17 de septiembre de 1981 declamaba lo siguiente: “tengo el honor, en nombre del gobierno de la Republica, de pedir a la Cámara de Diputados la abolición de la pena de muerte en Francia”

[15] Véase con respecto al tema y a los frutos de la teoría de la tolerancia cero en Maniatan con diferencia al Bronx o al barrio de Harlem.

[16] Concepto iniciado por el inventor Benthan quien desarrolló la arquitectura llamada panóptica a causa de sus gallerías radiantes que permitían al ojo de un vigilante, puesto en el centro de esta construcción, vigilar todo el lugar.

[17] Esta prisión estatal de California es casi automatizada en su totalidad y fue concebida, antes de su inauguración en 1989, para reducir el contacto entre los detenidos y las aperturas hacia el exterior, no existen actividades ni distracción.

[18] Un tercio de los suicidios entre la población carcelaria de Francia proviene de imputados que ponen fin a sus días en los tres primeros meses luego de haber sido encerrados (Wacquant L, 2004). No olvidemos además que el suicidio es tan latente entre los detenidos, que dentro del procedimiento carcelario una de las prioridades es evitarlo despojando a los imputados de las fajas, pasadores de zapatos y otros objetos con los que se pueda quitar la vida o lastimar.